MESA REDONDA

Esta primera mesa se dedicó a analizar la incidencia de la reforma reglamentaria en los Colegios Notariales, sin entrar en las cuestiones referentes a la relaciones entre los Colegios y el Consejo General. Intervinieron por la Asociación Joaquín Costa, Ernesto Tarragó, por Foro Notarial José Alberto Marín Sánchez, por la Asociación Independiente José Javier Corral Martínez, por el Grupo Jornadas de Burgos José María Segura Zurbano, y por la Asociación de Notarios y Registrados José Ignacio González Álvarez. Todos agradecieron la oportunidad de poder debatir temas esenciales para el notariado y lamentaron que la propuesta de reforma del reglamento no haya sido precedida por un debate o al menos por una consulta. El moderador indicó que en esta ocasión ha existido una invitación formal y expresa a todos los Decanos para que asistiesen.
El representante de la Asociación Joaquín Costa señala que ellos desde su fundación, propusieron una reforma de la estructura corporativa del notariado, que debía basarse en una decidida autonomía de los Colegios, con una coordinación a nivel de Consejo. La reforma de los Colegios ha de inspirarse en principios democráticos estimulando la participación de los notarios, la cual debe ser un vehículo para la formación permanente. Esta reforma debe comenzar por los delegados de distrito que deben ser elegidos por los notarios, no por la junta directiva, y potenciar sus funciones como cauce de enlace. En cuanto a la modificación del plazo de duración de los cargos directivos le parece que no es necesario modificar el actual de tres años ya que favorece una mayor renovación y sus funciones son puramente de gestión. Considera acertado que en las elecciones de las juntas directivas, las candidaturas sean cerradas. Estima que el proyecto es poco ambicioso en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, conteniendo un simple apunte de la posibilidad de voto electrónico. En su opinión habría que apurar las posibilidades de la videoconferencia, tanto para las Juntas Generales, como para las Juntas Directivas. También le preocupa el tema de la fiscalización o control de las juntas directivas que entiende que deben responder ante el Consejo General.
El representante de Foro Notarial insiste en la necesidad y urgencia de una ley de seguridad jurídica preventiva. Señala que el proceso de reforma estatutaria incrementará las potestades reglamentarias de las comunidades autónomas, que sólo podrían venir constreñidas por una norma con rango de ley. El proyecto de reforma del reglamento le parece precipitado y con numerosas imprecisiones y vaticina que lo mismo que ocurrió con la última reforma del RH, objeto de varias sentencias del TS que anularon diversos preceptos, ahora ocurrirá con la reforma del RN. Anuncia que la asociación a la que pertenece se va a oponer frontalmente a la reforma del reglamento tanto en el ámbito político como en el jurídico.
El representante de la Asociación Independiente señala que la cuestión del plazo de tres o cuatro años, no tiene mayor trascendencia y que hay que insistir en la democratización. Le preocupa mucho la estructura de los Colegios Notariales, algunos de los cuales dado su reducido tamaño se verán imposibilitados de atender las necesidades que impone el creciente protagonismos de la comunidades autónomas. Será muy difícil que algunos colegios puedan ejercer una labor eficaz de informe de proyectos de disposiciones y colaboración con la administración autonómica. Entiende que la reforma del reglamento debe de ir acompañada de una reforma del arancel y que hay que evitar la concentración documental y potenciar el derecho de elección. No le parece conveniente un colegio fuerte si no atiende estas exigencias del servicio público.
El representante de las Jornadas de Burgos insiste en que ya desde hace tiempo se venían pronunciando en pro de la democratización del notariado, que viene exigida por el art. 36 CE. Los notarios participan poco, en parte porque no se les convoca y en parte porque se despreocupan. La reforma del reglamento le parece poco democrática en lo referente a la organización corporativa y cree que con ella se pretende pasar de una democracia orgánica a un despotismo ilustrado.
El representante de la Asociación de Notarios y Registradores cree que es conveniente limitar el número de mandatos de los decanos, ya que ello facilita el acceso de nuevas personas. La cuestión del plazo de tres o cuatro años le es indiferente; cree que es inevitable la adaptación del ámbito territorial de los colegios a las comunidades autónomas, aunque ello puede dar lugar a algún colegio con una estructura muy débil. Le parece que no hoy no hay déficit democrático en los colegios y que el problema es como dinamizar la efectiva participación de los notarios.
En el coloquio Eloy Jiménez Pérez cree que los colegios funcionan y que por encima existe una nebulosa. La reforma debería atender a dar más libertad a los colegios frente al Consejo, que es el que hoy dispone.
Alfonso García Llanera critica el que las listas sean cerradas. José María Segura Zurbano abunda en la misma opinión y señala que la reforma no contempla la posibilidad del voto en blanco.
Julián Peinado dice que el Decano de Granada no ha podido asistir por tener una reunión con autoridades autonómicas y que le ha encargado que le represente. No sabe si ahora es el momento de tocar el Anexo V, pero quiere dejar claro que una Comunidad como Andalucía puede tener perfectamente dos colegios notariales, uno de Andalucía occidental y otro de Andalucía oriental; le parece una barbaridad la unificación en un solo colegio.
A continuación se debate sobre el tema de las listas cerradas. Ernesto Tarragó cree que las juntas son equipos de gestión, no órganos legislativos y que por eso es mejor el sistema de listas cerradas, que facilita la cohesión. José Alberto Marín señala que el sistema de listas cerradas es incompatible con lo que el mismo proyecto propone de elección en caso de vacante; lo coherente sería que las vacantes se cubriesen por cooptación.
Benito Martín Ortega cree que las juntas directivas no sólo tienen una función gestora sino que también tienen facultades de fiscalización y disciplinarias, lo que puede dar lugar a que con el sistema de listas cerradas se forme un bloque monolítico que se dedique a inspeccionar en base a criterios de afinidad personal. Don Francisco Fernández Prida señala que el sistema de listas cerradas es una monstruosidad antidemocrática. José María Florid se extraña de la poca importancia que se le dá a la ética y lo difícil que resulta imponer sanciones que luego no sean anuladas.
José Javier Corral Martínez aclara su intervención sobre el tema arancelario.
José González de Rivera señala la conveniencia de que exista una definición del notario con rango legal y también cree que hay que establecer límites cuantitativos al número intervenciones y otorgamientos, para asegurar la debida atención.
José María de Prada González señala que con la nueva delimitación territorial de los colegios, algunos carecerán de medios, por lo que se impone una labor de solidaridad que permita que los servicios de los colegios de mayor tamaño se abran a otros. José Alberto Marín cree que en este punto de la relimitación geográfica, estamos ante una auténtica chapuza, falta un estudio económico de viabilidad y se está activando una bomba sin contar con los afectados.
Mariano Gimeno señala que en una reunión de su colegio el decano ha informado que la adaptación de los colegios a las comunidades autónomas es una decisión política ministerial. Alfonso Caballé señala que está de acuerdo de que caben dos colegios en Andalucía y que se podrían crear consejos generales autonómicos.