ALEJANDRO NIETO
Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Gobernar es reformar. Las organizaciones estatales son imperfectas, los servicios públicos funcionan de ordinario deplorablemente y en todo caso es imprescindible adaptar lo existente a los cambios tecnológicos y sociales. Pero las reformas no son buenas necesariamente ya que pueden ser desacertadas y poner las cosas peor que antes. De esta manera, aunque el país suspire por reformas, he aquí que algunas se hacen de forma tan disparatada que la crítica se vuelve contra ellas y no contra el acostumbrado inmovilismo ministerial. Un buen ejemplo tenemos en la que ahora se cierne sobre el Registro Civil.
Pocas quejas se habían levantado hasta ahora (salvo las colas que se formaban en algunas oficinas por la plétora de inmigrantes y los retrasos en asuntos matrimoniales) contra este servicio. Maravillaba incluso que con tan escasos medios funcionase tan bien hasta tal punto que se le citaba con frecuencia como modelo de eficiencia. Silenciosamente se ha digitalizado casi por completo de tal manera que desde toda España puede ya obtenerse información electrónica y los certificados se expiden al instante sin necesidad de intermediarios ni de desplazamientos. Pues bien, ahora sucede que habiendo tantas reformas pendientes es precisamente este servicio el que va a ser de pronto totalmente desmantelado.

"Pocas quejas se habían levantado hasta ahora contra el Registro Civil. Maravillaba incluso que con tan escasos medios funcionase tan bien hasta tal punto que se le citaba con frecuencia como modelo de eficiencia"

Es seguro que el Ministerio sobradas razones habrá tenido para hacerlo; pero a mí no se me alcanzan y es el caso que no se ha molestado en explicármelas. El proyecto será debatido en las Cortes en susurros o entre insultos como ahora se lleva y yo seguiré sin enterarme. En una verdadera democracia no basta con poner en marcha el "rodillo parlamentario" sino que conviene razonar y que los ciudadanos y los usuarios comprendamos esta sorprendente decapitación de uno de los pocos servicios públicos que funcionan bien en España. Más fácilmente hubiera entendido la supresión, sin ir más lejos, del Registro de la Propiedad y Mercantil y su posterior encomienda a una empresa internacional de servicios o a un consorcio bancario, que probablemente lo llevarían mejor, más barato, con mayor rapidez y con menos conflictos.
Me pregunto qué vamos a salir ganando los usuarios con esta reforma, puesto que se habrá hecho -yo, al menos, no lo pongo en duda- pensando en nosotros y lo primero que salta a la vista es que va a dejar de ser gratuito y a decir verdad que en este punto no me sorprende el cambio ya que en casi todos los países hay que pagar una tasa y en la actual situación de penuria es lógico que se acaben los regalos públicos y que todos arrimemos el hombro para ayudar a este Estado Mendicante en que se ha convertido nuestro orgulloso Estado Benefactor.
Pero en este caso no ha sido así. De sorpresa en sorpresa resulta que el sacrificio de los usuarios no va a ir a parar al Tesoro Público sino a manos privadas, que naturalmente no están dispuestas a trabajar gratis. Y conste que el uso de este servicio no es voluntario. El ciudadano puede renunciar al autobús y caminar a pié o quedarse en casa; e incluso puede renunciar a contraer matrimonio, pero no puede escapar de la muerte ni de pasar por ventanilla con las tasas preparadas. El Estado en cualquier caso sigue siendo generoso puesto que el regalo de una prestación gratuita que hacía a los ciudadanos va a convertirse en el regalo a una corporación de las tasas que se exigirán a los usuarios. Mucho hablar de racionalización, reorganización, modernización e integración y al fin tenemos que dentro de este envoltorio de papel retórico lo que queda es un hecho descarnado: pagar lo que antes no costaba, entregar el dinero a quien no es el Estado y todo ello a cambio de nada. Un buen ejemplo de reforma en tiempo de crisis.

"En una verdadera democracia no basta con poner en marcha el 'rodillo parlamentario' sino que conviene razonar y que los ciudadanos y los usuarios comprendamos esta sorprendente decapitación de uno de los pocos servicios públicos que funcionan bien en España"

En definitiva se trata, pues, de una privatización más. Muy propia de la moda de privatizaciones que hoy se lleva. A este propósito la polémica es inevitable porque unos están a favor y otros en contra de ellas. Pero también estamos quienes nos abstenemos de juzgarlas genéricamente y nos centramos en situaciones concretas porque, según los casos, unas privatizaciones serán recomendables y otras rechazables. Veamos entonces que es lo que ha pasado aquí.
En el análisis de un supuesto concreto hay que preguntarse por lo pronto si la operación es necesaria. En nuestro caso la respuesta ha de ser negativa ya que el servicio funciona bien en manos públicas. En consecuencia la privatización sólo puede justificarse demostrando que los usuarios van a salir ganando y aquí es evidente que su bolsillo va a salir perdiendo.
Con lo cual llegamos a un punto muy delicado. Porque el Ministerio está obligado a explicar las reformas argumentando que los usuarios mejorarán con la supresión del actual Registro Civil. Lo que no ha hecho.
En cualquier caso una variante muy singular de privatización porque ya conocíamos las que se entregaban al mercado abierto en beneficio de la empresa mejor postora; pero ésta es una modalidad finalista que de antemano ya tiene destinatario: un cuerpo de funcionarios públicos. El panorama doctrinal y práctico se ha enriquecido, pues, con una nueva  variante -la de las privatizaciones corporativas- digna de ser estudiada en sesudas tesis doctorales e incluida en los temarios de oposiciones. Porque en verdad que aquí están en juego algunos puntos harto delicados: la oportunidad de la privatización, es decir, su necesidad y conveniencia económica y social; y en segundo lugar, su legalidad, es decir, la adjudicación automática (no licitada) a unos gestores predeterminados. Dos extremos que probablemente puedan superarse y que el Ministerio ya habrá analizado con cuidado; pero que ahora tendrá que defender ante la opinión pública y en su día en las Cortes.
No ignoro que a todo lo anterior algunos malpensados añaden el elemento de la sospecha basándose en la casual circunstancia de que el Presidente del Gobierno y el Director General pertenecen al cuerpo de los beneficiados. Conste que a mí no se me ha pasado por la cabeza semejante idea que considero mezquina e infundada. No creo que ni a uno ni a otro les brillen los ojos pensando en las tasas que van a percibir cuando vuelvan a su Registro. Ni creo tampoco que sus compañeros de cuerpo les hayan presionado para que cedan ante sus ambiciones corporativas. E incluso es improbable que la idea haya partido de los interesados, que bastante tienen con sus taras actuales y si algún día han de aceptar esta nueva será por imperativo legal y no con ánimo de lucro. Los registradores de la propiedad son, ante todo y sobre todo, juristas y nunca se han dedicado a dirigir empresas de servicios.
Pero las sospechas ahí están y sólo se despejarán cuando en un debate público se analice esta reforma concreta porque, si de veras está justificada, no quedará manchada la pluma del que la firme aunque él y sus amigos sean los beneficiarios. De momento pensemos que dichosos son los tiempos y felices los ministros que no viven agobiados por la urgencia de tapar boquetes en el casco de un barco que se hunde y que pueden dedicarse con tranquilidad a perfeccionar lo que en su departamento funciona ya a gusto de todos y no levanta críticas de los usuarios.
La dificultad estriba, sin embargo, en que ese hipotético debate público los interesados carecen de voz y, sin un interlocutor, no puede desarrollarse un diálogo. Que yo sepa, no existe una asociación de usuarios del Registro civil o algo parecido puesto que los ciudadanos sólo se acuerdan de él cuando aumenta la familia o se les muere un allegado. Un vacío que en cierto modo está previsto por el artículo 103.1 de la Constitución, donde se advierte que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales". Pues bien ¿cuáles son los intereses generales que aquí se atienden?