Pedro Letai es Profesor de IE Law School
pedro.letai@ie.edu

Gestión de derechos de propiedad intelectual

"Yo me salvé escribiendo
después de la muerte de Jaime Gil de Biedma"
("Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma", Jaime Gil de Biedma)

¿Qué son y cómo funcionan exactamente las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo reparten los derechos entre sus socios? ¿Quién se come los trozos más sabrosos del pastel de los derechos de autor en España? Trataremos de responder en estas líneas a estas cuestiones, analizando el funcionamiento y las causas de los constantes problemas jurídicos que estas entidades arrastran, con especial atención al caso de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y a las posibles consecuencias que sus penosos hechos puedan tener. Recientemente, la SGAE decidió, tras los macabros acontecimientos de antes del verano, designar una comisión mixta que quedará encargada de diseñar un nuevo sistema electoral más democrático y transparente que derivará, el próximo enero, en la elección de una nueva junta directiva. Mientras el sumario repleto de acusaciones sigue su curso, las entidades de gestión deberían reaccionar y hacer de sus necesidades virtudes

Las entidades de gestión colectiva. Esas grandes desconocidas
Las entidades de gestión nacen como entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual. Estas entidades, que en España se han constituido como asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual deben contar con la autorización del Ministerio de Cultura para funcionar como tales quedando reguladas en parte, y pese a constituirse como entidades privadas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

"Las entidades de gestión nacen como entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual"

Hasta la fecha, el Ministerio de Cultura ha autorizado ocho entidades de gestión, que representan a los distintos titulares de derechos. Para los autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de derechos reprográficos),VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos) y DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales), que nació como alternativa a la siempre discutida SGAE. Para los artistas intérpretes o ejecutantes, AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España y AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión). Por último, para gestionar los derechos de los productores, AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).
Para gestionar los derechos que sus estatutos le tienen encomendados, las entidades de gestión conceden a los usuarios autorizaciones no exclusivas para utilizar los derechos de los colectivos de titulares que representan a cambio de una contraprestación económica. La determinación de las contraprestaciones económicas que los usuarios deben abonar a las entidades de gestión por las autorizaciones que reciben, las fijan aquellas mediante el establecimiento de las tarifas generales que no están sujetas a la previa o posterior aprobación por el Ministerio de Cultura, sin perjuicio de la obligación de negociar las tarifas con asociaciones de usuarios que quieran utilizar los derechos que tienen encomendados para su gestión. Las cantidades recaudadas son abonadas a sus legítimos titulares previo el descuento de unos porcentajes variables destinados a atender los gastos en que incurren para prestar estos servicios. Además de atender a su finalidad de gestionar derechos, las entidades por imposición legal deben prestan a los colectivos de titulares que representan servicios asistenciales, formativos y promocionales.
Después de la teoría y del envoltorio, cortemos el pastel. Agárrense, que vienen curvas.

"Más allá de los ya irreparables y reiterados daños de imagen, los primeros afectados patrimonialmente hablando con toda esta corruptela no son otros que los autores y titulares de derechos de autor"

1 de julio de 2011. El SGAE-gate
Me encontraba leyendo antes de las vacaciones el interesante “The Conviction of Richard Nixon: The Untold Story of the Frost/Nixon Interviews“, cuando me resultó muy apropiada una reflexión que su autor, James Reston, Jr., dejaba en su capítulo de conclusiones. Decía el escritor y periodista norteamericano que la única herencia política verdaderamente apreciable que había dejado el ex presidente republicano tras seis años de mandato era que a cualquier escándalo o trama política corrupta, a partir de entonces, se la solía denominar en el mundillo periodístico con el sufijo “-gate”.
Así pues, desde el último y tórrido 1 de julio en España, muy lamentablemente, tenemos nuestro SGAE-gate. Como ya es sabido por todos, ese día la Guardia Civil entró en el Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores y Editores, para realizar una serie de detenciones de las que hasta ocho altos cargos relacionados con la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual han resultado imputados por delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta. Al entonces Presidente del Consejo de Dirección, Eduardo Teddy Bautista, se le imputa además un delito societario, aunque de todos ellos ha quedado en libertad con cargos. El pasado 12 de julio, Bautista presentó su renuncia a seguir encabezando la entidad, que presumiblemente quedaba en manos de una comisión rectora y de un, llamémosle, experto independiente.
Aunque conocida ya por todos, la trama deriva de la constitución, con la llegada de la era digital, de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), plenamente financiada por la SGAE y gestionada en su mayor parte por la sociedad Microgénesis, que se dedicó en su actividad a subcontratar y realizar encargos, con entrega de fondos y contratos falsos de por medio, a otras sociedades en las que figuraban en su accionariado y altos cargos personas vinculadas personalmente con José Luis Rodríguez Neri, director de gestión de la información de la SGAE, director general de la SDAE y director general de Microgénesis hasta 2003. Neri ha sido hasta ahora el mayor damnificado de las actuaciones en las que está al frente el juez Ruz, habiendo tenido que pagar una fianza por su libertad de 300.000 €.
Hasta aquí los hechos conocidos por el momento de esta truculenta historia. La segunda lectura, sino la primera, saldrá una vez más del poso que todo esto deja para la imagen de SGAE y, por extensión, para todos los titulares de derechos y la estructura actual de la propiedad intelectual en España. No entraremos aquí a valorar la acuciante necesidad de reformar una ley de base que es obsoleta y ya por ello desacertada, pues es un hecho ya denunciado en este mismo foro y por quien aquí firma. Basta con decir que estamos hablando de un texto de 1987, refundado en 1996 y cuyas últimas modificaciones notables datan de 2006. Imaginemos, como mero ejercicio, cómo era nuestra vida en aquellas fechas. Qué uso hacíamos de las nuevas tecnologías y de qué forma consumíamos contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Comparándolo con nuestras costumbres de hoy en día, la necesidad de remozarse resulta imperiosa.

Licencia para atizar
Sí me gustaría sin embargo invitar a que hagamos una reflexión, una vez el paso de las vacaciones ha sosegado, confío, un poco nuestros ánimos, sobre quiénes son los verdaderos damnificados de este SGAE-gate.

"La SGAE es quizá hoy en día la sociedad con una imagen más desprestigiada que podemos imaginar en nuestro país"

Más allá de los ya irreparables y reiterados daños de imagen, los primeros afectados patrimonialmente hablando con toda esta corruptela no son otros que los autores y titulares de derechos de autor. Son ellos, y solo ellos, quienes con esta desviación y malversación de fondos ven menoscabados sus ingresos por el reparto de derechos. La sociedad que gestiona sus derechos y el dinero que percibe por ellos ha estado haciendo, simple y llanamente, lo que no debía con esas recaudaciones.
El ciudadano de a pie, que no tiene desde luego que soportar ningún tipo de delincuencia, habrá abonado una serie de cantidades en concepto de derechos de autor en consonancia con el uso y el consumo que haya realizado de obras protegidas, independientemente de lo que luego quien gestiona esos derechos, SGAE, haya hecho con los fondos recaudados.
No caigamos por tanto ahora, bajo esa patente de corso que se nos abre ante nuestros ojos, y que no es sino una licencia para atizar aún más fuerte al mono de goma, en identificar a los damnificados con los culpables. Que no veamos a mi admirado Sabina, por citar un ejemplo, como “ese que encima es de la SGAE”, sino como “ese al que la SGAE ha estado estafando tanto tiempo”.
Acordémonos de lo que tan bien describió el maravilloso poeta anglosajón W.H. Auden en su “Canción de cuna y otros poemas”. Lo que llamó la confusión de la muchedumbre. “Pero, objeto de zarpazos y chismorreos, / por parte de la promiscua multitud / transformados por ardid de los editores / en hechizos para confundir a la muchedumbre / todas las palabras como Paz y Amor / todo discurso afirmativo y cuerdo, / había sido mancillado, profanado, degradado / hasta tornarse horrendo chirrido mecánico”.
La muchedumbre en este caso somos nosotros. Tratemos de no confundirnos. Estamos hablando de una empresa privada, con su cúpula ejecutiva, que remunera a sus socios como primer fin social por sus creaciones artísticas y que recauda de aquellos que hacen uso y disfrute de tales creaciones. Recordemos, cuando nos quema la punta de la lengua exigiendo mayor control ministerial sobre estas entidades, que estamos ante una entidad privada donde algunos de sus directivos han cometido presuntamente actos delictivos.
Que la regulación que la Ley de Propiedad Intelectual hace de estas entidades sea laxa o permisiva es algo que habremos de plantearnos a la hora de abordar la necesaria y ya citada reforma de nuestro texto legal, pero no perdamos de vista esa idea de que nos encontramos ante una entidad de naturaleza privada, con sus directivos y sus socios. Mucha gente se tiró de los pelos cuando se publicaron las cifras de la eventual jubilación de Teddy Bautista. A mi las cantidades también me dieron envidia, pues no sabía que se pusieran poner tantos ceros a la derecha de un número, pero me apuesto la tostada con quien quiera a que más envidia me daría ver la de Florentino al frente de ACS o la de Rato al frente de Bankia. Estoy seguro.

La SGAE antes del SGAE-gate
La SGAE es quizá hoy en día la sociedad con una imagen más desprestigiada que podemos imaginar en nuestro país. Su labor de promoción al exterior resulta desastrosa y las declaraciones públicas de sus miembros hacen perder pie hasta al más acérrimo de sus defensores. Sin embargo, echando la vista atrás a estas últimas décadas de indiscutible explosión en cuanto al consumo y los modos de almacenamiento de contenidos audiovisuales y musicales protegidos por derechos de propiedad intelectual, hemos de valorar el exponencial crecimiento de negocio como una cualidad de la gestión de SGAE al frente del sector.
Después de las décadas de funeral español, Teddy Bautista desembarcó en la SGAE pretendiendo reorientar el negocio mayoritario a la explotación de la música popular, sin desatender al cine y al teatro, alejándose un poco de la primacía, ya absurda en la práctica, de géneros menores como la zarzuela y la copla. Eran los años de La Movida y, desde luego, Alaska y Nacha Pop adelantaban por la izquierda, con cinturón de cuero, a los Arniches y Chapíes, ídolos de generaciones pasadas.
No tardó en aparecer Internet como posibilidad de expansión y acceso global a los contenidos protegidos por copyright con las enormes ventajas, y los enormes peligros, que ello entraña para su gestión y protección. Trató entonces SGAE de adelantarse a lo que en otros estados se quedaba en pura teoría, aprobando la figura de la remuneración compensatoria en concepto de copia privada, el manido canon, y liderando una lucha, al final desmesurada, contra las redes piratas de discos y películas.
Se establecieron redes de colaboración con otras entidades, fundadas a imagen y semejanza, en Latinoamérica y se promociona con acierto la iniciativa de los jóvenes creadores. Se inauguraron estudios de grabación a la última y se inició la actividad inmobiliaria de compra y rehabilitación de teatros y otros inmuebles. Probablemente fue entonces cuando la tentación comenzó a vivir en el piso de arriba.
Su poca habilidad para conectar con la gente y la progresiva aparición de la cultura del “gratis total” ha ido desvirtuando estos últimos años la imagen de la entidad. Paralelamente, indicios de los escándalos que ahora la tocan de lleno iban apareciendo como un incómodo goteo en los medios de comunicación.
La polarización, esa manía tan nuestra, ha llegado también al mundo de los derechos de propiedad intelectual y la SGAE, o el propio canon, se han convertido en armas electorales arrojadizas y ardientes. Cuando en noviembre todo se tiña de gaviotas azules, imagino que la finalidad se habrá alcanzado, quedando justificados los medios, y Maquiavelo volverá a dejar de lado durante un tiempo esa propiedad intelectual, a ratos tan popular y populista, pero a ratos incómoda y poco relevante.
En cualquier caso, a iniciativa del Partido Popular, y en una votación que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, ya se habla en el Congreso de la supresión del canon digital. Supresión sin alternativa conocida. Por tanto, la copia privada quedaría sin más prohibida. Grábenle por tanto ese disco a su chico o a su chica cuanto antes. Después será ilícito. ¿De verdad es mejor así?

"El reparto económico que las entidades de gestión realizan con las cantidades recaudadas en concepto de derechos de propiedad intelectual siempre ha levantado una gran polvareda"

El reparto de los derechos
El reparto económico que las entidades de gestión realizan con las cantidades recaudadas en concepto de derechos de propiedad intelectual siempre ha levantado una gran polvareda. Entre los socios de las propias entidades porque nunca llueve a gusto de todos. Y entre los que no son socios, porque resulta un sistema demasiado alambicado y opaco.
Consultando los últimos datos oficiales que encuentro a este respecto, podríamos decir, grosso modo, que cerca de un 75% del montante recaudado se reparte únicamente entre un 6% de los titulares beneficiarios de derechos. Este dato, que a simple vista sin duda se descubre como desequilibrado, no es más que un reflejo de la realidad. Como se ha adelantado, las entidades de gestión se deben a sus socios y al consumo efectivo que de sus contenidos hagamos. Y resulta que, así es, todos nos solemos nutrir de los mismos contenidos, autores y artistas de siempre.
La entrada de lleno en el mundo digital no debería desvirtuar el modo de repartir esas cantidades recaudadas, porque la esencia de la propiedad intelectual ha de permanecer intacta. No creo que cambiar los cimientos sea en este caso una solución para tratar de atajar los problemas derivados del, por otro lado bendito, vertiginoso avance tecnológico.
Al contrario, las entidades deberían aprovecharse de esos avances, y de las posibilidades que la tecnología a todos nos ofrece, para hacer de su sistema de reparto algo mucho más transparente, más serio y más creíble. Pedir transparencia o credibilidad no es en este punto sino un derecho de mínimos que todos podemos exigirle a quien gestiona y reparte nuestro dinero. Creo que SGAE y las demás entidades deberían verdaderamente de aprovechar esto para dar con un sistema operativo que publicara con gran desglose y detalle cómo y a quién se hace el manido reparto.
Que no veamos, en fin, el avance tecnológico como un rival de los derechos de autor, porque ha de ser todo lo contrario. Como apuntó el en su día director de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, Internet no ha de ser sino un aliado, más allá de que los sistemas de responsabilidad para los infractores hayan de correr con la lengua fuera detrás de cada nueva jugarreta a la que los consumidores que optan por la vía de lo ilícito les someten.

La necesaria conciencia social
Detrás de esta problemática late sin duda, de mar de fondo, la total falta de conciencia que en nuestra sociedad tenemos actualmente respecto de lo que significa la propiedad intelectual y la necesaria protección del trabajo de nuestros autores y artistas.
Descargarse ilegalmente un disco o una película ha pasado a convertirse en una costumbre más de nuestra vida cotidiana, casi diaria. La propiedad intelectual ha dejado de entenderse como lo que es, una propiedad privada, y nos enfrentamos así a un problema educacional grave.
No dejaremos jamás, espero, a nuestro hijo robar un cuadro en un museo o subirse a jugar a una embarcación ajena cuando paseemos por un puerto con él en verano. Pero, después, llegaremos a casa y nos descargaremos una película para verla juntos, o buscaremos esa canción que tanta gracia nos hace para escucharla en el coche. Ni siquiera al leer estos ejemplos nos resultan ya situaciones equiparables a las del museo o la lancha, pues nuestra óptica ha quedado totalmente deformada. Créanme que, jurídicamente, estamos hablando de lo mismo.
Recordemos también, por último, que estamos ante un tipo de propiedad privada que acabará en el dominio público. Pasados los plazos de protección de la obra, maravillas como aquella de José Alfredo Jiménez lamentando “cuántas luces dejaste encendidas / yo no sé, como voy a apagarlas” serán nuestras. Para disfrutarlas y acudir a ellas siempre que queramos. Nunca ocurrirá lo mismo, por ejemplo, con esa casa que nuestro cuñado tiene en la playa y que tanto anhelamos. Jamás nos pertenecerá. Respetemos, por tanto, lo que algún día será también patrimonio nuestro, de regalo.
Las entidades de gestión, después de su largo naufragio, personificado con gran dramatismo por la SGAE, tienen ahora la oportunidad de redimirse y convertir estas turbulencias en punto de inflexión.

La SGAE y demás entidades después del SGAE-gate
La SGAE seguirá apareciendo, con mayor o menor acierto en su planteamiento, en nuestras bodas, en el bar de la esquina y en la peluquería. Y allí donde se difundan contenidos protegidos por derechos de autor, pues es ese y no otro el compromiso adquirido con sus socios. La única alternativa sería que el peluquero o nuestro amigo del bar decidieran trabajar sin música. Pero la vida sin música, lo dijo Nietzsche, es un error. Agradezcámoselo, por tanto, abonando lo que debemos por su uso y disfrute a quienes nos la traen.
En cuanto a los altos cargos imputados, que se les juzgue como tal, a ellos individualmente, y se les sustituya de inmediato de sus puestos. Y sigamos adelante que, hasta donde sabemos, Bautista y los suyos no mataron a Kennedy.
Hasta entonces, la presunción de inocencia, esa a la que tan rápido acudimos para justificar a nuestros políticos de cabecera, está servida. El ejemplo de lo ocurrido recientemente con el siniestro Strauss-Kahn, no muy lejos de aquí, está también fresco en la memoria.
Terminemos en cualquier caso con un rayo de esperanza, que se encuentra una vez más rebuscando en el único armario que nunca se llenará suficiente, la poesía. No tiremos la toalla y acordémonos de Antonio Machado y de que estamos a tiempo de hacer las cosas bien, porque “hoy es siempre todavía”.
Pidamos, por ello, a todas las entidades de gestión, una mayor transparencia y un funcionamiento más claro en todo aquello que tenga que ver con nuestro bolsillo. Que dejen de ver el barco de los avances tecnológicos solo como un barco pirata que amenaza un abordaje y se atrevan a subirse a él. Si lo aprovechan, les llevará muy lejos. La única bandera que viéramos entonces debería ser la blanca.