El 23 de junio pasado el 72% de los británicos se pronunció en referendum sobre si quería que Reino Unido siguiera formando parte de la UE (remain) o, por el contrario, prefería que saliera de ella (leave o Brexit). El 51,9% de esos ciudadanos (17.410.740 de personas) votaron a favor y el 48,1% restante se inclinaron por permanecer. Por territorios, en Irlanda del Norte y Escocia ganó la permanencia, con el 56% y 62% de votos, respectivamente, mientras que en Inglaterra y Gales triunfó el Brexit, con un 53,2% y 51,7% de los votos, respectivamente. En ciudades como Londres (75,2%), Edimburgo (74,4%) o Glasgow (66,6%) ganó ampliamente la permanencia. En las zonas más urbanas y jóvenes la preferencia fue permanecer, mientras que las zonas rurales y con población más envejecida se decantaron por la salida.
El punto en el que casi todos estuvieron de acuerdo es en que las economías, tanto británica como de la UE y de la mayoría de sus distintos Estados miembros, entre ellos, España, se verían negativamente afectadas. Efectivamente, al día siguiente del referéndum la libra se hundió y las principales bolsas de valores registraron fuertes caídas. Sin embargo, las predicciones más sombrías sobre el debilitamiento del crecimiento económico y del empleo aún no se han materializado. De hecho, la OCDE prevé que el Reino Unido crecerá este año incluso una décima más de lo previsto, hasta un 1,8%, mientras que la tasa de desempleo se encuentra en el 5%, valor mínimo en los últimos 50 años.
Este comportamiento de la economía, que no acaba de ver reflejadas las implicaciones del Brexit, se debe a dos motivos fundamentales: la intervención de las autoridades para minimizar su impacto y que el Reino Unido no ha iniciado aún el proceso de salida.
En efecto, el Banco de Inglaterra reaccionó con rapidez para atajar la volatilidad que sufrieron los mercados en las semanas posteriores al referéndum del 23 de junio, reduciendo los tipos de interés desde el 0,5% hasta el 0,25%, con el fin de animar a las empresas a solicitar financiación. Se trata de la primera reducción del coste de la financiación desde 2009 y sitúa los tipos de interés en un nuevo récord mínimo.

"Este comportamiento de la economía, que no acaba de ver reflejadas las implicaciones del Brexit, se debe a dos motivos fundamentales: la intervención de las autoridades para minimizar su impacto y que el Reino Unido no ha iniciado aún el proceso de salida"

También ha contribuido a sostener el crecimiento que la libra se ha depreciado un 10% desde el referéndum, lo que ha estimulado las exportaciones y ha llevado a un récord de visitantes al Reino Unido, destino ahora más barato.
Los efectos reales del Brexit sobre la economía británica dependerán de cómo se ajuste la política fiscal y monetaria, así como de cómo se definan los términos de la salida en el marco del artículo 50 del Tratado de la UE, tanto en materia de libre comercio de bienes y servicios como de libre movimiento de personas.
En este sentido, el Banco de Inglaterra tiene poco margen de maniobra, puesto que los tipos de interés están en niveles mínimos y esta autoridad se ha mostrado escéptica en cuanto a situar los tipos de interés en valores negativos, por temor a generar inestabilidad financiera.
En cuanto a la política fiscal, el déficit se sitúa algo por encima del 4% del PIB, por lo que habría cierto margen para la relajación fiscal, aunque limitada por la reacción de los mercados financieros y por el compromiso autoimpuesto por los británicos de llegar al equilibrio presupuestario en 2020.
Por lo que respecta al procedimiento de salida del Reino Unido, en efecto, el artículo 50 del Tratado UE prevé que un Estado pueda retirarse de la Unión. Para ello, una vez decidida la salida, de acuerdo con sus normas constitucionales, el Estado miembro debe notificárselo al Consejo Europeo. A partir de ese momento, la Unión debe negociar con el Estado hasta alcanzar un acuerdo que defina la forma de su retirada, acuerdo que requiere la aprobación por el Consejo de la UE por mayoría cualificada y su ratificación por el Parlamento Europeo. Será a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse -salvo prórroga unánime del Consejo Europeo- cuando los Tratados de la UE dejarán de aplicarse al Reino Unido.
Reino Unido aún no ha notificado formalmente a la UE su deseo de retirarse de la Unión. Las razones de esta demora son diversas. La primera es que abandonar una organización tan amplia y compleja, en la que Reino Unido ha participado durante más de 40 años, requiere preparación, tanto puramente administrativa como política.

"Lo que ayudaría sin ningún tipo de duda a la economía británica sería la claridad sobre el futuro. De todos es sabido que la incertidumbre desanima el consumo y la inversión y, en consecuencia, el crecimiento, por lo que conocer los términos en los que se producirá la salida efectiva del Reino Unido permitiría minimizar sus efectos negativos"

Desde el punto de vista administrativo, debe tenerse en cuenta que Reino Unido es el primer Estado que abandona la UE (abstracción hecha de Groenlandia). Por ello, no existen procedimientos claramente detallados y, sobre todo, aplicados en la práctica, que permitan una salida rápida. Al contrario, se requiere estudiar cada paso que se vaya a dar.
A ello se añade que el Brexit provocó la dimisión del Primer Ministro Cameron y llevó al nombramiento no sólo de su sucesora, Theresa May, sino de tres nuevos Ministros encargados de liderar la salida del Reino Unido de la UE quienes, a su vez, requieren tiempo para organizar sus departamentos. Más importante aún, teniendo en cuenta que la Primera Ministra se ha mostrado moderadamente partidaria de la permanencia en la UE y, sin embargo, ha nombrado como responsables de la salida a tres firmes defensores de la salida, será necesario un acuerdo dentro del partido conservador británico sobre los términos de la salida, previo a su presentación y negociación en Bruselas.
Desde el punto de vista político, la experiencia en la negociación de acuerdos de libre comercio de bienes y servicios ha puesto de manifiesto lo lento y complicado que resulta llegar a definir sus términos y ratificarlos. Pensemos, por ejemplo, en las interminables rondas negociadoras del TTIP entre Estados Unidos y la UE que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por acercar posturas, actualmente están seriamente amenazadas. Teniendo en cuenta que desde el momento en que Reino Unido solicite formalmente su salida de la UE contará con dos años para hacerla efectiva, se teme que ese tiempo sea claramente insuficiente para definir sus nuevas relaciones comerciales, tanto con los 27 países que permanecen en la UE como con los terceros países con los que hasta ahora se relacionaba sobre la base de los acuerdos de la UE con Estados no miembros. Por ello, algunos ven el riesgo de que, expirado ese plazo de dos años, el Reino Unido quede transitoriamente sometido a las normas generales de la Organización Mundial de Comercio (WTO) y, en consecuencia, se le apliquen los aranceles y barreras al comercio habituales para cualquier país, frente a las preferenciales derivadas de pertenecer a la UE.
Estas nuevas relaciones de intercambio comercial impactarían directa y negativamente sobre la economía británica. Reino Unido se enfrentaría a aranceles en industrias exportadoras tan relevantes para su economía como el automóvil y la farmacéutica, así como a barreras no arancelarias, especialmente sobre los servicios, incluidos los financieros, uno de sus principales sectores exportadores. Los bancos posiblemente perderían el pasaporte comunitario que les permite comerciar en la UE. Esta situación transitoria podría ser más larga de lo deseable teniendo en cuenta que la WTO cuenta con 53 miembros, cada uno de los cuales tendría que aceptar la participación de Reino Unido como país individual, no como miembro de la UE.

"Previsiblemente los tres puntos principales de negociación -y conflicto- entre el Reino Unido y el resto de la UE serán: la contribución de Reino Unido al presupuesto común, el sometimiento de Reino Unido a las reglas que rigen el mercado común y la aceptación de la entrada de trabajadores desde el resto de la Unión"

Una solución intermedia sería adoptar la postura de Noruega, miembro del Espacio Económico Europeo, lo que significa un trato comercial preferente con la UE, a cambio de contribuir al presupuesto comunitario y permitir la libre movilidad de personas.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, se espera que sea en 2017 cuando la economía británica sufra un frenazo, aunque no del 2% como previó en junio pasado la OCDE, sino del 1%, tal y como ha sido recalculado en septiembre. Por su parte, el Banco de Inglaterra también ha revisado sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2017, reduciéndolas desde el 2,3% hasta el 0,8%. Lo que ayudaría sin ningún tipo de duda a la economía británica sería la claridad sobre el futuro. De todos es sabido que la incertidumbre desanima el consumo y la inversión y, en consecuencia, el crecimiento, por lo que conocer los términos en los que se producirá la salida efectiva del Reino Unido permitiría minimizar sus efectos negativos.
Desde este punto de vista, el 16 de septiembre se reunieron los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de la UE (sin la británica), en Bratislava, para empezar a diseñar el futuro de una Unión sin Reino Unido. Había cuatro asuntos principales en la agenda: migración y control de fronteras, seguridad interior y exterior, economía y sistema de toma de decisiones en la UE. Si bien no ha trascendido el contenido de las conversaciones, dado que Londres no ha activado formalmente el artículo 50 del Tratado, sí parece que está triunfando la tesis alemana de tratar únicamente los problemas relacionados con la seguridad interior y exterior y la inmigración, dejando a un lado los avances hacia una mayor integración en la eurozona y con ello, la unión bancaria y la política fiscal única. Esta postura tiene sentido teniendo en cuenta que Reino Unido ha decidido abandonar la UE (no la eurozona, en la que nunca estuvo) y que diversos países europeos, entre ellos, Alemania, Francia, Italia u Holanda, están inmersos en procesos electorales.
Los hasta ahora socios comunitarios posiblemente exigirán a Reino Unido que acepte la libre movilidad de trabajadores procedentes del resto de la Unión, continúe contribuyendo al presupuesto comunitario y respete la regulación sobre el mercado único.
Por lo que se refiere a Reino Unido, la Primera Ministra británica anunció el 2 de octubre que esperará hasta el primer trimestre de 2017, no más allá de finales de marzo, para invocar el artículo 50. El otoño se ha iniciado con una Theresa May más orientada hacia la salida, defensora de la independencia y soberanía del Reino Unido con respecto a la UE, y con un claro rechazo al modelo de Noruega o Suiza, los dos países que han tenido que acatar la libertad de movimientos de la UE para tener acceso al mercado único.
Más concretamente, May y los partidarios del Brexit no están de acuerdo en seguir contribuyendo al presupuesto de la UE. Además, se orientan hacia el abandono del mercado único para buscar o bien un acuerdo de libre comercio (como el de Canadá) o bien que se apliquen a Reino Unido las condiciones comerciales de la WTO. Por último, May ha dicho claramente que, si bien no pretende detener toda la migración desde la UE, sí quiere tener el control total sobre a quién permite entrar en el país, lo que parece incompatible con las reglas de la UE sobre libre movilidad del trabajo.
Por tanto, previsiblemente los tres puntos principales de negociación -y conflicto- entre el Reino Unido y el resto de la UE serán: la contribución de Reino Unido al presupuesto común, el sometimiento de Reino Unido a las reglas que rigen el mercado común y la aceptación de la entrada de trabajadores desde el resto de la Unión.
Los siguientes pasos para la salida antes de la solicitud formal de “descuelgue” serán la celebración de otra cumbre extraordinaria de los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de la UE (sin la británica), en Malta, prevista para finales de enero o principio de febrero. En el resto de cumbres ordinarias del Consejo Europeo (20-21 de octubre, 15-16 de diciembre y 9-10 de marzo) posiblemente se trate el asunto, con la presencia de la Primera Ministra británica.

Palabras clave: Brexit, Negociaciones Reino Unido-UE, Consecuencias económicas.
Keywords: Brexit, UK-EU negotiations, Economic consequences.