Las elecciones autonómicas marcarán un antes y un después en la política catalana aunque los independentistas revaliden su mayoría

¿Puede cambiar algo en la política catalana después del 21 de diciembre? ¿Representarán las elecciones autonómicas un punto de inflexión? ¿Cómo si los independentistas vuelven a tener la mayoría de escaños en el Parlament de Catalunya? ¿Tendrán alguna opción de gobierno los partidos contrarios a la independencia? Muchos ciudadanos y también los analistas se hacen estas y otras preguntas similares desde que el 27 de octubre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocara las elecciones autonómicas para el 21-D. Acababa de intervenir la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ese mismo día, unas horas antes, en el Parlament se había proclamado la república independiente de Cataluña. O no. Porque pocos días después ante los jueces algunos líderes secesionistas, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dijeron que solo había sido un acto simbólico.
Forcadell no fue la única en desdecirse. Los dirigentes políticos del independentismo llevan ahora semanas diciendo que “no había condiciones objetivas para la independencia”, que “no estábamos preparados para crear un Estado”, que “la proclamación del Estado catalán el 27 de octubre fue un simple acto político sin trascendencia”... Así que lo que hicieron los días 6 y 7 de septiembre, cuando aprobaron en el Parlament de Catalunya la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre y la ley de transitoriedad a la república catalana -saltándose la Constitución, el Estatut y hasta el Reglamento de la Cámara-, y los días 10 y el 27 de octubre cuando, en formatos distintos, aprobaron la declaración de independencia, eran simples actos alegóricos. Un plan minuciosamente estudiado pero que solo iba dirigido, dicen algunos en privado, a presionar al Gobierno de Rajoy (que ha estado cinco años mirando para otro lado) para negociar. Creían, según esa versión, que en la Unión Europea se iban a asustar porque las cosas llegaban demasiado lejos y empujarían a Rajoy a aceptar un referéndum pactado. 
Pero en Europa se pusieron de parte de la legalidad constitucional y, por tanto, del Ejecutivo -nunca antes Rajoy había tenido tanto apoyo internacional-, el Gobierno no se amilanó y la ahora simbólica declaración de independencia se saldó con mucha algarabía, destrozos económicos -se han ido de Cataluña más de 2.500 empresas y han caído el turismo, el mercado inmobiliario y el consumo- y sociales, con la gran brecha abierta en la sociedad catalana entre los secesionistas y quienes están en contra de separarse de España. Además del gran daño causado a la reputación de Cataluña en el mundo.

"La realidad es demasiado decepcionante como para insistir en la misma hoja de ruta"

El 27 de octubre, no obstante, las cosas habían llegado demasiado lejos y el conflicto catalán parecía estar en un callejón sin salida. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont optó por la huida hacia ninguna parte y la mayoría de sus compañeros por plegar velas, al menos retóricamente, ante la querella presentada por la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra los miembros del Govern de la Generalitat y los de la Mesa del Parlament. Y ante la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre decidieron también adaptar sus estrategias a la realidad. Podían haber boicoteado los comicios -habían amagado con hacerlo-, pero todos, incluidos los antisistema de la CUP, optaron por concurrir con sus siglas o con listas “civiles” (Junts per Catalunya, la candidatura de Puigdemont y el PDeCat) a las elecciones autonómicas.
Así que las elecciones del 21 de diciembre se perfilan como el momento que debería marcar un antes y un después. Incluso si los independentistas vuelven a sumar la mayoría. No porque hayan hecho una reflexión sobre el desastre de lo ocurrido sino porque las circunstancias obligan. Así, si el conjunto de los secesionistas revalidara la mayoría absoluta en número de escaños en el Parlament parece difícil que puedan volver a desarrollar el mismo guión y repetir su desafío al Estado después del fracaso cosechado, que ha puesto en evidencia la falsedad de muchos de sus planteamientos.
La economía catalana, por ejemplo, lejos de acercarse a una prometida y utópica república de Jauja se ha encaminado hacia una especie de pesadilla: los dos bancos catalanes, CaixaBank y el Sabadell, y la mayoría de las grandes empresas han trasladado sus sedes sociales -y fiscales en muchos casos- a otras ciudades españolas. Tampoco consiguieron que ningún país ni organismo internacional reconociera la república catalana a pesar de los esfuerzos -y del dinero- destinados en los últimos años por el Gobierno de la Generalitat para lograr esa quimera.

"Cabría esperar un planteamiento más realista y la intención de tender puentes de diálogo"

La realidad es demasiado decepcionante como para insistir en la misma hoja de ruta. Incluso si decidieran no tener en cuenta la causa penal que pesa sobre muchos de los que han vuelto a concurrir a las elecciones -que saben que reincidir en los delitos de los que se les acusa puede llevarles, a algunos de nuevo, a prisión- la obstinación de los líderes no debería encaminar a esos cientos de miles de ciudadanos que sustentan el objetivo independentista a un nuevo callejón sin salida que solo generaría más y más frustración. Cabría esperar, por tanto, un planteamiento más realista y la intención de tender puentes de diálogo con el resto de las fuerzas políticas catalanas y estatales y con el Gobierno para buscar una solución al malestar de muchos catalanes, que, en algunos aspectos, trasciende a los independentistas.
En ese contexto se situaría la intención que se atribuye a ERC, que se perfila como la fuerza más votada y podría hacerse con la Presidencia de la Generalitat, de tratar de buscar una mayoría social más amplia y consolidada para una independencia a 15 años vista. Nada de declaraciones inmediatas y unilaterales. Dada la división entre las fuerzas independentistas, que se manifiesta especialmente entre Esquerra y el PDeCAT y, por concretar, entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y tanto si la suma de ambos partidos más la CUP diera o no mayoría absoluta en el Parlament, los republicanos están buscando el apoyo de Catalunya En Comú-Podem para un acuerdo de legislatura o, mejor, un gobierno de coalición. En lo identitario el punto fuerte de ese acuerdo podría situarse en la búsqueda del referéndum pactado con el Estado, no viable en este momento, pero que representaría la vuelta del partido de Junqueras a la casilla de salida. Se congela el proyecto independentista y se regresa al intento de una consulta legal.

"Hay demasiadas heridas abiertas que no será fácil restañar"

Esta es la hipótesis más probable que se baraja. Porque no parece que la correlación de fuerzas se vaya a modificar lo suficiente como para que sean las fuerzas no secesionistas las que puedan gobernar. Los cambios que se vislumbran son mínimos aunque los acontecimientos de los últimos meses han movilizado a esa parte de la sociedad catalana que no solía votar en las elecciones autonómicas. Ello podría desembocar en un mejor resultado para esas fuerzas políticas contrarias a la independencia. Pero es improbable que Ciudadanos, el PP y el PSC -que ha hecho el esfuerzo de incorporar a sus listas a antiguos dirigentes de Unió Democràtica de Catalunya, y a represantantes de Sociedad Civil Catalana, Federalistes d’Esquerres y La Tercera Vía- tengan un resultado que sumado les permita gobernar. Eso sin contar con que las diferencias programáticas que los separan harían prácticamente imposible una alianza de gobierno. De perder la mayoría los secesionistas, los no independentistas necesitarían también de la concurrencia de Catalunya En Comú-Podem -los comunes de Ada Colau y los podemitas de Pablo Iglesias- para hacerse con el gobierno de la Generalitat y aunque esa fuerza pudiera pactar con el PSC, salvando muchos obstáculos, no parece que vaya a estar dispuesta a confluir con Ciudadanos y menos aún con el PP.
En el periodo preelectoral algunos barajaban la hipótesis de un gobierno transversal en el que junto a ERC y los comunes/podemitas estuviera también el PSC, pero su líder, Miquel Iceta, negó cualquier posibilidad de pacto con un partido independentista. Está además la distancia marcada por el PSC al respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le aleja más del sector separatista y ya le costó que le echaran del pacto de gobierno con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona.
Sea como sea, lo cierto es que hay demasiadas heridas abiertas que no será fácil restañar y que con la lectura de los resultados del 21 de diciembre los líderes políticos catalanes tendrán que emprender un camino diferente, que busque reconciliar a la sociedad y recuperar la economía, además de avanzar hacia soluciones para los problemas de los catalanes. Alternativas que pueden ser osadas, pero que tendrán que ser viables en el contexto constitucional.