Las sentencias del Tribunal Supremo del pasado 3 de febrero confirman la nulidad de las suscripciones por minoristas de acciones de Bankia en su salida a Bolsa por inexactitud en el folleto de emisión. Sin perjuicio del análisis técnico de su argumentación, que se realiza en la tribuna de este número, las sentencias cierran el caso civil derivado de la salida a Bolsa (al margen de los coletazos que puedan todavía acaecer derivados del espinoso asunto de las costas de aquellos demandantes con procedimientos en curso). Pero si combinamos la experiencia obtenida de este asunto con las incesantes revelaciones derivados de los casos penales actualmente abiertos, obtendremos un cuadro final de fracaso cuasi sistémico enhebrado sobre una serie de nudos todavía por desatar.
Un reciente informe de los peritos del Banco de España eleva a 46.000 millones de euros las ayudas públicas a cargo del contribuyente a favor del grupo BFA/Bankia, casi el doble de la cifra oficial. Una cantidad absolutamente escandalosa en una época de restricciones presupuestarias y recortes en servicios básicos a los ciudadanos. Ese mismo informe destaca el más que deficiente papel desempeñado en el control de esta operación por la CNMV e incluso por el propio Banco de España, cuyas funciones y régimen de incentivos personales e institucionales no han sufrido el más mínimo cambio desde entonces. Las propuestas de mejorar la regulación adoptando el esquema del “doble vértice” (encomendando a uno la vigilancia de la solvencia de las entidades y al otro la defensa del inversor) no solo no se han concretado en nada, sino que resultan de eficacia muy dudosa mientras esos controladores sigan dependiendo de forma tan intensa del poder público de turno.

"Que la ciudadanía española haya sabido detectar y castigar adecuadamente las correspondientes responsabilidades es algo hoy cuanto menos dudoso"

Si de los controladores externos de carácter público pasamos a los internos y al papel desempeñado por los propios protagonistas, el juicio no es precisamente más favorable. El famoso informe de la empresa auditora encargada de fiscalizar las cuentas nos debería advertir sobre la dificultad de los agentes privados encargados de vigilar el mercado (gatekeepers) para desempeñar adecuadamente su cometido mientras estén sujetos exactamente a los mismos incentivos y a las mismas tentaciones que aquellos a los que deberían fiscalizar. Sobre esto tampoco ha cambiado nada. Algo semejante ocurre con la actual dirección de Bankia. Su empecinamiento en llevar un caso perdido hasta el final no ha implicado más que un coste estratosférico en abogados para los accionistas y contribuyentes y abrir un probable nuevo capítulo judicial para el caso de las costas. Pero eso sí, la responsabilidad personal de los directivos queda completamente blindada. De nuevo los eternos problemas de agencia entre gestores y propietarios.
Pero todo ello no nos debería hacer olvidar quiénes son los verdaderos responsables de este terrible desaguisado. Sí, en primer lugar, los políticos al mando, sin duda alguna. Tanto por la génesis del problema, como por su gestión, como por su resolución final. No podemos olvidar que el agujero de las Cajas españolas es un ejemplo perfecto de a lo que conduce una banca pública en un país partitocrático y clientelar como el nuestro, ejemplo, por cierto, que parece que todavía no ha convencido a muchos que siguen defendiendo este modelo. Su lamentable utilización para tejer redes de poder político y económico a través de amigos y clientes incompetentes para la función que debían desempeñar es la causa inicial del desastre, pero explica también las dificultades para gestionarlo y encontrarle solución. La designación del ministro de Economía en noviembre de 2012 como el peor ministro de Europa por el rotativo Financial Times seguramente se debe menos a su reconocida competencia profesional que a la dificultad de gestionar una crisis de esas proporciones con nuestro actual marco político e institucional.
Por último, que la ciudadanía española haya sabido detectar y castigar adecuadamente estas responsabilidades es algo cuanto menos dudoso en esta época de incertidumbre política en la que todavía casi todo puede pasar. Los inversores minoristas que apostaron por Bankia, sin duda en gran medida engañados, han recuperado su dinero o están en trance de hacerlo. A los institucionales la fundamentación de las sentencias no deja de abrirles una puerta, como comentamos en este número. A los despachos de abogados y a otros agentes privados no les ha ido del todo mal. Los políticos responsables siguen ahí. Solo el ciudadano contribuyente tiene motivo para quejarse. Pero si, como decía el juez Brandeis, en una democracia el cargo más importante es el de ciudadano, con este ocurre también lo mismo: todavía está por ver que sepa desempeñarlo.