JOSÉ ONETO
Periodista y Escritor

En el año 168, por la calle principal de Sepino, una próspera ciudad del imperio romano, pasaba regularmente el ganado estatal Los magistrados locales exigían un pago por el uso de esa calle. Era una norma ilegal, pero Roma quedaba muy lejos y la policía de Sepino cumplía al pie de la letra con la orden de los jueces de la ciudad: si los ganaderos no pagaban peaje, se les confiscaban las cabras. Las ganancias de la maniobra se repartían equitativamente entre los servidores de la justicia y los servidores del orden. Un claro acto de corrupción que fue advenido por Cosimo, funcionario de la cancillería imperial, y rápidamente denunciado a los jueces superiores. Estos procedieron sin vacilación. En la puerta de la ciudad se grabó una orden que no dejaba dudas, decía: Basseo Ruto y Macrinbio Vindice saludan a los magistrados de Sepino. Hemos recibido copia de la carta escrita a nosotros por Cosimo, liberto inscripto a la contaduría de Augusto. Absténganse de molestar a los conductores de los rebaños de cabras con gran daño para el fisco, para que no sea necesario un nuevo reclamo sobre esto y en los hechos, si el caso se repitiera, ser castigados."
Es solo un ejemplo que, normalmente, siempre recoge, cualquier tratado de la corrupción, aunque bien podría decirse que la corrupción ya se conocía en Egipto,  según relata  algún que otro papiro que cuenta  historias  de  altos personajes, aliados con los ladrones de tumbas, que se enriquecían vendiendo y traficando con valiosos objetos robados en las tumbas y pirámides de los poderosos. Después, a lo largo de los siglos la corrupción se fue perfeccionando y, adquiriendo también, carácter de tragedia para los países democráticos, como es el caso de España en estos momentos, probablemente uno de los países más  afectados por esa plaga, que suele extenderse con facilidad, en aquellos sistemas de convivencia donde no hay una clara separación de poderes, donde no existen suficientes mecanismos de vigilancia social, y, donde, el partido que gana las elecciones suele controlar, de una u otra forma, los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo, y  el Judicial.
En cierto modo, es el caso de España, donde durante la transición se diseño un sistema de reparto del poder, sin los suficientes controles y donde todo es posible: desde la financiación ilegal de los partidos o su dependencia de los créditos de la Gran Banca, hasta las mayores tropelías económicas y escándalos en Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, o Empresas Publicas.

"A lo largo de los siglos la corrupción se fue perfeccionando y  adquiriendo  carácter de tragedia para los países democráticos donde no hay  una clara separación de poderes, donde no existen suficientes mecanismos de vigilancia  social, y donde el partido que gana las elecciones suele controlar los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo, y  el Judicial"

Estos días del mes de Enero, la opinión pública se ha visto sacudida por todos esos escándalos, un verdadero tsunami de supuestos casos de corrupción que han  afectado desde a un Presidente histórico de Cataluña, Jordi Pujol i Solei, veintitrés años al frente de la Generalitat catalana, y a cuatro de sus hijos, hasta el Ministro de Fomento  del Gobierno Zapatero metido en una trama de tráfico de influencias, según la investigación que desde hace meses, realiza el Tribunal Supremo
Desde escándalos que afectan a quienes han dirigido las Cajas de Ahorros y las han llevado a la quiebra, después de embolsarse millonarias indemnizaciones, hasta  investigaciones y declaraciones sobre el “Caso Urdangarin” que han llegado a plantear un verdadero problema, y un autentico chantaje, al Jefe del Estado.
Pero sin embargo, lo que ha terminado de llenar el vaso de la indignación ciudadana es conocer, a través de la Audiencia Nacional que Luis Bárcenas, ex Tesorero del Partido Popular, procesado en el caso “Gurtel”, tiene en un Banco de Ginebra (Suiza) 22 millones de euros, parte de los cuales estarían, en estos momentos, en otros paraísos fiscales y en Panamá, y que  durante su largo mandato como hombre que manejaba las finanzas del partido repartía sobres en B (dinero negro) mensualmente  con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros, entre los secretarios ejecutivos del Partido cargos públicos, y otros miembros del aparato y la cúpula de poder instalada en la sede de la calle Génova de Madrid.   
Que un simple contable pueda haber acumulado una fortuna de 22 millones de euros (aunque todavía no se sabe si todo ese dinero es suyo, del partido, o de otras personas y el actúa de testaferro) y el que ese dinero negro pueda haber manchado el prestigio de casi toda la cúpula del partido popular, es el mayor escándalo con el que el Gobierno de Rajoy se podía enfrentar en la actual coyuntura económica y política, y en unos momentos, en que la ciudadanía esta extremadamente sensible e indignada con los casos de corrupción que aparecen a diario en todos los medios de comunicación,
Dentro de la gran crisis que vive el país, que no solamente es una crisis económica, de Deuda, o financiera, sino que, también, es una crisis política, social, institucional y de valores, y que está afectando, incluso, a la  propia Jefatura del Estado, la corrupción ha terminado por ser el factor decisivo para que la mayoría de la población este convencida de que el tercer problema del país, después de la situación económica y el paro, es, precisamente, la clase política, una clase política, además, que no está valorando la profundidad y la gravedad de la situación crítica en la que se encuentra el país y, que carece de respuestas para hacer frente al estado de indignación creciente en el que se encuentra la ciudadanía.
La última encuesta de “Metroscopia” nos da una radiografía del estado de la cuestión: Noventa y seis de cada cien españoles están convencidos de que el nivel de corrupción en la política española es muy elevado, un 63% considera que ha crecido esa práctica, entre los partidos político, un 54% asegura que es superior a la de otros países y, hasta un 95%, desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la Justicia para combatirla.

"Que un simple contable pueda haber acumulado una fortuna de 22 millones de euros (aunque todavía no se sabe si todo ese dinero es suyo, del partido, o de otras personas y el actúa de testaferro) y el que ese dinero negro pueda haber manchado el prestigio de  casi toda la cúpula del partido popular,  es el mayor escándalo con el que el Gobierno de Rajoy se podía  enfrentar"

El sondeo de Metroscopia refleja que el 88% de los españoles reprocha a los actuales partidos que miren por sus intereses y sus  problemas y no los de la sociedad; el 81% asegura que crean más problemas de los que resuelven y el 72% lamenta que sientan los pactos como debilidad y no como fortaleza. También ponen de manifiesto un declive de lo que se conoce como clase política, porque el 66% asegura que los partidos actuales son peores que los de la Transición y el 55% opina que con los de ahora no se hubiera logrado el tránsito a la democracia. El 86% de los encuestados exige a los partidos ese  gran pacto nacional, para hacer frente a la crisis económica, pero la mayoría es pesimista respecto al éxito de esa petición. Concretamente, el 76% considera improbable ese acuerdo desconfía de las intenciones de los partidos y de la eficacia de la Justicia para combatirla.
En estos momentos mas de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción, que se extienden por todo el territorio y que afectan, sobre todo, a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas, de cerca, por otras Autonomías, como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Novocaixa Galicia, Banco de Valencia y Caja Castilla la Mancha de cuyos consejos de administración formaban parte conocidos políticos como Rodrigo Rato o Ángel Acebes.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno --como el ex ministro de Fomento José Blanco, relacionado con la “Operación Campeón”, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y exaltos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del ex presidente popular Jaume Matas. Imputados todos por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato. Entre las operaciones en marcha destacan casos como el Instituto Noós de Iñaki Urdangarin. También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay once diputados del PP, con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción y esos diputados constituyen el segundo grupo de la Cámara.

"En España no solo ha habido y hay corrupción. Lo que  ha habido y sigue habiendo es un autentico saqueo al que todos los partidos, en un verdadero Pacto de Estado tienen que poner fin cuanto antes"

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos en Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas,  entre ellas, el ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, el ex vice consejero Agustín Barbera, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, un ex parlamentario socialista o el ex delegado provincial de Empleo.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de ex alcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos. En Cataluña está abierto el caso Miller, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palao de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa.
Aparte del cáncer que constituye el mal de la corrupción, habría que preguntarse donde están los miles y miles de millones de euros, que han desaparecido y destinados a la financiación ilegal de los partidos políticos, a pagar comisiones para conseguir contratos públicos de las Administración o a los políticos que quebraron las cajas de ahorros, y después se llevaron millonarias indemnizaciones, a los constructores  e intermediarios de obras faraónicas que,  ahora, no podemos pagar, a lo que está en paraísos fiscales y que a pesar de la Amnistía fiscal de Montoro no parece que vayan a volver.
En España no solo ha habido y hay corrupción. Lo que  ha habido y sigue habiendo es un autentico saqueo al que todos los partidos, en un verdadero Pacto de Estado tienen que poner fin cuanto antes.