JAVIER GÓMEZ TABOADA
Abogado tributarista. Socio de MAIO LEGAL (www.maiolegal.com)

DERECHO FISCAL

¿Dos décadas -cuatro lustros- es mucho tiempo? Haciendo gala de mi condición galaica diría que “depende”: para el universo, apenas un suspiro; para una persona, una gran parte de su vida; para un país, una generación… En cualquier caso, tiempo ganado o perdido, that´s the question. El interrogante viene al hilo de la reflexión que preside estas líneas: veinte años en los que el contribuyente, en España, se apeó (aunque a algunos nos apearon) de su condición de ciudadano para degradarse a la de súbdito.
Muchos -y todos ellos relevantes- son los síntomas que permiten diagnosticar esta patología. Por apuntar solo algunos de ellos, baste señalar la imprescriptibilidad de los impuestos anudados a la tenencia de patrimonio foráneo no declarado, la posibilidad de que la Administración tributaria compruebe -y recalifique- negocios hechos en ejercicios ya prescritos, la inmunidad de los argumentos del fisco frente a la suspensión cautelar adoptada en sede judicial, la exigencia de intereses de demora devengados durante litigios transitoriamente ganados por el contribuyente, la imposición de gravosas -y no debidamente justificadas- medidas cautelares en defensa del crédito tributario, la posibilidad de que el erario público vuelva una y otra vez a regularizar un mismo hecho, la peligrosa inutilidad del trámite de audiencia (donde cobra toda su crudeza eso de que “todo lo que Ud. diga podrá ser utilizado en su contra”), o -en fin- esa perenne sensación de que el contribuyente siempre está en la casilla equivocada (paradigma de ello, el laberinto de la exención del salario percibido por trabajos en el extranjero vs la política de precios de transferencia del pagador), etc.. Y paro aquí por no aburrirles.

Con todo, si me apuran, lo más llamativo y lo que, como tal, más me enerva, es la pasividad de la sociedad frente a este estado de cosas. Porque, más allá de quejas individuales y del legítimo derecho de defensa (muchas veces no más que un mero “pataleo”), ni una iniciativa colectiva, ni una propuesta social, ¡nada! La sociedad ya no es que esté inerme -que lo está, pues ha entregado, sin preguntar demasiado, las llaves al “poder”- sino que, además, parece anestesiada, adormecida.

"Muchos son los síntomas que permiten diagnosticar esta patología"

Es por ello que este estado de cosas tal pareciera ser fruto de un cambio más de fondo, de mayor calado. Así, en estos veinte años hemos pasado de una resaca neoliberal -una herencia de los postulados de Reagan y Thatcher, al fin y al cabo, los vencedores de la “guerra fría”-, que colocaba la libertad individual en el centro, a otra “cosa” en la que, aunque formalmente ésta sigue siendo el aparente protagonista, su papel cede -siempre, y en cualquier caso- en favor de la colectividad, del cuerpo social. Y es que los términos del contrato han cambiado: el Estado del bienestar ha crecido hasta convertirse en un monstruo de siete cabezas que, en su ansia paternalista (que ha venido a inhibir -por las buenas o por las malas- la iniciativa privada), ya se ocupa de todo…, eso sí, a cambio de que las personas le entreguen su “alma” de ciudadanos para quedarse solo con los harapos propios de los súbditos. Y, además, un trato es un trato; de ahí que no haya quejas…
Sólo así cabe entender que la elefantiasis del Estado (o de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento; que me da igual) haya invadido todas las facetas de nuestra vida, metiéndose literalmente hasta la cocina, pues él, en su inmensa magnanimidad, ya toma todas las decisiones porque, además, “eso es lo que queremos”. ¿Cómo sino se explica que el 54% de la población española (por contraposición al 34 de media de la UE) apoye que “los ingresos deberían ser más equilibrados, aunque ello pueda significar que las personas que se esfuerzan más y las que se esfuerzan menos ganen cantidades similares”?¹ Pero claro, para atender esa creciente demanda de necesidades materiales se requieren más y más recursos, siendo así que, además, “(…) la ley fiscal ya no parece ser la expresión de la autoimposición por la comunidad política, (…), sino que ha devenido en una formal ratificación parlamentaria de lo previamente cocinado, sin posibilidad de rectificar el caldo, en las dependencias administrativas”².
El problema, grave, que este postindustrial “pacto diabólico” (mediante el que el Leviatán, como todo “padre”, no busca otra cosa que el bien de sus “hijos”; léase “interés general”) supone es que tiene muy difícil marcha atrás: la ciudadanía -en masa, colectivamente- ha entregado al poder sus derechos más inalienables a cambio de que éste le procure el bienestar material (en cuyo altar “todo” vale en pos de los anhelados ingresos; de ahí la degradación a súbdito del contribuyente, sacrificado en la hoguera “antifraude”), pero aquella, al despojarse de sus vestiduras cívicas, también ha renunciado a preservar su sacrosanta iniciativa privada.
No otra cosa era la que, tan acertadamente, advertía Margaret Thatcher, ya en 1979: “Cada uno de nosotros debe asumir sus propias responsabilidades. Lo que somos y lo que podemos llegar a ser depende esencialmente de nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el auténtico motor de la sociedad? El deseo de la persona de conseguir lo mejor para él y su familia. La gente no va a trabajar para el ministro de Hacienda. La gente trabaja para su familia, para sus hijos, para ayudar a cuidar a sus padres. Ese es el camino que ha hecho prosperar a la sociedad: el trabajo de millones de personas decididas a dar a sus hijos una vida mejor que la que ellos tuvieron. No hay alternativa para este instinto humano elemental, y lo peor que un Gobierno puede hacer es tratar de reprimirlo mediante una especie de alternativa colectiva”³.

"La ciudadanía ha entregado al poder sus derechos a cambio de que éste le procure el bienestar"

Entonces, ¿dónde estamos? Pues en la sublimación del acierto -sí o sí- de lo público, en detrimento de lo privado (y de su innato derecho a equivocarse). ¿De dónde sino esa diarrea legislativa que todo lo inunda? ¿qué propósito -sino la búsqueda de la callada sumisión al poder- tiene toda esa pléyade de trámites burocrático/administrativos que asfixia tantos y tantos proyectos empresariales? Esta praxis ya la denunció Cornelio Tácito: “corruptissima republica, plurimae leges”. Y, todo ello, con el agravante de que “la arbitrariedad del Legislador democrático es mucho más grave que la del déspota de antes”⁴.
Mal panorama, pues, el que se abre ante nosotros, porque “¿quién se mueve hoy sin topar inmediatamente con el Estado? Y aun sin moverse, con solo vivir, y aun sin vivir, el no nacido, y después de muerto, el Estado, siempre y a todas horas, vigila al hombre, le acecha, le sigue”⁵. Es, en fin, la rendición -con armas y bagajes- del individuo (también en su faceta de contribuyente) frente a “la masa feble, sujeta a una democracia paternalista y únicamente sumida en la búsqueda de pequeños placeres materiales y de un frívolo bienestar; (…) un rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno” .
El ciudadano ha muerto. ¡Larga vida al súbdito!

¹ Valores políticos-económicos y la crisis económica, Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública, Fundación BBVA, abril, 2013.
² “¿Tiene sentido la presunción de legalidad?”, Francisco José Navarro Sanchís, Suplemento Iuris&Lex (El Economista 26 de julio de 2013).
³ Discurso del 16 de abril de 1979 en Cardiff.
⁴ Crítica de la razón jurídica, Alejandro Nieto (Ed. Trotta, 2007).
⁵ Hacia un nuevo Derecho Político. Reflexiones y comentarios, Adolfo Posada (Colección “Clásicos del Derecho”, Ed. Reus).
⁶ “Nuestras tiranías. Tocqueville acerca del despotismo democrático”. Juan A. Glez. de Requena. Revista Areté 1/2013.

Palabras clave: Contribuyente, Estado, Súbdito.
Keywords: Tax payer, State, Subject