Los cambios de criterio en trece meses llegan ya a 56.

También insiste en su propuesta de superponer la registración integral sobre la actividad de los demás operadores jurídicos.

Nunca un Proyecto de Ley concitó tanta oposición en la comunidad jurídica

EL NOTARIO DEL SIGLO XXI no puede dejar de seguir denunciando, como lo ha hecho ya en los cuatro últimos números, la campaña corporativista que el equipo que actualmente rige la Dirección General de los Registros y del Notariado está orquestando desde un órgano del Estado abducido, y que no parece tener otra finalidad que reforzar el cuerpo de registradores de la propiedad, atribuyéndoles mayores competencias, potenciando el marchamo de su intervención y sujetando a su control mayores parcelas de la vida ciudadana que hasta ahora se  regían por el principio constitucional básico de la libertad y sin que puedan alegarse como ocurrió, con recortes anteriores, razones de seguridad frente al terrorismo.
Anómala resulta esta política si se la compara con lo que ocurre en el mundo entero, donde son desconocidos estos operadores jurídicos, o incluso en el ámbito de los países influenciados por el Code Napoleón que han superado hace años este sistema registral, y más concretamente también en el ámbito de la CEE donde está absolutamente desterrado por inconcebible e incompatible (sic), un sistema de registros con exclusivas, independencia de criterio calificador y arancel.
Las nuevas Resoluciones de este centro por otro lado siguen en su política de degradar el documento público  y la actuación notarial, y potenciar las competencias del registrador aún a costa de degradar a veces la propia Ley (el caso del artículo 98 de la Ley 24, que ha sido erosionado hasta la exasperación, es un caso paradigmático).
Nunca un Proyecto de Ley ha concitado tanta oposición de la comunidad jurídica. Notarios, funcionarios, catedráticos, sindicatos, cuerpos sociales y hasta casi la mitad del propio cuerpo registral se oponen a este proyecto totalitario de registración integral y cuasi-privatización de información pública y sensible que pasará a ser "administrada" por el cuerpo de registradores, aprovechando la coyuntura de un Gobierno de gran influencia registral.