El malestar en la democracia se cura con más democracia. Que hoy en día existe malestar con el funcionamiento de la democracia española es una realidad social lo suficientemente extendida como para que no quepa ignorarla. Ese malestar se está expresando en la actualidad por medio de voces de todo tipo, y aunque quizá algunas son desabridas y desenfocadas, hay que reconocer que otras muchas son razonables y constructivas. Se escuchan en la calle, en las redes sociales y en toda clase de foros académicos e institucionales. Es una consecuencia lógica cuando, a una fortísima crisis económica, se le une una crisis política derivada de un sistema muy rígido pensado para una coyuntura política que ya no es la nuestra.
No sería razonable que nuestros responsables públicos respondiesen a esa inquietud encastillándose en las propias posiciones, como si la legalidad que les atribuye su indiscutible legitimidad no fuese manifiestamente mejorable. La exigencia de más democracia, es decir, de una mayor rendición de cuentas, de más participación ciudadana y de más transparencia, que es lo que late tras ese variado conjunto de manifestaciones, no puede contemplarse como una amenaza, sino como una gran oportunidad de recuperar sintonía con la ciudadanía y pacificar así la convulsa situación en la que nos encontramos.

"El malestar en la democracia se cura con más democracia"

Esa oportunidad sólo puede concretarse a través de instrumentos jurídicos. La democracia española necesita urgentemente un conjunto de reformas de calado que faciliten trasladar al nivel político las inquietudes de los ciudadanos. Son muy variadas y la mayoría están en la mente de todos, pero ente ellas existe una que no requiere de complicados pactos políticos ni de reformas constitucionales de ninguna especie. Tampoco plantea especial dificultad técnica. Sólo una mínima voluntad política. Es la de favorecer la Transparencia y el Gobierno Abierto.
Pues bien, el Gobierno ha remitido al Parlamento un Proyecto de Ley sobre esta materia que, como comentamos en este número, no satisface las expectativas. Anclado en una concepción napoleónica de la Administración de clara inspiración paternalista, reproduce planteamientos que, a estas alturas del siglo XXI y en una materia como la que nos ocupa, resultan absolutamente insuficientes para dar cauce al anhelo de participación ciudadana en los asuntos públicos y también, por supuesto, de control de nuestros representantes políticos.
En primer lugar, el Proyecto mantiene el tradicional esquema ?pedir ? dar? en un momento en el que las plataformas tecnológicas abiertas permiten poner a disposición de los ciudadanos un volumen de información hasta hace poco inimaginable, como la experiencia estadounidense lleva demostrando desde hace años. En segundo lugar, ni siquiera ese esquema queda garantizado de manera efectiva a través de un buen sistema de sanciones o de tutela rápida e imparcial de las solicitudes de información en caso de una injustificada negativa a proporcionarlas.

"El Gobierno ha remitido al Parlamento un Proyecto de Ley sobre Transparencia que no satisface las expectativas suscitadas"

Si realmente existe intención de atender las demandas de una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, y no meramente de desactivar esas inquietudes por medio de una ley que formalmente las satisfaga pero que luego deje todo como está, será necesario entonces aprovechar el trámite parlamentario para reorientar el Proyecto en la buena dirección. Las invocaciones a la Transparencia y al Gobierno Abierto que se quedan meramente en eso y no van seguidas de hechos, no pueden hacer otra cosa que incrementar el nivel de frustración general, que en España, desgraciadamente, ya es demasiado elevado.