CARLA FIBLA
Periodista especializada en información internacional y activista del Equipo Refugiados de Amnistía Internacional

REFUGIADOS

En agosto de 2016 se cumplirá un año de las primeras llegadas masivas de refugiados a las islas griegas del mar Egeo. Miles de personas arriesgaban su vida cada día en lanchas endebles, ataviadas con chalecos salvavidas falsos, completamente desesperados tras pasar más de cuatro años en campamentos de refugiados colindantes a la frontera con su país, intentando no perder la esperanza de regresar y retomar sus vidas en cuanto fuera posible. La guerra o la persecución en sus países de origen les ha obligado a enfrascarse en esos viajes, en ocasiones teniendo que permanecer en campos de refugiados en países como Líbano, Jordania o Turquía, sin acceso a servicios básicos que les permitieran tener una vida digna, como sanidad o educación.
Entre el 2 y el 3% de los que viajaron murieron. Según fuentes oficiales proporcionadas por la OIM (Organización Internacional de Migraciones), FRONTEX e instituciones de la ONU, en 2015 al menos 3.771 personas perdieron la vida intentando llegar a Europa por vía marítima (el camino que elige el 84% de los refugiados), de la cuales 805 se ahogaron en el mar Egeo. El 30% de los cuerpos que se llevó el mar eran menores.
La magnitud de la tragedia la da las cifras, que deben ser recordadas y actualizadas para obligar a pasar a la acción, para que se intervenga en la tragedia humanitaria que están sufriendo los refugiados.
Según el ACNUR Siria es el país que a nivel mundial ha generado el mayor número de desplazados internos (7,6 millones) y de personas refugiadas (3,88 millones), pero no hay que olvidar que las dramáticas travesías las emprenden también quienes huyen de la guerra y la persecución en otros países como Afganistán (2,59 millones), Somalia (1,1 millones) o Eritrea, donde niños y niñas, al igual que ancianos, son reclutados para realizar un servicio militar indefinido de entre 10 y 15 años. Una situación que se traduce en trabajo forzoso del que deberían estar protegidos como marcan las convenciones internacionales.

Cerrando fronteras, vulnerando derechos humanos
Durante 2015 y 2016 la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) ha reforzado sus fronteras terrestres construyendo más de 235 kilómetros de vallas en Hungría, Bulgaria, España y Grecia. El coste ha superado los 175 millones de euros.
De hecho, entre 2007 y 2013, Europa gastó 4.000 millones de euros en inmigración y refugio, de los cuales sólo un 17% se empleó en atención al asilo. En el caso de España el contraste del presupuesto empleado en proteger las fronteras en lugar de a las personas también es alarmante: 290.000 millones destinados a lo primero y 9.000 millones de euros a la atención a las personas refugiadas. Sin ir más lejos, la realidad es que España gastó entre 2005 y 2013 más de 22.000 euros al día en la instalación y mantenimiento de vallas.
Esta política no es algo nuevo. Es la habitual respuesta de la Unión Europea a las crisis migratorias. Otras medidas recientes, con la excusa de la amenaza terrorista, como la ampliación del Estado de excepción en Francia, o el proyecto de ley antiterrorista en Polonia, que incluye medidas discriminatorias contra extranjeros podrían tener consecuencias sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

"Según el ACNUR Siria es el país que a nivel mundial ha generado el mayor número de desplazados internos (7,6 millones) y de personas refugiadas (3,88 millones), pero no hay que olvidar que las dramáticas travesías las emprenden también quienes huyen de la guerra y la persecución en otros países como Afganistán (2,59 millones), Somalia (1,1 millones) o Eritrea, donde niños y niñas, al igual que ancianos, son reclutados para realizar un servicio militar indefinido de entre 10 y 15 años"

“Esto me recuerda a Siria. Asusta a los niños. Nunca esperé encontrar algo así en Europa. Nunca”. Zaha, madre de 4 hijos de Damasco (Siria).
Junto con los testimonios de los que están sufriendo la incapacidad de la unión de países desarrollados hay que recordar cifras que confirman lo poco que se está haciendo. El reciente acuerdo entre la UE y Turquía ha sido el último golpe histórico contra los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, al permitir un mercadeo inhumano, un uno por uno sin precedentes, supuestamente en nombre de la protección. Pretender llamar protección a la decisión de que por cada refugiado devuelto a Turquía, otro será reasentado en Europa, procedente de los campos limítrofes de países como Jordania o Liba, es, cuanto menos, inmoral, pero también ilegal. Aunque recientemente hemos tenido buenas noticias, al saber que un tribunal griego ha fallado a favor de una denuncia de un refugiado sirio que había intentado solicitar asilo a su llegada a Lesbos y fue rechazado por la reciente firma del acuerdo, todavía tenemos que ser cautelosos y mantenernos en alerta por las violaciones de derechos humanos que este acuerdo ha provocado y provocará.
“Escapé de Siria para no ir a la cárcel y ahora estoy en una prisión”, un ciudadano sirio de 30 años en el centro de detención de Moria (Lesbos, Grecia).
Completamente desprotegidos, sin “un lugar para descansar”, como explican muchas de las personas que han sido entrevistadas por los investigadores de Amnistía Internacional en los países de tránsito de la ruta de los Balcanes, las personas refugiadas que están siendo bloqueadas, expulsadas y maltratadas en las fronteras europeas son la prueba de que la comunidad internacional ha olvidado el “principio de solidaridad, distribución internacional de la carga y corresponsabilidad” que impone la Declaración de los DDHH de la ONU y las resoluciones de la Asamblea General, respecto a asistencia humanitaria y cooperación en momentos de emergencia.

Crisis global de Europa
“¿Por qué no nos dejan marchar? ¿Quieren que muramos aquí? Hace frío y vivimos amontonados”, se preguntaba una pareja de 70 años procedente de Alepo (Siria) en Idomeni (frontera griega con Macedonia).
La incomprensión, incluso la rabia, de los que llegan a Europa buscando un lugar donde no solo no les bombardeen sino donde puedan volver a sentirse vivos y rehacer su vida cotidiana, se muestra en las caras de las más de 50.000, muchas de ellas menores, que se encuentran atrapadas en Grecia, mientras continúa el baile de cifras de reubicación y resentimiento que las autoridades europeas están dispuestas a aceptar. ¿Veremos de nuevo esa falta de solidaridad en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas?
Sin embargo, esa rabia por ver las malas condiciones que se con las que son recibidos es para los que llegan. Los que se quedan por el camino, o los que son devueltos a Turquía, tal y como permite el acuerdo, se enfrentan a otras violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, organizaciones, como Amnistía Internacional han denunciado uso excesivo de la fuerza contra personas refugiadas en Turquía, devoluciones a Siria, con el peligro que eso conlleva, así como el hecho de que algunas no reciben el tratamiento médico que requieren al llegar. Todo esto ha terminado con cualquier resquicio de humanidad y capacidad de gestión humanitaria de la crisis desde el punto de vista global.

"Durante 2015 y 2016 la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) ha reforzado sus fronteras terrestres construyendo más de 235 kilómetros de vallas en Hungría, Bulgaria, España y Grecia"

Y ha sido en 2015-2016 cuando Europa ha mostrado su vertiente más egocéntrica y desunida. Mientras Alemania acogía a más de un millón de personas refugiadas y Suecia le secundaba enarbolando los “valores humanitarios europeos”, Hungría negaba el acceso a procedimientos de asilo a los que hubiesen atravesado países considerados como seguros como Serbia y Macedonia; Austria autorizaba a los policías de frontera a arrestar a los demandantes de asilo durante 14 días y a deportarles; Dinamarca confiscaba los bienes de las personas refugiadas y les sentenciaba a permanecer durante tres años en campos antes de poder reunirse con sus familiares; y Eslovenia reducía las llegadas y la estancia aplicando el concepto de país seguro de origen, aumentando los riesgos de devolución en frontera.
España, por su parte, no ha sido tampoco un ejemplo de solidaridad a seguir. Por un lado, apenas ha recibido a personas refugiadas desde Italia (tan sólo a 18) y es uno de los pocos países que menos gente ha traído desde Grecia, así como tampoco ha reasentado a ninguna personas más desde mayo de 2015. Por otro, mantiene un sistema de asilo ineficaz, que deja al desamparo a las pocas personas que han llegado, que se encuentran con condiciones de hacinamiento en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETIS) y se enfrentan a la falta de información clara y eficaz para solicitar asilo y las ayudas a las que tienen derecho.

Los refugiados y migrantes tienen derechos
El artículo 14 de la Declaración Universal de los DDHH dice: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.
La normalidad con la que los gobiernos europeos están violando los tratados y convenios firmados y ratificados es la principal causa de la “crisis de valores” que están sufriendo los países desarrollados, cuyo efecto recae directamente sobre las personas que están pidiendo protección.
A las personas solicitantes de asilo no se les puede prohibir entrar en el país donde buscan asilo, deben tener acceso a un proceso justo y satisfactorio para lograr condiciones de vida dignas, el derecho a un intérprete y abogado, a contactar con familiares y ONGs, así como poder integrarse en los países de acogida. Estas personas deberían estar protegidas contra la devolución a países donde estén expuestas a sufrir tortura o amenazas contra la vida. Las personas refugiadas, que ya tienen el estatuto aprobado, tienen derecho a ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación, a ejercer con libertad su creencia religiosa, a tener una identidad y documentos de viaje, además de poder disfrutar de la vida en familia y de derechos laborales, a la vivienda, educación y sanidad.
Si pensamos en las medidas aplicadas por países como Hungría, Macedonia o Dinamarca respecto a las personas refugiadas en los últimos meses, lo expuesto en el párrafo anterior aparece como una utopía inalcanzable.

Acción tardía e insuficiente
La Agenda Europea de Migración planteó la reubicación de 160.000 personas para apoyar a Grecia e Italia, además del reasentamiento de 20.000 personas con necesidades de protección urgentes (ACNUR calcula que solo en Siria hay 450.000 personas en esa situación). A fecha de abril de 2016 se han ejecutado 1.145 reubicaciones (Francia con 379 ha sido el más generoso).
Amnistía Internacional exige un cambio radical de las políticas y prácticas con las que supuestamente se ha dado respuesta a la “crisis global de los refugiados”. La protección de las personas debe volver a ser el centro de cualquier criterio o decisión que se tome. Por eso es necesario trabajar en la “Unión de la protección”¹ .
La solución pasa por abrir rutas seguras y legales, para evitar que las personas refugiadas recurran a traficantes de personas; acelerar el reasentamiento de las 1,15 millones de personas que lo necesitan a día de hoy; otorgar visados humanitarios (de trabajo y estudios); y facilitar la reunificación familiar.

¹ Unión a la Protección: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/europe-drastic-change-in-response-needed-to-tackle-refugee-crisis/

Palabras clave: refugio, acogida, acuerdo UE-Turquía, rutas legales y seguras.
Keywords: shelter, host EU-Turkey agreement, legal and safe routes.