Por Rodrigo Tena y Fernando Rodríguez Prieto

En un reportaje publicado en esta revista en el número de diciembre de 2010 avanzábamos el comienzo de la ejecución de un proyecto de cooperación al desarrollo pilotado por el Colegio Notarial de Madrid a través de la Fundación Matritense del Notariado y financiado por la Comunidad de Madrid. Se trataba de ayudar a paliar, en la medida de lo posible, los graves inconvenientes derivados de la falta de titulación de la propiedad en las zonas afectadas por el terremoto de Ica de 2007. Al poco tiempo de comenzar las tareas de reconstrucción las autoridades peruanas comprobaron que la ausencia de títulos de propiedad, y la consiguiente falta de certidumbre en la determinación de las titularidades, constituía un obstáculo de primer orden a la hora de articular la imprescindible financiación pública. El problema se agravaba desde el momento en que las situaciones a solventar eran muy variadas y no obedecían a una causa única que pudiera ser solucionada con instrumentos normativos de carácter general. Gracias a la inestimable colaboración de la Asociación COPRODELI, nuestro socio local, se consiguió, primero, diseñar un elaborado protocolo de actuación, involucrando en el mismo a los agentes principales (ingenieros, municipios, notarías y registros) y, posteriormente, ejecutarlo hasta un nivel que hoy ya puede calificarse como muy satisfactorio.

"Se trataba de ayudar a paliar, en la medida de lo posible, los graves inconvenientes derivados de la falta de titulación de la propiedad en las zonas afectadas por el terremoto de Ica de 2007"

El proyecto ha constituido una de las primeras experiencias sobre el terreno de un programa de este tipo, de los que se suele hablar mucho en foros internacionales y reuniones de expertos, pero de los que desgraciadamente se tiene poco conocimiento práctico, especialmente cuando se trata de situaciones individualizadas que no pueden ser solucionadas a través del reconocimiento de invasiones en terrenos públicos y titulaciones masivas. La particularidad de la experiencia de Ica es que ha sido necesario abordar el problema prácticamente caso por caso. La falta de documentación pública e inscripción en los registros derivaba de una pluralidad de supuestos, entre los que podemos destacar los siguientes: particiones hereditarias no documentadas, parcelaciones irregulares, obras nuevas no declaradas, ruptura del tracto sucesivo en compraventas, ocupaciones inmemoriales, etc.
A la vista de esta situación se procedió a formar un equipo integrado por ingenieros y abogados que, con la colaboración del decano del colegio de Ica y del registrador jefe de la zona, procedió a negociar acuerdos de colaboración con las principales municipalidades implicadas, las de Ica, Chincha y Pisco, y con los notarios y registros públicos. Todos los agentes comprendieron rápidamente las ventajas que el proyecto implicaba a todos los niveles y accedieron a reducir sus precios y a facilitar los trámites en la medida de lo posible, creándose así un protocolo de actuación para los distintos casos a un precio asequible. En relación específicamente a la fase notarial se organizaron en Ica en los dos últimos años unas jornadas con los notarios de la zona que contaron con la participación de notarios del Colegio de Madrid, y que sirvieron para difundir la iniciativa e incentivar a la colaboración de los fedatarios peruanos.
También fue necesario emprender campañas de sensibilización por los distintos municipios con la finalidad de hacer llegar a la población las ventajas del proyecto. Aunque la importancia de la titulación va paulatinamente calando en la sociedad peruana y ya son muchos los políticos que la utilizan como reclamo electoral, todavía es necesario insistir en las múltiples ventajas que la misma implica y en la conveniencia que puede suponer destinar una parte de la renta a dicho fin. Precisamente, gracias a la financiación comprometida por la Comunidad de Madrid fue posible crear el equipo de ingenieros y abogados encargado de gestionar los casos. Esto ya implicaba de por sí un importante ahorro de asesoramiento inicial y elaboración de planos, que cabe cifrar en torno a los 400 soles (115€). Por otra parte, los convenios con municipios y notarias permitieron reducir sus tarifas en un 85 y un 55 %, respectivamente. El resultado es que un expediente que antiguamente no podía tramitarse por menos de 800 ó 900 soles (230 ó 260€), se está tramitando en la actualidad en torno a los 215 soles (62€). A ello hay que añadir la simplicidad que el trámite supone para los interesados y el ahorro de tiempo que implica frente a la situación anterior, en la que no sólo el coste, sino la incertidumbre sobre el resultado final del proceso disuadía completamente de emprenderlo.

"Durante el primer año del proyecto se han elaborado 227 expedientes y se calcula que para junio de 2012 puedan haberse concluido con éxito en torno a los 500, lo que tratándose de actuaciones individualizadas en suelo urbano es una cifra respetable"

La gente de la Región de Ica sabe ya que tiene a su disposición un sistema barato y eficaz de resolver sus problemas de titulación y la respuesta está siendo muy positiva. Durante el primer año del proyecto se han elaborado 227 expedientes y se calcula que para junio de 2012 puedan haberse concluido con éxito en torno a los 500, lo que tratándose de actuaciones individualizadas en suelo urbano es una cifra respetable. Hasta tal punto la recepción ha sido buena que pese a que la financiación de la CAM terminará a mediados de este año el proyecto es ya autosostenible. Es decir, puesto que el equipo gestor ya está formado y los convenios con los distintos actores continúan en vigor, simplemente elevando los precios en una cuantía moderada (hasta alcanzar la cifra final de 350 ó 400 soles -100 ó 115€) el equipo puede seguir funcionando reconvertido en consultoría privada sin que, previsiblemente, el nivel de demanda disminuya. A medida que el país crece los peruanos van siendo cada vez más conscientes de la importancia de la titulación, no sólo como medio de acceder a las ayudas públicas, sino también como instrumento que revaloriza su propiedad y permite acceder a la financiación privada. Además, la Fundación Matritense y COPRODELI cuentan gracias a esta experiencia con un "know how" perfectamente replicable a otros lugares.
No obstante, a nadie se le oculta que en un país como Perú, en donde las bolsas de pobreza son todavía muy importantes, esa pequeña subida de precio puede suponer excluir de los beneficios de la titulación a muchas familias necesitadas. En España estamos acostumbrados a que la cooperación se canalice casi exclusivamente por vías públicas y es preciso, máxime atendiendo al estado actual de las finanzas públicas, cambiar completamente la mentalidad. Es por ello que desde aquí queremos animar a nuestros lectores a colaborar directamente por la sostenibilidad del proyecto a niveles bajos de renta. Con sólo una contribución de 60 euros es posible solucionar definitivamente todos los problemas legales a una familia y abrirle nuevas posibilidades de mantenerse por si sola a partir de ese momento, al hacer visible y negociable en el tráfico su único activo material.