A la espera de conocer los programas electorales de los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, a nadie se le escapa que la necesidad de afrontar de una vez por todas ciertas reformas radicales en nuestro país es ya un clamor social cuya respuesta exige un compromiso firme por parte de los que aspiran a gobernarlo en los próximos años. Son muchas las materias necesitadas de reforma sobre las que esta revista ha reflexionado en los últimos tiempos. Desde cuestiones fundamentales de alcance general como la necesidad de racionalizar nuestro marco autonómico con la finalidad de ganar eficiencia, hasta materias que exigen urgente actualización como las ejecuciones hipotecarias o las daciones en pago, que no por ser más específicas preocupan menos a la ciudadanía. Enumerarlas ahora sería prolijo e innecesario. Pero si hubiese una que merece destacarse en este momento, más aún en una revista jurídica como la que el lector tiene en sus manos, es el de la reforma de la Justicia en España.
Conseguir que la Justicia funcione adecuadamente, de forma rápida, fundamentada e imparcial, es una aspiración básica de cualquier Estado de Derecho y un factor básico para el desarrollo económico de los pueblos. En España, pese a que los partidos mayoritarios han firmado unos cuantos pactos por la Justicia y han lanzado incontables proyectos con gran aparato mediático, hay que admitir que los resultados hasta el momento han sido escasos. Somos conscientes de la dificultad de la tarea y por ello no compartimos la tesis de aquellos que consideran que existe una voluntad interesada por parte de nuestros políticos por mantener a la Justicia en su actual estado de postración. Pero lo cierto es que también hay que reconocer que muchas de las medidas que ayudarían enormemente a su reforma encuentran en los intereses cortoplacistas de los partidos su mayor obstáculo.

"Conseguir que la Justicia funcione adecuadamente es una aspiración básica de cualquier Estado de Derecho y un factor básico para el desarrollo económico de los pueblos"

Pensemos en la politización descarada del CGPJ, órgano supremo del poder judicial, que se encuentra completamente en manos de los partidos políticos, más preocupados por salvaguardar sus propios intereses que por garantizar los de los ciudadanos usuarios del servicio público. Si nos interesa dignificar e incentivar la carrera judicial sería muy conveniente que a la hora de proceder a los nombramientos en los tribunales superiores se tuviera más en cuenta que la filiación política/asociativa la competencia profesional del candidato. Pensemos también en la descoordinación competencial, que atribuye el control de los jueces al CGPJ, de los secretarios al Ministerio de Justicia y del resto del personal a las CCAA, atribuyendo a estas la dotación de medios materiales. De esa descoordinación deriva el tradicional caos informático que padece el servicio. A estas medidas hay que añadir muchas otras, por descontado, como descargar a nuestros tribunales de trabajo innecesario fomentando una cultura de resolución alternativa de los conflictos (mediación y arbitraje), promulgando de una vez una ley de jurisdicción voluntaria que saque de los juzgados muchas materias sin contienda que podrían atender eficazmente otros funcionarios, y creando aquellos mecanismos disuasorios que eviten un abuso de la Justicia (copago).
Todas estas reformas son importantes, desde luego, pero a nadie se le oculta que la despolitización de nuestro sistema judicial adquiere el rango de primacía. Y ello ya no sólo por el impacto inmediato que tal cosa tendría medido simplemente en criterios de objetividad y eficiencia, sino por implicar también una fuerte dosis de prestigio de la que tan necesitado se encuentra este poder del Estado. Sospechamos, pese a ello, que los programas de nuestros partidos mayoritarios no aclararán muchas cosas sobre esta materia. Sería una pena que una victoria contundente del partido ahora en la oposición no supusiese para sus dirigentes más que una nueva oportunidad para copar las instituciones del Estado y perpetuar los vicios de colonización partidista. Es imprescindible un pacto duradero y estable entre los dos grandes partidos de este país, cualquiera que sea su próximo resultado electoral, que permita satisfacer definitivamente el antiguo anhelo de la gran mayoría de los ciudadanos por una Justicia despolitizada, independiente y eficaz.

"Es imprescindible un pacto duradero y estable entre los dos grandes partidos de este país que permita satisfacer definitivamente el antiguo anhelo de la gran mayoría de los ciudadanos por una Justicia despolitizada, independiente y eficaz"

Otro ejemplo de ello se encuentra en la intención de atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales, uno de los temas que se estudia detalladamente en este número. Parece evidente que la medida está, en línea de principio, muy justificada, tanto desde el punto de vista de la eficacia como de las imprescindibles garantías del justiciable. La mejor prueba de ello es que así ocurre en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. Sin embargo, si queremos asegurar su éxito, una modificación de tal calado exige un ambicioso conjunto de medidas -normativas, presupuestarias y organizativas-, entre las que destaca también las cautelas necesarias para evitar sospechas de politización en algunos casos sensibles. Es cierto que el actual diseño institucional, al menos sobre el papel, debería ser suficiente para evitar esos riesgos, pero la realidad se empecina en demostrar con excesiva frecuencia que eso no es así. Es éste también un tema clave que vendrá a demostrar en un plazo breve, comenzando por el simple nombramiento de Fiscal General, el talante con el que el previsible nuevo partido en el Gobierno va a afrontar el grave problema de la Justicia en España.