Una entrevista de Carlos E. Rodríguez

La actualidad, manda. Los disturbios sociales en Francia, y su relativo contagio a otros países europeos han sacado a la luz problemas de exclusión social, que los sectores más conservadores atribuyen a dificultades de integración de los inmigrantes.

En su opinión ¿cuál es el verdadero problema de fondo, inmigración o exclusión?  
Afortunadamente, los buenos resultados de la economía española permiten una integración gradual, sin exclusiones, de los inmigrantes que acceden a nuestro país en busca de mejores oportunidades. Le tengo que decir que una inmigración bien gestionada, acompañada de acciones encaminadas a la integración social de los inmigrantes y a su desarrollo cultural, no tiene porqué ser excluyente. Las iniciativas recientes de normalización de situaciones laborales anómalas, de cobertura de las contingencias sociales y de fomento de programas y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social de las confesiones no católicas con notorio arraigo en España, se orientan en esa dirección. Con este fin, el Ministerio de Justicia puso en marcha la Fundación Pluralismo y Convivencia que ha sido acogida por Francia como un modelo a seguir.

Una voluntad proclamada en muchas declaraciones del ministro López Aguilar es la de contribuir de forma puntera a la creación de un "espacio europeo de libertades, seguridad y justicia" que sea acorde con las mejores calidades culturales, jurídicas, políticas y sociales de Europa. ¿Qué iniciativas se han tomado o se tienen previstas al respecto? 
Dentro de la intensa actividad internacional del Ministerio de Justicia, la creación del Espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia constituye una de las máximas prioridades, lo que expresa el compromiso del Gobierno de garantizar a los ciudadanos un sistema judicial rápido y eficaz, superando para ello las dificultades que puedan derivarse de la diversidad y complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros.
Debe destacarse el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Justicia en un triple sentido: por un lado, mediante una actitud especialmente activa a la hora de contribuir a la fijación de las prioridades de la UE en la construcción del Espacio europeo de Justicia, como se hizo durante la negociación del Programa de La Haya y del Plan de Acción que lo desarrolla y que constituyen el marco de desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para los próximos años; por otro lado, a través del impulso y apoyo constructivo de múltiples iniciativas actualmente en tramitación, que España considera de gran trascendencia para afianzar el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en el que se basa la cooperación judicial tanto civil como penal en la UE, como las referidas a la retención de datos de comunicaciones electrónicas o el exhorto europeo de obtención de pruebas.
Y, por último, trabajamos para arbitrar los mecanismos nacionales necesarios para la adecuada puesta en práctica de los instrumentos creados a nivel europeo. En este sentido, pueden destacarse el proyecto de Ley por el que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust actualmente en tramitación parlamentaria, o la constitución de Equipos conjuntos de investigación con Francia en materia de terrorismo y narcotráfico.

Fuera del contexto europeo, ¿qué otras iniciativas en el ámbito internacional se están desarrollando por el Ministerio?
De conformidad con la política gubernamental de fortalecimiento de las relaciones con los países mediterráneos, el Ministerio de Justicia, junto con otras instituciones españolas y marroquíes, está dirigiendo un Proyecto de cuatro años para el fortalecimiento y modernización de la Administración de Justicia de Marruecos, que tiene dos objetivos esenciales: la mejora de los mecanismos de cooperación existentes, incluyendo la creación de una red marroquí de cooperación jurídica internacional; y la mejora de la asistencia jurídica a personas que se encuentran en condiciones desfavorecidas.
También merece destacarse que España y concretamente el Ministerio de Justicia ha promovido y acogido recientemente la celebración de dos Seminarios celebrados con países Euro-mediterráneos, uno en materia de cooperación judicial penal (el pasado mes de junio) y otro sobre terrorismo y delincuencia organizada (este mes de noviembre en Madrid). Asimismo, el próximo mes de diciembre tendrá lugar en Madrid una Conferencia copatrocinada por el Consejo de Europa, la OEA y este Ministerio de Justicia sobre ciberdelincuencia.
Por último, se han negociado Convenios de asistencia penal, extradición y traslado de personas condenadas con diversos países, como  los recientemente firmados con China o con Colombia.

Se ha producido una corriente que defiende el recorte de libertades para hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo. ¿Qué posición tiene el Gobierno respecto a este difícil equilibrio entre libertades y seguridad?
Creo que la ciudadanía tiene una percepción precisa de la posición del Gobierno. Desgraciadamente hemos tenido una experiencia brutal, los atentados del 11-M, y la respuesta ha sido contundente. La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido, además de ejemplar y eficaz en la persecución y puesta a disposición de la justicia de los responsables, respetuosa con las garantías constitucionales. No ha supuesto merma alguna en los derechos y libertades civiles. La conclusión es clara, los instrumentos jurídicos de los que disponemos han funcionado correctamente en una situación excepcional garantizando la seguridad de los ciudadanos sin menoscabo de su libertad.

Desde largo tiempo atrás, en las encuestas que se publican sobre los niveles de satisfacción de los ciudadanos con el servicio público de Justicia aparecen de manera insistente dos exigencias muy generalizadas: seguridad y rapidez. ¿Cómo se propone alcanzar el Gobierno los mejores niveles de seguridad y rapidez para los españoles en la Administración de Justicia?
Si nos fijamos en los datos suministrados por el noveno barómetro de opinión sobre la imagen de la justicia en la sociedad española, encargado por el Consejo General del Poder Judicial, se observa una tendencia al alza en la valoración que los ciudadanos hacen sobre la justicia en comparación a los datos del anterior barómetro de 2003. Este Gobierno está empeñado en recuperar para la justicia el prestigio que merece, dando así satisfacción a la demanda social de prestación de un servicio público de calidad. En tal sentido, se orienta la reforma de la Oficina Judicial y que pretende establecer mecanismos que aproximen la justicia al ciudadano, que le permitan informarse de la situación procesal de sus asuntos, que le hagan sentirse partícipe en la gestión de sus problemas y que sean debidamente atendidos.

Pese a la trascendencia que tiene la Administración de Justicia para hacer reales los principios constitucionales en la vida cotidiana de los ciudadanos, fue muchos años atrás un "patito feo" a la hora esencial de los Presupuestos Generales del Estado. La situación va mejorando. ¿Cómo afronta la Justicia los Presupuestos para 2006 y qué planes tiene el Ministerio para que la participación porcentual presupuestaria de la Justicia alcance niveles óptimos?
No estoy de acuerdo con esa premisa. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 recoge un incremento del presupuesto del Ministerio de Justicia del 12,3% con respecto al del 2005. Este incremento es el mayor que ha tenido este Ministerio en los últimos ocho años. Además, la Justicia es la segunda política pública que más crece dentro de los servicios públicos. A estos incrementos cabe añadir que el presupuesto creció un 8,4% en 2005. Por lo tanto, desde un punto de vista presupuestario, en modo alguno la Justicia puede considerarse el "patito feo" y, en cualquier caso, da idea del compromiso del Gobierno con la misma.
Otra cosa es que no nos resignemos y que sigamos empeñados en mejorar cada día más. Ese es nuestro reto.

Un factor importante en la calidad del servicio público ofrecido a los ciudadanos a través de la Justicia son las condiciones en las que se encuentran sus edificios, instalaciones e infraestructuras tecnológicas ¿Considera que los mismos son los adecuados a las necesidades y demandas de los ciudadanos?
Vaya por delante que soy consciente de las muchas necesidades que en este ámbito tiene el Ministerio en el territorio que gestiona. A este respecto debo manifestar que a estas carencias les dedicamos uno de los principales esfuerzos que se están realizando desde esta Subsecretaría, ampliando y mejorando los edificios e instalaciones, así como las infraestructuras tecnológicas y de comunicación de la Administración de Justicia a través de la ejecución de los planes de inversiones. Su finalidad es conseguir una prestación del servicio público en términos de calidad y accesibilidad para los ciudadanos. Como dato, en el proyecto de presupuestos  del Ministerio de Justicia para 2006, las inversiones crecen un 8,8% con respecto al año 2005, alcanzando un total de más de 82 millones de euros.
Estas inversiones recogen un amplio abanico de actuaciones. Destacan no solamente las inversiones nuevas, derivadas de la ampliación de la Planta Judicial, sino las inversiones de reposición, no menos importantes, habida cuenta que muchas de ellas incluyen actuaciones sobre edificios históricos y artísticos, con un alto nivel de protección. Estas actuaciones benefician a los profesionales de la justicia y a los ciudadanos, orientándose en muchas ocasiones a facilitar el acceso a personas con algún grado de discapacidad.

¿No se corre cierto peligro de que los "jueces de proximidad" supongan  un debilitamiento de la seguridad jurídica, en la medida en que pueda aumentar la ingerencia de caciquismos y poderes políticos locales, o por el contrario, se conciliará sin problemas la proximidad con plenos niveles de independencia?
Sinceramente, de los jueces de proximidad lo que se espera es que acerquen la justicia al ciudadano, que coadyuven a la prestación de un servicio público de calidad, que posibiliten que no se produzcan colapsos innecesarios en la administración de justicia. En cualquier caso es una propuesta que aún no es definitiva, que se encuentra en la fase de diálogo con todos los agentes implicados.

¿Cuáles son las líneas estratégicas fundamentales del Ministerio de Justicia en relación con la actividad notarial?
Yo destacaría cuatro líneas de actuación: una, la revisión de la demarcación territorial que persigue un objetivo claro como es la mejora en la prestación del servicio público notarial. En ese sentido se mueve el proyecto de Real Decreto, actualmente en trámite de información pública.
Otra sería la implementación de la administración electrónica en la tramitación de los documentos notariales.
Una tercera, la elaboración de un nuevo arancel que haga efectivos los principios de simplificación, proporcionalidad, objetividad, calculabilidad, verificabilidad y transparencia en el marco de la fe pública, y que facilite que el ciudadano disponga de los datos necesarios sobre la actuación que demanda e incluso calcule  el importe de los honorarios notariales.
Y, por último, el reforzamiento, intensificación y canalización en la colaboración del notariado con las autoridades judiciales, policiales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La redacción del artículo 147 sobre Notariado y Registros públicos, en el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, ha producido cierta inquietud en el Notariado, no por razones de tipo estamental o corporativo, sino por el peligro de que los ciudadanos y las empresas españolas pierdan las actuales ventajas de un cuerpo único, con unidad de acceso y de fuente legislativa, valioso por tanto para la unidad de mercado. ¿Mantendrá el Gobierno estos principios, ajustando por tanto a ellos la redacción del Estatuto? 
El único dato objetivo de que disponemos en este momento es que las reformas de los Estatutos de Autonomía presentadas en el Congreso de los Diputados van a seguir el procedimiento previsto en la Constitución para su tramitación. En consecuencia, se trata de proyectos que habrán de ser debatidos en sede parlamentaria, sujetos a las modificaciones y ajustes que sean necesarios y de los que, en modo alguno puede predicarse, a priori, que vayan a producir los efectos que se relacionan en el enunciado de su pregunta. La actitud del Gobierno al respecto es la que ya ha expuesto reiteradamente el Presidente en los recientes debates en el Congreso y en el Senado, a cuyo contenido me remito sin interpretaciones complementarias.