COTIZALIA 6 de noviembre de 2012

Día de elecciones en Estados Unidos, la primera potencia económica del planeta. Del resultado de las mismas dependerá el devenir futuro de muchas naciones a lo largo y ancho de la geografía mundial. Toda atención que se les presté será poca. Justificadamente. Sin embargo, una fatal coincidencia temporal hará que pase desapercibido un hecho que sí afecta directamente a la calidad de nuestra democracia: el final del plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno anunciado a finales de julio por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Vaya, el PP cumpliendo una promesa electoral, esto sí es novedad.
Se trata de una norma clave para que ese control ciudadano de la actividad política tan reclamado desde los foros más dispares tenga aplicación práctica. De ahí su importancia. Y el mero hecho de su anuncio debería ser en sí una buena noticia. Por fin una medida que busca reconciliar a los representantes con sus representados. Oportunidad única. Pena que cada vez sean más las voces que reclamen que se trata de un brindis al sol de tintes oportunistas que a duras penas va a alterar sustancialmente el régimen actual. Una crítica que realizan desde los españoles expertos en transparencia internacional, que se quejan de haber sido ignorados en el proceso de redacción del texto, a los especialistas en derecho comparado, que censuran sus lagunas frente a otras legislaciones avanzadas.
Probablemente, el mejor análisis de las bondades y defectos del Proyecto lo ha realizado la revista El Notario del Siglo XXI, en su edición de septiembre-octubre, en la que le dedica no solo su editorial, sino un amplio comentario de la colaboradora habitual en El Confidencial desde la plataforma Hay Derecho, Elisa de la Nuez. El primero viene encabezado por un revelador ‘Un anhelo que sería temerario frustrar’. Tras recordar en su primera línea que ‘el malestar en democracia se cura con más democracia’, apunta: ‘La exigencia de más democracia, es decir, de una mayor rendición de cuentas, de más participación ciudadana y de más transparencia no puede contemplarse como una amenaza, sino como una gran oportunidad de recuperar sintonía con la ciudadanía y pacificar así la convulsa situación en la que nos encontramos’. No cabe una introducción más certera, en mi modesta opinión.
A partir de ahí, el editorialista, que entiendo colectivo, entra en el análisis específico de la propuesta preliminar. Y lo hace para afirmar con rotundidad: ‘el Gobierno ha remitido al Parlamento un proyecto de ley sobre esta materia que no satisface las expectativas. Anclado en una concepción napoleónica de la Administración de clara inspiración paternalista, reproduce planteamientos que, a estas alturas del siglo XXI y en una materia como la que nos ocupa, resultan absolutamente insuficientes para dar cauce al anhelo de participación ciudadana en los asuntos públicos y también, por supuesto, de control de nuestros representantes políticos’. Zas, la primera en la frente. De un plumazo se ha cargado la Exposición de Motivos que justificaría la aprobación de la norma.
Y aterriza enseguida en dos de las críticas fundamentales que, desde el punto de vista práctico, se le pueden hacer: ‘En primer lugar, el Proyecto mantiene el tradicional esquema “pedir – dar” en un momento en el que las plataformas tecnológicas abiertas permiten poner a disposición de los ciudadanos un volumen de información hasta hace poco inimaginable, como la experiencia estadounidense lleva demostrando desde hace años. En segundo lugar, ni siquiera ese esquema queda garantizado de manera efectiva a través de un buen sistema de sanciones o de tutela rápida e imparcial de las solicitudes de información en caso de una injustificada negativa a proporcionarlas’. Deja, por tanto, la iniciativa a un ciudadano hastiado de la falta de respuesta pública, sin establecer mecanismos automáticos de transparencia, y mantiene la impunidad de la opacidad. Unas cuestiones sobre las que se extiende Elisa de la Nuez en su post, de inaplazable lectura.
No me resisto a compartir con ustedes la conclusión de Notario: ‘Si realmente existe intención de atender las demandas de una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, y no meramente de desactivar esas inquietudes por medio de una ley que formalmente las satisfaga, pero que luego deje todo como está, será necesario entonces aprovechar el trámite parlamentario para reorientar el Proyecto en la buena dirección. Las invocaciones a la Transparencia y al Gobierno Abierto que se quedan meramente en eso y no van seguidas de hechos, no pueden hacer otra cosa que incrementar el nivel de frustración general, que en España, desgraciadamente, ya es demasiado elevado’. ¿Ustedes ven al Gobierno reorientando algo? Yo tampoco. Que si es por prometer…
Pues bien, ese es precisamente el punto en el que nos encontramos a día de hoy, coincidiendo con la parafernalia de las elecciones norteamericanas. Una vez más lo mediáticamente urgente deja en un segundo plano lo verdaderamente importante a los efectos de lo que al ciudadano medio español ocupa. Oportunidad perdida desde el momento en que, como nos recuerda la editora de Hay Derecho, la ley parte de ‘principios éticos y de actuación tomados de códigos de conducta o autorregulaciones ya existentes que han sido sistemáticamente incumplidos, en particular por los partidos políticos’. ¿Van comprendiendo? Por no hablar de su debilidad técnica, censurada hasta por el Consejo de Estado. ¿Ven a qué me refiero? No es de extrañar que subraye que estamos ante una ley ‘gatopardesca’: busca cambiar todo para que nada cambie, con nuestra complicidad, eso sí. De nuevo el silencio de los corderos, es decir: de usted y mío, encandilados como estamos por la batalla Romney-Obama… Luego vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Al tiempo.