Ya sea en su sentido originario de valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 de la CE), como en el de institución fundamental del Estado (por otra parte tan vinculados entre sí), lo cierto es que la Justicia en España atraviesa en estos momentos una situación muy complicada. En la Tribuna de este número, el Fiscal General del Estado realiza un diagnóstico del actual estado de la Administración de Justicia que no puede suscitar sino una profunda preocupación. Lentitud, politización, desorganización, ausencia de medios materiales, descoordinación administrativa, desconocimiento de la jurisprudencia, etc. Las culpas están muy repartidas, pero no cabe negar que la responsabilidad del legislador es mayúscula, tanto por acción como por omisión.

"Las culpas por el actual estado de cosas están muy repartidas, pero no cabe negar que la responsabilidad del legislador es mayúscula, tanto por acción como por omisión."

Una recientísima prueba de los males derivados de la acción del legislador nos la acaba de proporcionar la reciente reforma del Consejo General del Poder Judicial, realizada sin consenso y en la que se perpetúan, cuando no agravan, los riesgos de politización derivados del sistema anterior. En cuanto a la culpa por omisión, el nuevo proyecto de reforma del proceso penal quiere salir al paso del abandono a la que se ha tenido a la Administración de Justicia estos últimos años en esta materia, absolutamente crucial ya se examine desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, a la vista de los derechos en juego. La reforma es urgente y necesaria, pero no puede realizarse con la precipitación y la falta de rigor que han sido tan frecuentes en el pasado. Se impone un estudio profundo de la cuestión, basado en información objetiva y fidedigna, antes de transitar un camino que puede constituir, ahora sí, la última oportunidad antes del desmoronamiento final. En este número comenzamos a analizar la propuesta de reforma procesal preparada por el Gobierno, materia que sin duda alguna seguirá ocupándonos en el futuro.
En el ámbito civil y mercantil la situación no es mucho mejor. El escándalo de las preferentes está todavía pendiente de una solución satisfactoria, sin que quepa presumir que ni el sistema arbitral propuesto, que se analiza en este número, ni en su defecto el sistema judicial, totalmente atascado, estén en condiciones de solventar este grave problema. Por su parte, las medidas de protección a los deudores hipotecarios ya adoptadas, y las previstas para el fomento del emprendimiento, adolecen de idéntica falta de ambición, tanto en lo que se refiere al sobreendeudamiento de las familias y racionalización de los mecanismos de ejecución, como en la imprescindible agilización de los procedimientos concursales. La sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, por su parte, ha venido a añadir más confusión al asunto, motivando a su vez una reacción del legislador que casi cabe calificar de puramente cosmética.
Cuando todos estos factores se ponen en relación hay que concluir que la Justicia en España, entendida en el primer sentido del término, como valor básico a perseguir, no sale bien parada. Y lo cierto es que su actual maltrato resulta extraordinariamente grave, especialmente si consideramos que ocurre en un contexto de graves dificultades económicas. Los españoles parecen dispuestos a asumir importantes sacrificios materiales, pero hay que recordar que nunca han sido muy dóciles cuando comprueban que tales sacrificios no se reparten equitativamente; reparto equitativo que, a la postre, constituye la aspiración final de la Justicia. Confiemos en que las reformas en curso tengan la ambición y el acierto suficiente como para marcar un positivo punto de inflexión de cara al futuro, tal como aconteció con las importantísimas reformas liberales de finales del siglo XIX. La coyuntura actual no es menos importante.