JOSÉ ONETO
Periodista y escritor

La Transparencia, una asignatura pendiente en política

Hace seis años, la organización de control ciudadano “Access Info” remitió al Gobierno español una serie de preguntas con respecto a las medidas derivadas del convenio de la OCDE contra la corrupción, al que España está adherida. El Gobierno no contestó y la ONG fue a los tribunales para reclamar la información. Seis  años después, la Administración seguía sin contestar y ”Access Info” fue  condenada en costas a pagar 3.000 euros. Esta pequeña anécdota,  que reproduce el Instituto “Metroscopia” en su análisis sobre el momento por el que pasa la democracia española refleja  que un país tiene problemas graves cuando los ciudadanos tienen que acudir a los tribunales para solicitar información básica sobre la lucha contra la corrupción.  A la Petición de de la ONG,  se sumaron 120.000 firmas pidiendo al gobierno las mismas respuestas que había solicitado “Access info” con lo que cabe interpretar que una  parte creciente de la sociedad española reclama instituciones más creíbles y responsables, lo que empieza por hacerlas más transparentes. Estas intuiciones parecen confirmarse con los datos obtenidos por Metroscopia,  que señalan que 7 de cada 10 españoles piensan que las prácticas de corrupción son habituales y están generalizadas y que una Ley de Transparencia como la que ha propuesto el Gobierno del PP ayudaría mucho o bastante a prevenirlas.

"Los datos obtenidos por Metroscopia señalan que 7 de cada 10 españoles piensan que las prácticas de corrupción son habituales y están generalizadas y que una Ley de Transparencia como la que ha propuesto el Gobierno del PP ayudaría mucho o bastante a prevenirlas"

Esa Ley comenzó siendo una Ley con visos electorales, casi propagandísticos, y ha terminado siendo, si no se complica todo, la solución a muchos de los problemas que aquejan a una democracia tocada por la corrupción, por la falta de información, por el ocultismo, por el secreto, y por el miedo a la libertad. Se trata del proyecto de Ley  de Transparencia, Acceso  a la Información  Pública y Buen Gobierno, cuyo primer texto fue aprobado en Marzo del 2012 por el Consejo de Ministros, que sufrió posteriormente  una veintena de cambios ,  que dio lugar a otro texto meses más tarde y sobre el que se lleva trabajando desde entonces, con una creciente presión en la calle y en las redes sociales ,hasta el punto que hasta la Casa Real ha pedido ser incluida en una Ley que puede contribuir a clarificar muchos aspectos de la política española, en unos momentos en los que está siendo tan criticada y  desprestigiada por los numerosos casos de corrupción que afectan a casi la totalidad de los partidos políticos.    
En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes, tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones. En estos momentos,  hay 93 países en el mundo, según el Global Right to Information Rating, que poseen leyes de transparencia de información sobre sus entidades públicas y gobiernos. España es la excepción a esa  norma, pero entrará en la lista cuando el Proyecto de Ley  que está siendo discutido en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, salga  definitivamente del trámite parlamentario en el que se encuentra actualmente y se apruebe a finales de este año, como pretenden los partidos políticos que más exigentes se están mostrando
La futura Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,  establece, en principio,  una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información complementaria,  Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos públicos., se estableció la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización. Todo eso con el objetivo de incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información pública en España a todas las personas. Por un lado, reconoce la información de las instituciones públicas, y por otro lado reconoce,  también,  la obligación de la instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.

"En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes, tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones"

Además la ley  tiene previsto imponer  sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Entre las sanciones contempladas por la ley se encuentran: destituciones de cargos públicos, no percepción de pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia, `por experiencia, Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información. Según apuntó en su día la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la ley, en principio, y a expensas de las enmiendas que se introduzcan, tiene varios puntos sujetos a crítica:
No se especifica que el acceso a la información de los ciudadanos es un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión.
Si en un contrato público se recoge una cláusula que impida el acceso a determinada información, la ley no podría acceder a ella.
Hay poca concreción en las excepciones al acceso a la información, que afectan a "seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios".
No se puede solicitar información de manera anónima. La Agencia Estatal de Transparencia, en opinión de la OSCE, no ofrece "garantías suficientes de independencia" ya que actuará siempre en el marco de un ministerio.
Muchas peticiones reclamaban "la conversión del silencio negativo en positivo", pero el Gobierno decidió no hacerlo "ante la situación de materias importantes y sensibles", como la seguridad nacional o, para proteger intereses "públicos o de terceros que hay que preservar"
Lo que, sin embargo, es una realidad es que el contexto político del país, y el grado de agitación social, han superado los planes iniciales del Gobierno, e incluso a los propios legisladores que  se han visto superados por la presión ambiente , y que después de debatir los pro y contras en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, han sido convocados para analizar  algunas modificaciones  en el texto, muy especialmente en el encaje  de la Casa Real  y de la Iglesia católica, , así como Instituciones como Los Colegios Profesionales que disponen de fondos  sin ningún tipo de control, en las normas de transparencia .

"La ley  tiene previsto imponer  sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida. Entre las sanciones se encuentran: destituciones de cargos públicos, no percepción de pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la Hacienda Pública"

En los últimos tres meses, 25 expertos han pasado por la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre el proyecto de ley y, aunque sus miembros barajaban llamar en los próximos días a representantes de UTG, CCOO y la CEOE, el Ejecutivo no cree necesarias más comparecencias ya que desea entrar en materia cuanto antes. Del  primer texto que pretendía exceptuar al escrutinio de la ley una serie de espacios públicos o simplemente ya ni los citaba, se ha pasado a un debate en el Congreso, pero también en la calle, sobre la necesaria ampliación de los ámbitos del texto y sus pretensiones. El golpe de efecto del PP se ha convertido para su grupo parlamentario y para el propio Gobierno en un galimatías de difícil solución donde temas como los partidos, la corrupción, la Monarquía o la calidad y preeminencia del derecho a saber sobre el derecho a proteger u ocultar, se han convertido en cuestiones  que, en principio, , no estaban planteadas, pero que los propios acontecimientos han obligado a incluirlas, por el desgaste que han sufrido los partidos políticos o por la notoriedad que han adquirido los casos Urdangarin, Bárcenas o los Eres andaluces.
Hay que concluir que "donde hay luz y taquígrafos es más difícil que anide la corrupción”. Periodistas, académicos, funcionarios especializados pero también empresarios y sindicalistas ofrecen estos días una riqueza de argumentos que sorprende por su exuberancia, buena muestra todo ello del interés despertado y por el estado de ánimo del país ante el debate de la calidad democrática ya que donde hay “luz y taquígrafos” es más difícil que anide la corrupción y la ciudadanía de hoy y del futuro se niega a ser tratada solo como electores a cuatro años y consumidores y quiere interactuar con su administración y con su democracia.