El Código penal de 1995 ha sufrido desde su promulgación lo que en ocasiones se ha calificado como "vorágine reformista", de la que son una manifestación más las dos modificaciones actualmente en curso: la que se refiere concretamente a los delitos contra la Hacienda Pública y defraudaciones a la Seguridad social, que ya ha sido aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, y la más general y ambiciosa contenida en el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012. El eximio catedrático de Derecho Penal Gonzalo R. Mourullo hace un agudo análisis crítico de ambas.