Afirmaba Solón, el legendario fundador de la democracia ateniense, que de entre todas las reformas que realizó durante su arcontado la que más le enorgullecía era la que atribuía a cualquier ciudadano la posibilidad de acusar a otro de un delito, aunque el actor no fuese uno de sus concretos perjudicados. Sencillamente, porque todo delito es en el fondo un ataque a la ciudad y, de esa manera, a cada uno de sus ciudadanos.
Es cierto que no se conocía entonces la institución del Ministerio Público, que desde los albores del siglo XIX tiene encomendado en nuestro país el encargo de “promover la persecución y castigo de los delitos que perjudican a la sociedad”, según afirmaba su histórico reglamento de 1835. Pero dicha ausencia no debe confundirnos. La importancia de la reforma soloniana sigue manteniendo su actualidad hoy en España, porque lo que buscaba por encima de todo era incentivar el compromiso cívico, que su autor consideraba como el elemento clave para la consolidación de la democracia y el control del poder político y económico. Por un lado, la reforma constituía una medida de pedagogía política. Por otro, de garantía constitucional.

"Si queremos mantener viva la acción popular los ciudadanos españoles debemos involucrarnos mucho más en su defensa"

España resulta singular en muchos aspectos, algunos poco halagüeños. No disponemos de una sociedad civil especialmente activa y movilizada en la defensa de los intereses públicos, como ocurre en otras democracias del norte de Europa. Y no cabe duda de que esa debilidad ha sido convenientemente explotada por algunos actores poderosos, tanto en el ámbito político como económico. Por eso, no está de más ser también algo singulares a la hora de crear ciertos instrumentos que pretenden paliar, al estilo soloniano, esa carencia, como ocurre con la acción popular.
No olvidemos tampoco que –sin perjuicio del extraordinario nivel técnico de sus integrantes- el Ministerio Fiscal presenta en la actualidad ciertas flaquezas institucionales, como su excesiva dependencia del poder político de turno y su riguroso principio jerárquico dentro de la carrera, que la acusación popular puede llegar a contrarrestar en beneficio de todos. Ese adecuado complemento seguramente no se aprecia en la práctica generalidad de los casos penales, perfectamente solventados gracias al magnífico trabajo de nuestros fiscales, pero sí en algunos pocos ciertamente sensibles en los que están en juego intereses muy particulares, como hemos comprobado repetidamente en los últimos años. Pues bien, su excepcionalidad no debe llevarnos a engaño, porque son precisamente esos ejemplos lo que miden la fortaleza de un Estado de Derecho y ayudan a asentar entre los ciudadanos la legitimidad democrática de un determinado marco constitucional.
Ocurre, claro, que son precisamente esos casos lo que más riesgos de abuso presentan. Es necesario, entonces, reflexionar sobre la mejor manera de evitarlos sin desnaturalizar a la institución, tal como hacemos en este número gracias a la colaboración de destacados especialistas en la materia, que, como es habitual, nos ofrecen diferentes perspectivas y puntos de vista. Pero, en cualquier caso, no parece deseable que la reforma de la institución, en el supuesto de acometerse, deje fuera de su ámbito de aplicación a ciertos delitos susceptibles, por su trascendencia, de indudable alarma social.
Lo que resulta evidente, en conclusión, es que si queremos mantener viva la acción popular los ciudadanos españoles debemos involucrarnos mucho más en su defensa. Y eso no conlleva solo argumentar sobre su oportunidad e idoneidad, sino implica, sobre todo, ejercitarla directamente, o al menos apoyar indirectamente a aquellas asociaciones honestas y responsables dispuestas a hacerlo cuando la ocasión lo merece. De otra manera dejaremos el campo abonado para que sea utilizada, no al servicio del interés público, que es lo que la justifica, sino de ciertos intereses particulares, como se está investigando en la actualidad con relación a algunos casos sonados. Pero, entonces, no echemos la culpa de ello a la institución, sino a nuestra propia ausencia de fibra cívica.