Confiada en una supuesta impunidad que les proporcionaría el Presidente del Gobierno y su entorno, la Dirección General continúa sin pudor su escalada pro-registral

Son ya 47 cambios de criterio en la doctrina registral casi todos de color partidista

Los cambios se sitúan en paralelo a un megaproyecto de ley que pretende acaparar, para ser explotada por los registradores, toda la información registrable del Estado

La escalada registral que denunciábamos en los dos últimos números de esta Revista, continua su curso implacable amenazando, con transformar, arrasando indiscriminadamente como un verdadero tsunami jurídico cuanto encuentre a su paso de la organización jurídica del país. Los registradores acapararían toda la información social registrable, y la inscripción, a base de ventajas y premios legales, como por ejemplo se proyecta sin fundamento alguno para los arrendamientos, perdería de hecho el carácter voluntario que generalmente ha tenido para convertirse en inscripción recomendada, primada o favorecida.
Al intento persistente de negarse a aceptar, en contra de la letra paladina de la ley (art. 327.10 LH), la obligatoriedad de las Resoluciones del órgano administrativo en el que están encuadrados y del que dependen, suman ahora, bajo el supuesto manto de Rajoy, su propósito de resolver de raíz este problema: el Anteproyecto suprimirá el recurso gubernativo, otrora prestigiado y hoy ciertamente enlodado, que sometía sus decisiones a su superior jerárquico como en todo el orden administrativo al que pertenecen, con el fin de que sus decisiones sean de hecho intocables, pues los ciudadanos, ante un sistema judicial lento e incompatible con un tráfico acelerado, no tendrían otra opción que avenirse a acatarlas aunque carezcan de fundamento y no ser sostengan jurídicamente en pie. Y una vez eliminada de hecho su dependencia jerárquica respecto del órgano administrativo en que se encuadran, el cuerpo de registradores quedaría convertido en un poder independiente con una independencia similar a la judicial como reclaman pero sin sus servidumbres y con arancel, intocable de hecho, un cuarto poder de dudosa constitucionalidad que controlaría en exclusiva la gestión -y explotación privada-- de toda la información registrable del estado. Y axial, si se cumplen sus previsiones, este cuerpo, refugiado supuestamente bajo el manto de Mariano Rajoy e intocable por ello para los allegados al Presidente, completaría su proyección logrando del entorno del Presidente primas jurídicas para hacer codiciable la registración hoy voluntaria (como intentan hoy para los arrendamientos) aumentando con ello su cifra global de negocio.
No está de más recordar, que el sistema registral privado fue inaugurado por los revolucionarios franceses de 1789 para apartar al estado de los costes de la defensa de una propiedad que entonces pertenecía a una exigua casta privilegiada, pero que, cuando por mor de la propiedad horizontal han tenido acceso a ella las clases más vulnerables lo que ahora estamos comprobando con las tragedias hipotecarias, los estados han comprendido que no pueden abdicar de la defensa de la propiedad desprendiéndose progresivamente del sistema de privatizaciones registrales proceso que culminará precisamente el 1 de enero de 2013 con la desaparición del último que subsistía y solamente para la propiedad, el sistema francés que dio lugar a todos los demás incluido el español, recuperando el estado su llevanza y convirtiendo  los aranceles en tasa para el Tesoro Público.
España ahora en dirección absolutamente contraria no solo mantiene como una curiosa rareza el sistema registral privatizado para la propiedad y también lo extiende a lo mercantil, sino que ahora también con este Anteproyecto se propone privatizar toda la información social registrable encomendando su gestión en forma de exclusivas a un cuerpo de colegiados que hará suyos los beneficios que genere su administración. Y no sólo esto. En una Europa que ha ido eliminando este sistema registral de calificación omnipotente, porque aparte de encarecerlo y agostar la creatividad por implantar gálibos de formulario que premian la rutina, y no añadir más seguridad que la que resta con la conflictividad artificial y corporativista que genera, un estado, España, no sólo mantiene esta calificación desmesurada como una extravagancia para la propiedad sino que lo potencia extendiéndola acríticamente a áreas sensibles de la información y la publicidad que se rigen por criterios y están sujetos a principios jurídicos diferentes.
No es este momento de continuar. En la prensa diaria, ante el asombro de que una Dirección General puesta en manos de registradores doctrinarios y extremistas, proponga un Proyecto de Ley que favorece al cuerpo al que pertenecen y al que también pertenece el Presidente del Gobierno cosa levanta malos olores, ya se ha empezado a utilizar la palabra corrupción política.
A continuación se reproducirá la lista incrementada de los cambios de criterio producidos en las resoluciones, y que se enjuiciarán en función del "cui prodest", y se reproducirá la carta que el Director General de los Registros ha enviado a nuestro Director, según dice en ejercicio del derecho de réplica y que, aunque no puede acogerse a la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo de rectificación, por rebasar el plazo legal y no ajustarse a las exigencias legales en tema y contenido, reproduciremos íntegramente con mucho gusto, dejando para otro número la respuesta de nuestra redacción a esa carta, no sin antes requerir al Director General que aclare donde están los insultos que según termina su carta,  se le han dirigido desde esta revista pues no creemos que tenga por tales los de partidista, tendencioso o banderizo, palabras que no son insultos sino evidencias adjetivadas.