Tras un año de parálisis política es imprescindible acometer de inmediato una serie de reformas fundamentales, necesarias para la sostenibilidad política y económica del país, que no admiten aplazamiento alguno. En ese escenario, el tema de las pensiones adquiere por derecho propio un protagonismo especial, tanto por su enorme impacto social como por su magnitud económica, con la consiguiente transcendencia para las arcas públicas. Este asunto exige, además, soluciones que miren al largo plazo, lo que sin duda va a poner a prueba los instrumentos de toma de decisión propios de nuestra democracia representativa, siempre tentada por el cortoplacismo. Y a nadie se le escapa que tras años de mayorías demasiado estables, en los que el Parlamento ha derivado hacia la irrelevancia y la esclerosis, las herramientas a nuestra disposición necesitan también ser repensadas. Difícil tarea entonces la que tenemos por delante: ajustar el vehículo sin por ello detenerse.

"Difícil tarea la que tenemos por delante: ajustar el vehículo sin por ello detenerse"

Que no resulta fácil conseguir el equilibrio lo acaba de demostrar Renzi con su fracasada reforma constitucional. Modificar radicalmente el sistema con los propios instrumentos del sistema, plantea idéntica dificultad que afrontar directamente las reformas para las que el sistema quiere modificarse. Esfuerzo que, cuando fracasa, se revela doblemente inútil. Por eso mismo, más que innovaciones radicales lo que se necesita es incentivar el diálogo y el debate responsable a través de reformas puntuales que lo faciliten.
La actual aritmética parlamentaria plantea indudables dificultades de gestión, pero también nos ofrece una gran oportunidad para recuperar el órgano fundamental de nuestra democracia: el Parlamento. Es allí donde deben encontrase las soluciones que nuestro país necesita. Y eso únicamente puede conseguirse a través de un procedimiento participativo que tenga en cuenta los mejores argumentos y abandone los peores eslóganes. En este momento no contamos con algo parecido, no sólo en lo que hace a la deliberación de los asuntos públicos, sino ni siquiera a su admisión y planteamiento, como consecuencia del veto del Gobierno a las proposiciones que impliquen aumento del gasto. Por todos esos motivos, la reforma del Reglamento del Congreso, que no planea especial dificultad técnica ni implica referéndums ni consultas de ningún tipo, a los que parece que ahora hay tanto miedo, debería constituir también una prioridad indiscutible. Al menos si hay verdadera voluntad de diálogo más allá de las meras posturas retóricas.
En los dos primeros bloques de este último número del año planteamos precisamente estos temas claves. La viabilidad económica del país y el futuro de nuestro Estado del bienestar, pilar clave del actual pacto constitucional, dependen muy mucho del acierto con el que resolvamos el problema de las pensiones. No cabe duda de que el coste de incurrir en la demagogia o en la improvisación puede resultarnos muy caro, tanto en términos económicos como políticos. Por eso no estaría de más intentar avanzar en su solución al mismo tiempo que nos preocupamos por ajustar y mejorar el vehículo que nos transporta: nuestro Estado de Derecho.