MIGUEL VICENTE-ALMAZÁN PÉREZ DE PETINTO
Notario de Valencia

La imagen corporativa del notariado: una cuestión esencial
“No es esto, no es esto”  (José Ortega y Gasset, filósofo)

La primera vez que el notariado abordó de una manera profesionalizada la cuestión de su imagen corporativa fue en el año 1983, con ocasión del encuentro que se llamó “Simposio Notarial 83”, y que tuvo lugar en Barcelona, concretamente en el, más tarde célebre, hotel Majestic. Con ese motivo se realizó una encuesta seria, recurriendo a expertos de la comunicación, que trató aspectos tales como la percepción que la sociedad tenía del notariado, así como un análisis de la composición sociológica del mismo.  Desde entonces, la importancia que tiene disfrutar de una buena imagen corporativa no ha hecho más que aumentar, hasta el punto que hoy día es una verdadera cuestión vital para el colectivo. A pesar de ello, no se ha abordado con decisión el cambio de la imagen corporativa del notariado para despojarla de los tópicos aún imperantes, y adecuarla a la realidad de un notariado moderno. Nos consta que en los órganos dirigentes hay conciencia de la necesidad y se ha emprendido ­y presupuestado- una campaña de comunicación. Sin embargo, el primer paso que se ha dado a conocer a los colegiados no permite apreciar cuales vayan a ser las líneas maestras de la política de comunicación que se pretende implementar, ni si en ella hay algo verdaderamente novedoso que permita confiar en que se logrará el necesario cambio de imagen.
El punto de partida de una campaña de cambio de imagen debe ser el certero diagnóstico de la imagen que la sociedad tiene del notariado para, a continuación, emprender unas acciones de comunicación que lógicamente tienen que ser distintas -en formas y en mensajes- a lo hecho hasta ahora, ante la evidencia de que todo lo que se ha intentado no ha conseguido dotarnos de una imagen adecuada. Si el estimado lector no piensa que debemos cambiar nuestra imagen, le recomiendo que se ahorre la lectura del resto del artículo.

"La importancia que tiene disfrutar de una buena imagen corporativa no ha hecho más que aumentar, hasta el punto que hoy día es una verdadera cuestión vital para el colectivo"

A mi juicio, la percepción que la sociedad tiene del notariado es muy distinta de la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Este es el primer escollo a salvar: el “ombliguismo”. Frente a nuestro convencimiento de que somos muy buenos y muy útiles, la verdad es que somos percibidos por la sociedad a través del prisma de los viejos tópicos y no se valora adecuadamente nuestra función. Son ciertos el valor añadido de nuestra intervención y el de nuestros documentos, y la extraordinaria utilidad para el ciudadano individual y para la sociedad de nuestra función; pero no estamos hablando de realidades – no lo olvidemos –, sino de percepciones, y eso es muy distinto. Y, como escuché a Ignacio Solís, Decano del Colegio de Madrid¹, si nosotros no somos capaces de explicar quienes somos y lo que hacemos, alguien vendrá y lo hará, y no nos va a gustar lo que diga. Tratemos de examinar la percepción que se tiene tanto del notario como de su trabajo.
Así, en cuanto a la persona del notario, persisten en el imaginario colectivo todo tipo de tópicos y lugares comunes y estamos más ligados a una imagen rancia de personas anticuadas, más bien conservadoras y burguesas y, naturalmente, ricos;  lo peor, no obstante, es que somos considerados como beneficiarios de una situación de privilegio, pues nuestra labor –no se suele calificar como trabajo– consiste únicamente en un “firmar”, desprovisto por arte de magia de cualquier esfuerzo previo de preparación de lo que se firma, e independiente de cualquier responsabilidad posterior por tal firma. El esfuerzo que hoy día cuesta crear y mantener un despacho y la salvaje competencia a que estamos sometidos no es percibida o se silencia. Eso sí, se reconoce -como para perdonarnos los anteriores pecados- que sabemos un montón y que hemos tenido que estudiar mucho y pasar una oposición muy dura. También se nos presume, como colectivo, un poder e influencia -de la que por supuesto carecemos-, y se estima que nuestra mano es larga y siempre llega a tocar las teclas necesarias para perpetuar la situación de privilegio que mantenemos.

"El punto de partida de una campaña de cambio de imagen debe ser el certero diagnóstico de la imagen que la sociedad tiene del notariado para, a continuación, emprender unas acciones de comunicación que lógicamente tienen que ser distintas a lo hecho hasta ahora"

La situación real es muy otra: procedemos de la más diversa extracción social, consecuencia del único medio de ingreso en la profesión, la oposición, accesible a todo aquel que quiera estudiar y en la que el único mérito que cuenta es el saber; existen notarios de todas las ideologías, hasta de las más extremistas, por extraño que pueda resultar; de todas las creencias y de todos los gustos y aficiones. Somos tan variados como la sociedad en que vivimos, con idénticas virtudes y defectos y, por supuesto, no tenemos ningún poder real y pendemos de la exclusiva voluntad del gobierno de turno.
En cuanto a nuestro trabajo, aunque todo el mundo tiene el convencimiento del valor que tiene un documento notarial (lo que consta en acta “va a misa”), sin embargo, paradójicamente, el valor del documento no se liga directamente al esfuerzo y a la actuación del notario; quizá porque la labor del notario, aparte de firmar, consiste en “dar fe”, concepto poco expresivo para el ciudadano del trabajo del notario; suena más a esoterismo que a algo real. Manejamos la dación de fe de la misma misteriosa forma en que otros manejan los incomprensibles “otrosíes”, considerandos o resultandos. Una especie de brujería cuyo oficio se nos ha confiado y que, nuevamente, sirve para mantener el privilegio. Nosotros, los “brujos”, podemos entender qué significa dar fe, de qué damos fe y el trabajo presencial e intelectual que tenemos que desarrollar para hacerlo. Sabemos que la fe publica que damos los notarios y que se transmite al documento que autorizamos implica que el documento notarial y el negocio que contiene goza de unos efectos privilegiados (ellos sí, los efectos): la autenticidad, la eficacia probatoria y ejecutiva, el acceso a los registros, la legitimación para el tráfico... Pero no es suficiente que nosotros lo sepamos, es preciso que lo hagamos saber, que lo comuniquemos a la sociedad. No olvidemos que estamos hablando de imagen, de percepciones de la sociedad, lo cual no tiene nada que ver con lo que de verdad sean el notario y los documentos notariales. Como es sólito, no hemos sido capaces de explicar a la sociedad que el valor del documento no es una cuestión de fe, sino algo mucho más sencillo: detrás de la más simple escritura hay un enorme capital de esfuerzo humano, de conocimiento, organizativo, económico y tecnológico, que es lo que le da el valor que tiene. La desvinculación entre el valor del documento notarial y su causa eficiente –la labor del notario– redunda en la consolidación de la imagen del notario como un privilegiado, al que se le otorga el poder de crear un documento tan valioso. Y la consecuencia de que no se atribuya la causa del valor del documento notarial a la labor del notario, sino a alguna otra misteriosa razón, es que el documento notarial puede ser sustituido, con igualdad de efectos, por otro documento creado por cualquier otro autor².
En cuanto a la organización del notariado, se ignora que el notariado tiene una existencia milenaria, que está extendido por todo el mundo y que es mayoritario en los países de la UE, que hay notarios en países tan cercanos como Francia, Alemania, Bélgica, Italia, o más lejanos y exóticos como Rusia, Japón, China, Argelia, Senegal o Costa de Marfil, en Canadá y en toda Sudamérica, ... etc. Por el contrario, muchos intuyen que el notariado es una peculiaridad española, probablemente de la época de Franco, ¡buenos somos!
Con todo, quizá la peor lacra sea la generalizada creencia de que el notario es muy caro. Creencia que ha sido alimentada interesadamente por todos los que, además del notario, intervienen de alguna manera en alguna transacción jurídica o económica y perciben emolumentos por su intervención. Nos referimos a asesores, abogados, entidades financieras, gestores, registradores y al propio fisco, cuyos estipendios particulares han quedado frecuentemente englobados y convenientemente disimulados en el coste que se ha atribuido íntegro a “la notaría”. Pues bien, a pesar de que nuestro coste es absolutamente razonable y del grave perjuicio que nos ocasiona la atribución como beneficio nuestro de lo debido a otros profesionales, incluso a la hacienda pública, tampoco nos hemos preocupado o hemos sido capaces de comunicar con transparencia y exactitud cuál es nuestro coste real y cuál es el de los demás operadores asociados a una determinada transacción.

"En cuanto a la persona del notario, persisten en el imaginario colectivo todo tipo de tópicos y lugares comunes y estamos más ligados a una imagen rancia de personas anticuadas, más bien conservadoras y burguesas y, naturalmente, ricos"

Finalmente se ignora que cualquier alternativa para dotar de seguridad a las transacciones económicas y jurídicas distinta a la intervención notarial sería más costosa, más lenta, menos eficiente y menos segura. A contrario sensu, no se tiene conciencia de que nuestro sistema notarial de seguridad jurídica preventiva es el más seguro, rápido, eficaz y de menor coste del mundo, que es accesible a todos y que, a pesar de la creencia generalizada de que es un sistema para los ricos, a quien fundamentalmente beneficia el notariado es precisamente a los más humildes y a los que más dificultad tienen para acceder a cualquier otra fuente de consejo y asistencia jurídica cuando lo necesitan. Todo esto está bien estudiado y documentado y, sin embargo, no somos capaces de hacerlo llegar al gran público. ¿A qué esperamos?
Los publicistas suelen encontrarse con el problema de tener que empaquetar bien un producto mediocre para facilitar su  venta. En el caso del notariado tenemos un producto –la seguridad jurídica preventiva– excepcional, barato y tecnológicamente avanzado. ¿Porqué no nos proponemos de verdad venderlo? Hemos pasado demasiado tiempo sin comunicar a la sociedad lo que hacemos y para lo que servimos, hemos permitido por comodidad que haya demasiadas personas interpuestas entre el notario y el ciudadano usuario (entidades financieras, abogados, gestores, asesores fiscales) y nos hemos preocupado demasiado de congraciarnos con ellos en tanto que prescriptores de proveedores de servicios (o sea, para que nos traigan a los clientes), y poco de darnos a conocer y de que nuestros propios clientes aprecien nuestros servicios.
La consecuencia de ese distanciamiento de la sociedad, de la imagen distorsionada que ésta tiene del notariado, y de su desconocimiento del valor de la intervención del notario es la falta de apoyo social y, en definitiva, la vulnerabilidad del colectivo. Esta vulnerabilidad se manifiesta de una manera genérica y también de un modo específico.
La vulnerabilidad genérica se refleja en la angustiosa duda permanente sobre nuestro futuro (la espada de Damocles). Esta amenaza existe, la conocemos todos, desde antes incluso de que cada uno de nosotros ingresara en el notariado; nos acompaña constantemente y, de forma periódica, vuelve a mostrar su rostro torvo. Lo peor es que no se trata de una paranoia colectiva, sino que las continuas amenazas y tentaciones de los sucesivos gobiernos por modificar la esencia de la profesión/función han sido y son constantes. En los últimos tiempos se han mutado de una amenaza de cambio o desaparición súbita – de la noche a la mañana – en una lenta pero progresiva desvirtuación de la esencia del notariado para convertirlo en un instrumento de control del ciudadano, cada vez más funcionarizado y menos profesional, al servicio de la Administración, acompañada de un estrangulamiento económico hasta llegar a los simples niveles de subsistencia de la función, desprovista de aliciente económico. En definitiva, la maquinaria del Estado ha optado por engullir al notariado convirtiéndolo en una pieza más al servicio de sus intereses de información y de control, y lo ha distanciado de su primordial función de servicio directo al ciudadano.
La vulnerabilidad específica consiste, por un lado, en una parálisis, una imposibilidad de acometer cualquier medida de reforma, de adecuación (especialmente arancelaria), o de atribución de competencias, pues quien debe ordenarlas – el Gobierno – siempre tiene el temor de que vayan a ser vistas como la concesión de un nuevo privilegio injustificado a un colectivo elitista. Ningún político se atreve a dar un paso en este sentido, por muy injusta que sea la situación y muy necesaria que sea la reforma, pues teme la impopularidad que acarrearía tal medida y piensa inmediatamente en titulares de prensa, declaraciones de asociaciones de consumidores, etc; por otro lado, exactamente por las mismas razones,  resulta enormemente popular y rentable, por muy demagógico que resulte, cualquier ataque dirigido contra los “presuntos privilegiados” y es una estrategia útil, usada con frecuencia para obtener beneficios de popularidad propia y también para distraer la atención de otros asuntos de los que no interesa que se hable. Ejemplo reciente de estas estrategias son la campaña orquestada por la OCU con motivo de la minutación de las cancelaciones de hipotecas y la reducción arancelaria ordenada por el Gobierno Zapatero de un 5% de los aranceles, con carácter general, con motivo de la reducción de los sueldos de los funcionarios, estos sí, pagados por el Estado, mientras que al notario le paga el particular que lo utiliza. En el primer caso, la asociación que dice defender a los consumidores ha lanzado, con claro beneficio de su propia popularidad, una campaña basada en cifras de imposible cuantificación y de más que dudosa procedencia jurídica, con enorme daño para el prestigio del notariado y de los registradores, y, sin embargo, nunca se le ha oído denunciar con tanto bombo los abusos de que son objeto los consumidores en las mismas operaciones denunciadas, por parte de entidades financieras y sus gestorías. En el segundo caso no se entiende que si el propósito de la reforma fue abaratar los costes de la Administración, se modifique injustificadamente un arancel que, ni era procedente reducir, ni lo paga la Administración. En cualquier caso el beneficio obtenido distrayendo la atención de una medida impopular es evidente, y se consigue a costa del notariado y nuevamente porque se sabe que la gente aplaude lo que considera suprimir privilegios injustificados. De la misma manera, se ha convertido ya en una cláusula de estilo a incluir en todas las nuevas disposiciones legislativas la consabida reducción o bonificación arancelaria, incluso el establecimiento de la gratuidad total -hasta llegar a la obligación de que el notario tenga que pagar el taxi para autorizar un documento que no tiene derecho a cobrar- tengan o no justificación dichas reducciones.
Ante el panorama descrito no hay duda de que es urgente acometer un cambio de la imagen corporativa del notariado. Es una cuestión vital, de subsistencia. Y ¿cómo se hace esto? Naturalmente que hay que utilizar los medios a nuestro alcance y  recurrir a los profesionales externos que verdaderamente sepan de la materia y organizar una campaña de comunicación efectiva. La orientación de la campaña es básica y no debemos fallar en los objetivos que nos marquemos. Tres son las cuestiones básicas que hay que responder para orientar una campaña de imagen: ¿Para qué se hace, cuál es el objetivo que se busca?, ¿A quien debe ir dirigida? y ¿Cuál es la imagen que queremos y cuáles son los mensajes que hay que lanzar machaconamente? Una vez diseñada la estrategia, se trata de golpear una y otra vez en el mismo eslabón hasta conseguir el efecto perseguido. Los profesionales de la comunicación nos deben señalar los medios a emplear, los mensajes a lanzar, la duración y cadencia de la campaña, pero somos nosotros los que debemos tener claro lo que queremos y porqué lo queremos. El día que logremos  que el ciudadano, la sociedad, nos perciban como un servicio beneficioso para ellos en vez de como unos privilegiados cuya verdadera función no entienden muy bien, habremos dado un paso de gigante porque tendremos el apoyo de la sociedad a quien servimos y no permitirán que se ponga en peligro el servicio, ni su calidad, y dejaremos de ser moneda de cambio para objetivos que nada tienen que ver con el notariado.
A la primera pregunta, ¿para qué se hace, cuál es el objetivo que se busca?, entiendo que no puede ser otro que desterrar la imagen rancia del notariado que antes se ha descrito y sustituirla por una imagen actual de un notariado moderno, próximo, accesible, adaptado a los tiempos, en competencia entre sí y con otros profesionales que se ocupan de campos coincidentes, como el asesoramiento previo, la redacción de documentos que no deban constar obligatoriamente en documento público, la gestión posterior de los documentos o los novedosos campos de la mediación y el arbitraje. Un notariado que es accesible a todos, de un coste razonable y conocido de antemano -que no depende de la voluntad del notario- y que es especialmente útil para las capas menos informadas de la sociedad y con menor posibilidad de acceso a un consejo jurídico personalizado y de calidad. Este es un objetivo de largo alcance. Puede combinarse con otros más próximos o inmediatos. Los especialistas deberán aconsejar de qué manera.

"Se ignora que cualquier alternativa para dotar de seguridad a las transacciones económicas y jurídicas distinta a la intervención notarial sería más costosa, más lenta, menos eficiente y menos segura"

¿A quién debe ir dirigida la campaña? Podemos contemplar varios posibles destinatarios, entre los que habrá que optar, pues los mensajes deben ser distintos según el destinatario a que se dirija. ¿Puede ser el Gobierno el posible destinatario? Entiendo que no ignora quienes somos y para lo que servimos, desde el momento en que es quien nos regula. Demasiado bien lo sabe -y lo utiliza- por lo que, hoy por hoy, una campaña de cambio de imagen no debe apuntar a ese posible destinatario.
¿Los partidos políticos? Como Gobierno que son, han sido o serán, les es aplicable  lo mismo dicho para el propio Gobierno, por lo que les sigue siendo rentable cualquier estrategia tendente a menoscabar los presuntos “privilegios” de los notarios y huirán de verse involucrados en cualquier reforma que pueda entenderse que les beneficia.
¿A los operadores jurídicos y económicos tales como entidades financieras, profesionales del derecho o grandes empresas, con el propósito de darles a conocer lo útiles que podemos resultarles? Permítaseme dudar de que deban ser los destinatarios naturales de una campaña de comunicación por dos motivos. Por un lado, como usuarios habituales de los servicios notariales, son ciudadanos con un elevado nivel de información y conocen perfectamente la utilidad del notario (no se da en su caso la asimetría de información que padece el ciudadano de a pie) y, por otro lado, o bien nos ven, caso de los operadores jurídicos, como unos competidores cuya decadencia incrementaría su propio campo competencial -razón por la que no tenderán a cooperar en una mejora de la imagen del notariado-, o bien nos perciben como un control a su actividad impuesto por el Estado, caso de las entidades de crédito, que les resta libertad de actuación y les ocasiona costes -razón por la que tampoco tienen ningún interés en la mejora de la imagen del notario.
¿A las asociaciones de usuarios y consumidores, para que tengan un mayor y mejor conocimiento de las múltiples ventajas  que tendría para sus patrocinados la intervención notarial? En buena ley no cabe duda de que los beneficiarios de la actuación de las asociaciones de defensa de los consumidores y de la intervención notarial son los mismos, o sea los propios usuarios. Pero la realidad de la actuación de alguna de estas asociaciones nos hace dudar de que su interés primordial vaya más allá de su propia proyección y del propio beneficio y, además, se da una contraposición de intereses, pues la mejora de la imagen de quien de modo institucional tiene la obligación de defender a los consumidores y usuarios (último párrafo del art 147 del Reglamento Notarial), como es el notario, tampoco parece que sea su prioridad: al contrario, su interés consistiría en la mala imagen del notariado para erigirse en únicos defensores del consumidor.
Con el panorama que acabo de describir comprenderé que se me acuse de padecer el síndrome de “Gary Cooper en Solo ante el peligro”. Lo acepto, pero la tozuda realidad me lleva a reafirmarme en el análisis: estamos solos ante el peligro y no tenemos más remedio que defendernos solitos. Y aún añadiría que tenemos al enemigo en casa, si tenemos en cuenta la política seguida en los últimos años, hoy día en plena ofensiva, por nuestros “hermanos” los registradores -los cuales también se verían ampliamente beneficiados en sus competencias ante un eventual debilitamiento del notariado.
¿A quien deberemos pues dirigir nuestra campaña de cambio de imagen? Entiendo que debemos volver a los orígenes y –sicut erat in principio- apoyarnos en quienes nos crearon, en los ciudadanos de a pie, en la sociedad civil, el pueblo o la clase media, como se prefiera llamar. De la misma manera que el notariado nació como una creación popular hace más de mil años, porque la gente de la calle necesitaba quién documentase sus transacciones, pues entonces sólo los nobles y el clero tenían acceso a quienes sabían redactar documentos, igualmente en el mundo/mercado actual, el pueblo llano sigue siendo el principal destinatario de nuestra actuación. Lo que se ha producido es un distanciamiento entre el notariado y su base sociológica, pues acostumbrada ésta a que las transacciones jurídicas o económicas resulten seguras, rápidas, y eficaces ha dejado de percibir la sensación de riesgo cuando se compra, se vende, se testa, se hereda, se pide crédito, etc, y se ha dejado de percibir con claridad quién es y cuál es el mecanismo que le protege, le da seguridad y le evita cualquier riesgo. Valga como comparación la sensación de seguridad que nos dan los vehículos modernos que, lanzados a una velocidad endiablada, con su confort y su silencio nos dan la falsa sensación de que no existe el peligro. La sensación es de seguridad, el riesgo, sin embargo, existe ... y grande. Si eliminamos al notario, el riesgo, que sigue existiendo, deberá ser cubierto  con otras medidas alternativas que son -como los seguros de título- más caras, menos eficaces y, a la postre, menos seguras.
Este es el objetivo a conseguir: volver a maridar al notariado con su base sociológica amplia, estable, que nos apoye con la convicción de que está defendiendo algo suyo. Sólo de esta manera se podrán acometer las reformas necesarias y a ningún político u operador jurídico o económico le seguirá resultando rentable la utilización del notariado como pantalla o excusa para sus propios fines.

"La consecuencia de ese distanciamiento de la sociedad, de la imagen distorsionada que ésta tiene del notariado, y de su desconocimiento del valor de la intervención del notario es la vulnerabilidad del colectivo"

¿Cuáles son los mensajes a lanzar? En cualquier caso deben ser pocos y claros. Hay que pensarlos y decidirlos con mucho cuidado. Deben ser certeros y dirigidos al corazón de lo que preocupa al ciudadano. Apunto algunos, pero son los especialistas en la materia quienes nos deben orientar y decidir: Coste razonable y conocido, sin ninguna sorpresa;  accesibilidad: siempre disponible, no le cobrará por consultar, acérquese con confianza; seguridad: no dé un paso sin consultar al notario; distribución geográfica: por ejemplo, el 95 % de la población tiene un notario a menos de dos kms de su casa; garantía del Estado; imparcialidad: pueden acudir juntas todas la partes del conflicto; amplia gama de servicios: descubra todo lo que puede obtener de un notario. Habría además que sacar a la luz el intento de sustitución del sistema notarial por el sistema anglosajón de documento privado y seguro de título, menos competitivo -o sea, más caro y peor- y que beneficiaría exclusivamente a los operadores en perjuicio de los usuarios³. Pronosticar la existencia de un producto sustitutivo y aclarar  que nuestras recomendaciones sólo pretenden avisar y alertar de esta realidad sería no sólo útil, sino debido. Pero, vuelvo a insistir, deben ser los especialistas quienes nos aconsejen la estrategia a seguir.

"Ante el panorama descrito no hay duda de que es urgente acometer un cambio de la imagen corporativa del notariado. Es una cuestión vital, de subsistencia"

La sensación que da la iniciativa comenzada por el Consejo, consistente en la publicación de las cien preguntas más frecuentes al notario, seguidas de sus correspondientes respuestas, no parece que se aparte de la línea tradicional seguida hasta ahora. Está bien, muy bien, pero no es lo que necesitamos. Es útil como prontuario para nosotros mismos, para nuestros empleados, para todo tipo de asesores y también para el público en general, pero es más de lo mismo, suena a endogamia, a qué buenos somos, cuánto sabemos y además os hacemos partícipes. Redunda en la idea que se tiene del notario, no la cambia. Y pienso que no es suficiente el simple recurso a medios actuales para su publicación como facebook o twiter. Lo mismo pienso de la carta de presentación, no llega a enviar un mensaje actual. Piénsese en la manera de comunicar la imagen de las entidades bancarias. Sus mensajes son del tipo “su dinero está seguro con nosotros y crece, crece ...”, “su banco amigo”, “cero comisiones”, o pregonan su labor social o de ayuda a emprendedores,  es decir, mensajes muy directos, muy convincentes, que podrán ser ciertos al ciento por cien, o equívocos, no importa. Lo que es impensable es un mensaje publicitario de un banco del tipo: “Venga a vernos, que además de Entidades Delegadas del Banco de España somos intermediarios financieros y miembros del mercado de valores, estamos en posesión de las autorizaciones exigidas y de la ficha bancaria pertinente y sujetos a la exigente supervisión de la Autoridad Monetaria, por lo que somos idóneos para asesorarle y ocuparnos de sus intereses pecuniarios y le ofrecemos soluciones tan innovadoras como, por ejemplo, un SWAP, por medio del cual usted conseguiría ...”. ¿A que a nadie se le ocurriría publicitarse así? Pues nosotros lo seguimos haciendo.
Dado que el Consejo ha decidido iniciar una campaña de comunicación y que le ha asignado una partida presupuestaria -no sé si suficiente, pero sí importante-, esperemos, por el bien de todos, que el esfuerzo de tiempo y medios materiales y humanos se enfoque eficazmente en la buena dirección y no tengamos que concluir orteguianamente con un “No es esto, no es esto.”

¹ Discurso pronunciado en la clausura de los actos conmemorativos del 150 centenario de la Ley del Notariado.
² Un ejemplo claro de lo anterior lo tenemos en lo que ocurrió con la Ley Cambiaria y del Cheque que creó la declaración cambiaria sustitutoria del protesto, realizada por las propias entidades financieras, como alternativa equivalente al protesto notarial. La consecuencia es que desde entonces las declaraciones sustitutorias del protesto desplazaron al protesto notarial, pues quien decidía la forma de protestar los efectos era la propia entidad tenedora de los mismos; las declaraciones sustitutorias resultaron mucho más caras y menos fiables para el ciudadano que el protesto notarial. La falta de una adecuada comunicación de los hechos y sus efectos propició que la sociedad no se enterase del perjuicio sufrido por los consumidores y el correlativo enriquecimiento de las entidades financieras, que fueron las verdaderas beneficiarias de la medida legislativa.
Otro efecto perverso de que no se ligue la actuación del notario con el valor del documento es el peligro de que cualquier día de estos se cometa la barbaridad jurídica de equiparar el  documento privado con firma electrónica reconocida al documento público notarial.
³ Vease el magnífico libro de Murray/Stürner, “The Civil Law Notary-Neutral Lawyer for the Situation”, A Comparative Study on Preventative Justice in Modern Societies, C.H.Beck, München 2010.