SIMPOSIO NOTARIAL 2016

Hay una convicción más o menos latente en el Notariado, entre los notarios, de que el sistema de la organización corporativa notarial no funciona, que la agenda, la actividad, e incluso, hasta el vocabulario que procede de la cúpula de la estructura orgánica es ajena a los problemas cotidianos con los que se enfrenta en su quehacer profesional. Asistimos a unas dinámicas de funcionamiento del Consejo, en términos de lógica política de gobierno/oposición, de tal manera que habitualmente surgen en el seno del mismo grupos, facciones (rectius: partidos) y los asuntos se deciden, no en función de la bondad o utilidad intrínseca de la propuesta, sino en función de la procedencia de la misma de uno u otro de los sectores en liza, siendo frecuente la adopción de decisiones “políticas” para la resolución de cuestiones técnicas. Y en íntima conexión con lo anterior, se observa que la saludable participación de todos en los órganos delegados para el análisis, estudio y ejecución de la política notarial ha mutado en cooptación.
Sería sin embargo un error creer que esta situación en el seno de las más altas instancias del notariado, es meramente transitoria, superficial y originada únicamente por la actuación individual de alguna o algunas de las personas encargadas del ejercicio de los cargos. Más allá, es reveladora de fallos estructurales, de diseño de los órganos rectores del Notariado.
En los últimos años el Consejo, nacido como evolución de la antigua Junta de Decanos, y concebido como un órgano de coordinación de los Colegios, que se configuraban como los verdaderos actores de la acción institucional, ha mutado en “supracolegio” y es en el seno del Consejo donde se toman las decisiones más relevantes en cuestiones que afectan tanto a los intereses profesionales de los notarios como al ejercicio de la función y a la relación con la Administración y demás actores de la vida política, social y económica. Pero a pesar de esto, el esquema organizativo pervive, en lo sustancial, como fue diseñado por el Reglamento Notarial en 1951. Todo ha cambiado a nuestro alrededor desde entonces, incluso el Consejo ha cambiado (personal, sedes, presupuesto), pero el mecanismo organizativo permanece incólume. Por otra parte, del Consejo ha nacido, para ir adquiriendo progresivamente propia vida y propio interés, una estructura no sujeta a control sino por mecanismos de tercer o cuarto grado, que se ocupa de la que puede venir en llamarse “política tecnológica”: ANCERT, que, sin una legitimidad clara, y en todo caso indirecta, impone obligaciones profesionales y financieras a los notarios, pero que está eximida del más mínimo grado de control y transparencia.

"La configuración actual de la forma de elección del presidente y del equipo ejecutivo vinculada no al principio democrático “un notario, un voto” sino al principio corporativo “un Colegio un voto” distorsiona la representatividad de esos órganos directivos"

Además, en el ámbito de las relevantes funciones atribuidas al Notariado en la prevención del fraude, del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Consejo, a través del Órgano Centralizado de Prevención, ha venido realizando interpretaciones de la legislación notarial y de la de blanqueo que pudiera pensarse no se acomodan bien con algunas de las reglas que rigen la actuación notarial, poniendo a la institución en situaciones comprometedoras y de discutible adaptación a la legalidad. La política de gestión de la información obrante en los protocolos, tanto en lo referido a su recolección (solicitudes de copias de escrituras sin respetar las normas aplicables y la doctrina del Centro Directivo sobre el particular) como en lo que atiende a su difusión (comercialización de las bases de datos de titularidad real) es una muestra clara de esto.
Desde luego, no han faltado intentos por parte de los notarios “de base” para lograr un cambio del sistema. Así, por ejemplo, las Jornadas del Colegio de Madrid de 2010, el Manifiesto que en 2013 suscribieron más de mil notarios; las Jornadas de Málaga, cuyas conclusiones recibieron centenares de adhesiones o el Simposio que se celebró en Madrid a finales de mayo de 2016. Iniciativas que siempre han sido desoídas y que han venido denunciando las ineficiencias y defectos del sistema y que, sumariamente pueden resumirse como sigue:

"Unos medios de control insuficientes o inadecuados pueden llevar a la dispersa e ineficiente inversión de los fondos del Consejo"

En primer lugar, la configuración actual de la forma de elección del presidente y del equipo ejecutivo, encargado de la gestión diaria de los asuntos, vinculada no al principio democrático “un notario, un voto” sino al principio corporativo “un Colegio (con independencia del número de colegiados), un voto” distorsiona la representatividad de esos órganos directivos, que se asienta sobre la falacia de que los intereses, necesidades y aspiraciones de los notarios divergen en función de la Comunidad Autónoma en la que se ejerza la función, obviando los factores que real y efectivamente determinan o pueden determinar conflictos llamados a ser compuestos por el órgano de representación, tales como la edad o la antigüedad en la carrera o las características socioeconómicas de la zona en que se ejerce la función o el tipo de documentación que se despacha en la misma.
En segundo lugar, la falta de transparencia en la gestión de los intereses comunes o colectivos, y que, de la manera más indignante estereotipa la norma contenida en el artículo 341 del Reglamento Notarial, según el cual la publicidad de los acuerdos del Consejo queda al arbitrio del propio Consejo.

"Una estructura más democrática y participativa no será la solución a todos nuestros problemas, no es condición suficiente, pero si necesaria, para afrontar los importantes retos del futuro"

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, la manera no suficientemente explicada en que se imponen contribuciones económicas y servicios de solicitud obligatoria, tanto por el Consejo como por su brazo armado en lo tecnológico, ANCERT. Y, en el lado del gasto, la opacidad con al que se gestionan los fondos obtenidos. En este último ámbito, no podemos tener la certeza, pues no hay nada que se parezca a una rendición de cuentas, de que los criterios de corrección al uso (es decir, justificación, procedencia, oportunidad y racionalidad) sean observados. En la ponencia se puso de manifiesto como unos medios de control insuficientes o inadecuados pueden llevar a la dispersa e ineficiente inversión de los fondos del Consejo, que, recuérdese, son comunes.
Como decimos, el sistema, así como está diseñado, en nada favorece a la adecuada gestión de nuestros intereses, lo que ha quedado patente en los últimos años, cuando el Notariado, su función y su papel en la construcción de las relaciones jurídicas, sociales y económicas han estado en el foco de la atención pública. A pesar de las peticiones y sugerencias de muchos notarios, que impulsaron iniciativas bien diseñadas en este sentido, las autoridades corporativas no asumieron con suficiente vigor – a salvo la creación de la OCCA- el examen de nuestro desempeño en el ámbito de la contratación en masa (sobre todo la bancaria). El órgano de interlocución con el Gobierno, la Administración y el mercado, llamado a advertir de las deficiencias del sistema y de los peligros que podía acarrear, no lideró las modificaciones legales que convenía introducir. El resultado es de todos conocido: hemos sido (injustamente, eso es cierto) acusados del desastre y nuestras escrituras se anulan a diario en los Tribunales.
Una estructura más democrática y participativa no será la solución a todos nuestros problemas, no es condición suficiente, pero si necesaria, para afrontar los importantes retos del futuro. La adaptación a los avances en las tecnologías de tratamiento, conservación y transmisión de la información; la definición de nuestro papel en el mercado y respecto del ciudadano-consumidor; la reclamación del valor de nuestra función en el sistema llamado de seguridad jurídica preventiva frente a la insolencia de otros actores del mismo sistema son tareas a abordar sin demora. Y solo pueden afrontarse estos retos con la participación del mayor número de notarios (que por otra parte están moralmente obligados a ello, no solo por su condición de miembros del cuerpo y en defensa de sus propios intereses, sino por estar insita esa obligación en sus deberes como tales notarios, servidores del interés público). Se dice, a modo de lamento, que el Notariado está permanentemente indagando sobre su propio ser. Nosotros decimos que es necesario que lo haga, que se someta a permanente revisión crítica, pues los polos en torno a los que gravita, Estado y sociedad, son asimismo cambiantes; la realidad muta constantemente y el Notariado, como cualquier otra institución, está condenado a adaptarse permanentemente a un mundo en incesante cambio. Y esa introspección solo será válida si es fruto de una reflexión colectiva.
Y no es admisible que tan graves y trascendentes negocios sean llevados por diecisiete Decanos, con opacidad y sin responsabilidad. Más aún teniendo en cuenta que los lamentables espectáculos a los que hemos venido asistiendo (con asombro, con pena, no sin cierta sorna; y que siempre son demostrativos de lo débil que puede ser la condición humana) están alejando de esas responsabilidades a los mejores de entre nosotros.
La ponencia del Simposio no fue solo crítica, también asertiva. Así, se propusieron, como medidas de reforma del funcionamiento institucional y orgánico del Notariado:
a) Encomendar la gestión de los intereses del Notariado y la representación del mismo a una Junta Directiva integrada por un Presidente y un número de miembros a determinar que sean elegidas por sufragio universal y directo conforme al principio “un notario, un voto”.

"Esperamos que el Consejo que está por venir tome nota de los errores del pasado y afronte con decisión los retos del futuro"

b) Fijación de las competencias de control y censura del Consejo, en el que habría que valorar la inclusión de un sistema de voto ponderado para ciertos asuntos.
c) La creación de un órgano adicional en la estructura corporativa, la Asamblea general, de convocatoria periódica, ordinaria o extraordinaria, a iniciativa de la Junta de Decanos o de un número determinado de notarios, competente para tratar sobre cualquier asunto que concierna al Notariado como colectivo, que pueda aprobar mociones vinculantes para la Junta Directiva y la Junta de Decanos.
d) El establecimiento de sistemas de voto electrónico en el que se realicen consultas sobre determinadas decisiones o sobre las orientaciones generales de la dirección corporativa.
e) El establecimiento de foros de debate internos, en formato electrónico, gestionados y dirigidos en los que se someta a debate y discusión entre los notarios cualquier asunto que pueda afectar a la corporación.
f) El establecimiento de sistemas transparentes y de libre concurrencia en la selección de los notarios que van a formar parte de las comisiones técnicas del Consejo. La colaboración en las tareas corporativas es un deber, pero también es un derecho.
g) El establecimiento de sistemas de transparencia y control en cuanto a los ingresos y los gastos tanto del Consejo como de las sociedades y otras entidades vinculadas al mismo. Se incidió en la ponencia en la necesaria erección de un órgano de fiscalización, vinculado al Consejo pero con un alto nivel de independencia (mayoría reforzada para su remoción) adecuadamente provisto de personal y medios, con competencias definidas que se extiendan a la inspección sin trabas de los órganos y entidades fiscalizadas y que deba verificar los gastos y el cumplimiento de las exigencias de corrección formal y material.
Esperamos que el Consejo que está por venir tome nota de los errores del pasado y afronte con decisión los retos del futuro. No nos queda mucho tiempo para pensárnoslo.

Palabras clave: Notariado, Consejo, Organización.
Keywords: Notary, Council of notaries, Organisation.