FRANCISCO CABRILLO
Catedrático de la Universidad Complutense
paco22@terra.es

El pasado
La política tributaria del actual gobierno ha sido objeto de numerosas críticas. Muchas de ellas, formuladas por los partidos de la oposición y por los sindicatos, tienen un claro contenido político y se limitan a mostrar una absoluta disconformidad con todo lo que hace el Ministerio de Hacienda sin ofrecer alternativa sensata alguna. Pero muchas otras han sido formuladas por  expertos, dentro y fuera de España, con argumentos técnicos muy sólidos. Estas críticas se refieren tanto a la introducción de cambios en diversos impuestos como al calendario de su aplicación. Para la mayoría de  los especialistas en la economía del sector público el principal error que, en su política fiscal, ha cometido este gobierno ha sido la elevación de tipos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que consideran que es una medida que nunca se debió haber adoptado, ni en el corto ni en el largo plazo; y menos aún en una economía en recesión.  El déficit presupuestario español es, sin duda, muy elevado e insostenible en el medio y largo plazo. Por ello su reducción  debe ser  uno de los objetivos básicos de su política. Pero la forma elegida para hacerlo no es la más adecuada.  Subir los tipos del IRPF -especialmente los marginales-  tiene efectos mucho más perniciosos para la recuperación de la economía que ajustar el déficit mediante una  disminución más intensa del gasto público; en especial si se opta por centrar la política de austeridad en los gastos corrientes en un país como España, que tiene un sector público tan grande como poco eficiente.

"El déficit presupuestario español es, sin duda, muy elevado e insostenible en el medio y largo plazo. Por ello su reducción debe ser uno de los objetivos básicos de su política"

El presente
Tras la subida de tipos del IVA después del verano - estrategia más conveniente que una  mayor presión fiscal en la renta de los contribuyentes, dada la actual situación de nuestra economía-, el gobierno presentó en el Congreso de los Diputados en los primeros días del mes de octubre un nuevo proyecto de ley  de medidas tributarias.  El objetivo fundamental de esta norma es aumentar la recaudación o, en palabras del propio texto legal, contribuir a la "consolidación de las finanzas públicas".  Tal consolidación es, ciertamente, necesaria; y la verdad es que pocos cartuchos le quedan al gobierno tras las medidas adoptadas en los meses pasados. Por ello los cambios que en la nueva ley se plantean son, en la mayoría de los casos, de menor entidad que los realizados hasta ahora.
Si nos centramos en la tributación de las personas físicas, encontramos algunas reformas que hay que valorar de forma favorable. Es el caso de la tributación de los premios de las diversas loterías  a los que, hasta ahora, se les había eximido de pagar al fisco. Desde hace mucho tiempo algunos economistas venimos insistiendo en que no tiene sentido cobrar más impuestos a quien gana  su dinero trabajando que a quien lo consigue porque le toca la lotería. Pero  han tenido que pasar muchos años -y ha sido preciso que el Estado se encuentre en una situación financiera muy grave- para que las cosas hayan empezado a cambiar. También es razonable la supresión de las deducciones que en el IRPF se establecen para la inversión en  la vivienda habitual del contribuyente. Tales deducciones, como han señalado muchos expertos en el sector y ha recordado en diversas ocasiones la Unión Europea, distorsionan el mercado de la vivienda y han sido, de facto, percibidas por los promotores de forma parcial mediante precios más elevados. Si se quiere ayudar a quienes compran una casa, es preferible reducir la fuerte carga que hoy soportan las compraventas de vivienda a causa del IVA o del impuesto de transmisiones patrimoniales; modificación que permitiría, además, introducir una mayor movilidad geográfica,  al no penalizar de una forma tan gravosa el cambio de residencia en una sociedad en la que la gran mayoría de la población vive en una casa de su propiedad.

"Si nos centramos en la tributación de las personas físicas, encontramos algunas reformas que hay que valorar de forma favorable. Es el caso de la tributación de los premios de las o las deducciones a la compra de vivienda. Criticables son, en cambio medidas como la nueva tributación de las ganancias de capital o el mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio"

Mucho menos sentido tienen, sin embargo, otras medidas incluidas en el proyecto de ley. Por ejemplo, la idea de "penalizar fiscalmente los movimientos especulativos" excluyendo de la base imponible del ahorro a las ganancias patrimoniales generadas en un plazo inferior a un año, es equivocada por varias razones. En primer lugar parece que el legislador sigue pensando que "especular" es algo malo per se y que este tipo de comportamientos debe ser sancionado; e ignora que la especulación es algo consustancial a la existencia de mercados libres y que éstos funcionarían peor si no se realizaran esas operación es que, de forma despectiva, se denominan especulativas. Pero resulta, además, que rara vez es eficiente crear distorsiones en estas operaciones  mediante un tratamiento fiscal diferenciado en función del plazo de la generación de la ganancia.
Más criticable aún me parece la idea de prorrogar un año más la vigencia del impuesto sobre  el patrimonio, que había sido restablecido con carácter temporal para 2011 y 2012. Hasta hace no mucho tiempo, parecía que se había llegado en la sociedad española a un consenso bastante amplio con respecto a lo inconveniente que resulta gravar el patrimonio en la forma en la que se hace en nuestro país. El impuesto, en su regulación actual, presenta serios problemas tanto en lo que se refiere a su eficiencia como a su equidad. No es eficiente para un país un impuesto que crea incentivos a situar capitales en el exterior para evitar que tributen por su mera existencia o a constituir sociedades con similar propósito. Y no es equitativo porque, además de gravar bienes cuya adquisición ha tributado ya previamente en la mayor parte de los casos, no consigue esa redistribución de la riqueza que es uno de sus presuntos objetivos. En efecto, a diferencia de lo que a primera vista podría pensarse, no es éste un tributo que pagan "los ricos", que tienen formas perfectamente legales para evitarlo, sino las clases medias. Y, tampoco parece muy justo que, dada su deficiente estructura actual,  bienes del mismo valor en el mercado tributen por cuantías diferentes en este impuesto en función de la fecha de adquisición y el valor que fue declarado en su momento. Podría argumentarse que se trata de un tributo  útil para conocer las variaciones de patrimonio de los contribuyentes, relevantes a la hora de determinar las bases imponibles  en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y reducir el fraude en el principal de nuestros tributos  directos. Y este fue, por cierto, el objetivo declarado de su creación el año 1977. Pero para ello bastaría con controlar el valor patrimonio y no sería preciso gravarlo fiscalmente.
Por otra parte,  todos los datos disponibles indican que este impuesto poco va a contribuir mucho al "reforzamiento de los ingresos públicos", como se dice en la Exposición de motivos de la ley. Señala el legislador que la prórroga es sólo de un año, Pero, ¿es posible tener alguna seguridad de que esto será así y no se volverá prorrogar en 2014, o en 2015, o ...?

Y el futuro
Nunca deberían minusvalorarse los problemas que la incertidumbre en materia fiscal genera a los contribuyentes; y  a la actividad económica en general. Y en este punto mucho tiene que mejorar la hacienda española.  A los inversores, a los ahorradores o a quienes quieren poner en marcha algún proyecto empresarial les gustaría hacer sus cálculos con un grado de certeza mucho mayor que el que hoy existe con respecto al tratamiento que van a recibir del fisco en el futuro. Antes he mencionado que tiene sentido la supresión de las deducciones por inversión en vivienda habitual. Pero no lo tiene el hecho de que, en los últimos años, la regulación haya cambiado en varias ocasiones y no sepamos qué es lo que realmente ocurrirá mañana.

"Nunca deberían minusvalorarse los problemas que la incertidumbre en materia fiscal genera a los contribuyentes; y a la actividad económica en general. Y en este punto mucho tiene que mejorar la hacienda española"

Decía Adam Smith, en la segunda de sus famosas reglas sobre la imposición, que el tributo que cada persona está obligado a pagar debería ser cierto y no arbitrario; y que  el momento del pago, la forma de hacerlo y la cuantía a pagar deberían establecerse de forma tal que tanto el contribuyente como cualquier otra persona puedan conocerlos de una forma clara y sencilla. Y concluía su reflexión Smith:  "pienso, tras haber estudiado las experiencias de todas  las naciones, que un grado considerable de desigualdad no causa un daño tan grande como un pequeño grado de incertidumbre".
Podemos conocer los impuestos que pagamos hoy; pero tenemos muchas dudas con respecto a los que tendremos que pagar en uno o dos años. Y, francamente, no sabemos casi nada de lo que nos pueda ocurrir a más largo plazo.