Que el viernes 27 de octubre no fuera como el martes 14 de abril parece estar en el origen del desconcierto de Puigdemont y sus valientes. Un intento secesionista como el perpetrado por el Govern y el Parlament lo mismo que un cambio de régimen a la manera del 14 de abril solo puede producirse si quienes lo impulsan tienen la fuerza suficiente para imponerse o si aquellos a quienes corresponde resistir el intento desisten de hacerlo y abandonan el campo. Fue el abandono lo que permitió que se proclamara la II República desde el balcón de la Puerta del Sol. De ese advenimiento queda una narración plasmada por Josep Pla en un dietario editado por Alianza donde anota puntual cuanto observa y averigua a partir de las siete de la mañana cuando amanece en el coche cama que le trae a Madrid y desayuna en el vagón restaurante con el señor Cambó impulsor de la Lliga. Mientras pasan por Guadalajara llega el café. A mediodía ya tiene nuestro cronista una referencia de lo sucedido en el Consejo de Ministros celebrado la víspera lunes 13 de abril por la mañana.
Sobre la mesa del Consejo de Ministros estaba una gran parte de los resultados electorales del día anterior domingo 12 de abril que arrojaban 40.324 concejales elegidos en las listas monárquicas, con 10 alcaldes de capitales de provincia; 36.282 concejales de la conjunción republicano-socialistas con 37 alcaldes de capitales de provincia; 3.219 concejales de Esquerra Republicana de Cataluña con 3 alcaldes de capitales de provincia; 1014 concejales de la Lliga Regionalista de Cataluña; 267 concejales del PNV; 67 concejales comunistas y 1.207 concejales independientes. Segregados los resultados en las Capitales de Provincia la Conjunción Republicano Socialista sumaba 937 concejales y 37/39 alcaldes y los monárquicos 552 concejales con 10/18 alcaldes. Cuenta Pla que el Rey pidió a los ministros su opinión sobre la situación política creada por los resultados electorales. La Cierva, ministro de Fomento, sostuvo la teoría de la resistencia porque unas elecciones municipales no se podían tomar como una palanca para cuestionar la forma de gobierno. Propugnaba un gobierno de fuerza, implantar la censura y resistir.

"Un intento secesionista como el perpetrado por el Govern y el Parlament lo mismo que un cambio de régimen a la manera del 14 de abril solo puede producirse si quienes lo impulsan tienen la fuerza suficiente para imponerse o si aquellos a quienes corresponde resistir el intento desisten de hacerlo y abandonan el campo"

El Rey inquiere con qué resistir y La Cierva contesta que con el ejército. Entonces se encarga al ministro de la guerra, general Berenguer, que pregunte a los capitales generales la postura que adoptarían en el caso de que se optara por hacer una política de resistencia. El general cursa un telegrama circular urgente a las Capitanías y las respuestas van llegando mientras sigue la reunión del Consejo de Ministros. Después de La Cierva habla con Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, ministro de Gracia y Justicia, que según resume Pla hace el discurso del liberaloide tibio: resistir pero salvando las esencias; hacer una política de fuerza pero con guante blanco; aguantar pero al mismo tiempo aflojar.
Las respuestas de las Capitanías incluyen declaraciones monárquicas evidentes pero sobre cuál sería su alineamiento en el caso de adoptarse una política de resistencia los equívocos lo son todavía mayores. Muy pocas reflejan una posición franca, clara y decidida. El ministro de Hacienda, Juan Ventosa, plantea que las instituciones tienen dos caminos. Si se decide la resistencia se debe formar un ministerio de fuerza y prescindir de nosotros, al menos de mí. Nosotros representamos otra política. Si se decide el segundo camino, se han de abrir enseguida negociaciones. Hay asentimiento general y el Rey se adhiere explícitamente. A Romanones se le encarga la negociación con el Comité Republicano, o sea el ministerio del pacto de San Sebastián. Esa misma tarde la inicia con Alcalá Zamora en el domicilio del doctor Marañón. Termina el Consejo, los ministros saludan al Rey que se ha mantenido -apunta Pla- en un estado de impávida serenidad. Al despedirse del señor Ventosa le dice que seguramente podría resistir. Pero la fuerza material no puede emplearse cuando no se tiene fuerza moral para ello...
A Pla le parece una observación excelente, un buen resumen de la mayor parte de un reinado. Constata con curiosidad que, a veces, los hombres comienzan a ser señores cuando lo han perdido todo y añade que en política, ante una acumulación de imponderables, no hay resistencia posible. No menciona un dato relevante y es que el General Sanjurjo al mando de la Guardia Civil pone en duda la fidelidad de sus hombres si se optara por una política de resistencia a ultranza que les enfrentara con la población. En todo caso, los republicanos pudieron decir que no habían arrebatado el poder sino que lo habían recogido del arroyo donde sus titulares lo habían abandonado. Empieza el izado de banderas republicanas y de la perplejidad se pasa al entusiasmo en un instante. Miguel Maura y Manuel Azaña se presentan ante el portón del Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol. El oficial de la Guardia Civil pregunta qué desean. Dicen ser el Gobierno Provisional de la República y les forman la guardia. Suben al despacho del ministro y hablan con todos los gobernadores civiles que quedan a sus órdenes.

"El 27 de octubre es difícil detectar ni un gramo de gallardía ni de dignidad. Todo parecen cautelas leguleyas para evitar incurrir en responsabilidades pecuniarias, civiles, penales, canónicas, laborales, administrativas o disciplinarias"

En breve, examinado el cambio de régimen producido el 14 de abril queda clara la conclusión: se trata de un caso de proclamación de la República por desistimiento de las autoridades que encabezaban el sistema de la Monarquía Constitucional. Las cifras de los concejales electos no daban para imponer un cambio tan radical pero la decisión de emprenderlo demostraba de modo palmario que como escribió Marcel Proust "hay convicciones que crean evidencias".
La segunda fecha que figura en el título de esta columna es la del 27 de octubre. Que aparezca yuxtapuesta con la del 14 de abril para nada autoriza a rastrear analogías de comportamiento que en una y otra ocasión adoptaron los líderes institucionales que las protagonizaron. El 27 de octubre es difícil detectar ni un gramo de gallardía ni de dignidad. Todo parecen cautelas leguleyas para evitar incurrir en responsabilidades pecuniarias, civiles, penales, canónicas, laborales, administrativas o disciplinarias. La diferencia de actitud entre los macados por una y otra fecha es patente. Los republicanos de abril actuaban con la convicción de sentirse en posesión del futuro sin posible discusión. Ninguno flaqueó porque todos consideraban que servían una causa moral imbatible y que les acompañaba en esa avenida de la historia la mayoría de progreso que se había puesto en marcha contra los obstáculos tradicionales que suponían la Iglesia y la Monarquía. Tendrían sus incertidumbres y sus miedos pero aguantaron. Impensable que Alcalá Zamora, preconizado presidente del Gobierno Provisional, desertara marchándose al extranjero. No tenían medios de comunicación bajo su disciplina pero buena parte de la Prensa emitía en su misma longitud de onda.
Sin más armas que su propia convicción y La Gaceta de Madrid los del Gobierno Provisional de la II República dispusieron por decreto del ministerio de la Guerra del 23 de abril que todos los generales en situación de actividad o reserva, y todos los jefes y oficiales y asimilados que no estén en la de retirados o separados del servicio, habrían de prestar, en el plazo de cuatro días, contados desde la publicación del decreto solemne, promesa de adhesión y fidelidad a la República. El texto fijado para la promesa era el de "Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas". Y a tenor del artículo 5º los generales, jefes oficiales y asimilados que en uso de la libertad que se les confiere no otorgaren la promesa con las formalidades prescritas causarían baja en el Ejército, pasando los generales a la situación de separados del servicio y los jefes y oficiales a la de retirados con el haber pasivo correspondiente.
Frente a esta actitud de clarificación sancionadora, que hubiera dicho Arturo Soria y Espinosa, los encastillados en el 27 de octubre prefirieron darse a la asimilación tergiversadora, el cálculo, la ficción y el simulacro del juego de tinieblas, pensando que al encenderse la luz el Estado Español al sentirse poco querido en Cataluña procediera a hacer las maletas con lo más elemental y a retirarse del escenario. Pero el Rey Felipe VI compareció por televisión la noche del martes 3 de octubre de 2017 con un mensaje de seis minutos de muy distinta factura al de la despedida de su bisabuelo Alfonso XIII publicado en la prensa del 17 de abril de 1931.
Don Felipe, que ha jurado tres veces la Constitución, dijo allí que las autoridades autonómicas de Cataluña con sus decisiones habían vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado, que habían menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y que con su conducta irresponsable incluso podían poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. Entendía que todo ello suponía la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña con la pretensión de quebrar la unidad de España y la soberanía nacional que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.

"Veremos si ahora, una vez desmentida la ingravidez de las mentiras y verificado que han servido de fulminante para que salieran de Cataluña casi tres mil empresas, el electorado pasa la cuenta en las urnas"

El Rey declaraba la responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Invocaba la fortaleza y solidez de nuestros principios democráticos porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad, subrayaba el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia y su entrega como Rey al entendimiento y la concordia entre españoles y a la unidad y la permanencia de España.
Fue la señal que puso fin al desistimiento. Así que cuando despertaron Puigdemont, Junqueras, Forcadell, el mayor de los Mossos y los Jordis de ANC y Omnium, el Estado se mantenía ahí como garante de las libertades de todos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria en ese mismo momento de elecciones a celebrar el 21 de diciembre que daban la palabra a todos los inscritos en el censo electoral. Y no se lo podían creer porque pensaban que, habiendo sido capaces de demostrar la desafección al Estado, constaban motivos sobrados para que sus servidores se hubieran dado a la fuga. Escaso paralelismo cabe trazar pues entre nuestro Estado social y democrático de Derecho, que en el artículo 1 de la Constitución propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y aquel régimen de la Restauración Alfonsina con preeminencia de los Capitanes Generales y militarización del Orden Público pero de endeblez inocultable.
Salta a la vista que el de ahora es incomparablemente más sólido, edificado como está sobre bases de consenso y concordia. Además, frente al desprestigio de Alfonso XIII uncido al golpe del general Primo de Rivera, en la nueva andadura de la transición el Rey desempeñó una función reconocida por todos al impulsar el cambio decisivo de lealtades de las Fuerzas Armadas. Y volviendo a las autoridades catalanas, tampoco calcularon que para desencadenar la fuerza imbatible de los inermes en marcha hay que tener probado un liderazgo fuera de discusión.
En cuanto a la falacia aducida de que Puigdemont y sus consellers habrían huido para evitar el derramamiento de sangre con el que amenazaba el Gobierno de la Nación resulta inverosímil. Más aún después del altísimo coste pagado por la intervención de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil sin armas letales en la jornada del 1 de octubre. Cabe imaginar a la inversa que la fuga resultara después de que consultado el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, se negara a defender con las armas al President y al Govern en caso de que siguiendo órdenes judiciales la Policía o la Guardia Civil intentaran su captura.
Veremos si ahora, una vez desmentida la ingravidez de las mentiras y verificado que han servido de fulminante para que salieran de Cataluña casi tres mil empresas, el electorado pasa la cuenta en las urnas.