Pocas veces se había advertido mayor resistencia en acatar una Ley, como la que ofrecieron hasta la extenuación los registradores con la Ley 24/01 que sustraía a su calificación el juicio notarial sobre la suficiencia de la representación de los otorgantes. Ni la ratificación contundente del mandato legal por otra Ley, la 24/05, ni las numerosas instrucciones, resoluciones y sentencias habían minado la férrea oposición de los que entienden mermadas sus facultades al calificar.
Ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 de septiembre de 2011 ratificando el texto legal por otro lado nada obscuro. Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil, analiza dogmáticamente la trascendencia del dictamen jurisprudencial. Y dos colaboradores habituales de esta revista, dos notarios de Madrid, reflexionan sobre la posible utilización de la red como subterfugio para eludir el cumplimiento del mandato legal y sobre las consecuencias a que debería conducir la rebeldía en acatarla.