La crisis constitucional que venimos atravesando en los últimos tiempos como consecuencia de la falta de respeto a los principios básicos del Estado de Derecho por parte de algunos representantes políticos catalanes no debe condicionar, pero tampoco impedir, el imprescindible debate sobre la adaptación de nuestra norma fundamental a las necesidades actuales tras cuarenta años de experiencia política. Son muchas las cuestiones que merecen atención, al margen del tema territorial. Sin duda resulta imprescindible una clara distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, que por evidentes razones históricas no se pudo hacer en su momento, así como una mejora de su régimen de financiación, de la que todos podemos salir beneficiados. Pero al margen de ello nuestra arquitectura constitucional debería adaptarse a los nuevos tiempos en otras muchas cuestiones, desde el régimen electoral hasta la posible consagración de nuevos derechos, pasando por la reforma del Senado, de la cúpula judicial y hasta del mismo procedimiento de reforma de la Constitución.
No podemos olvidar tampoco la conveniencia de involucrar a las nuevas generaciones en el diseño del pacto constitucional. Los formidables retos que el futuro nos va a plantear como nación, con sus consiguientes sacrificios, solo podrán ser afrontados de manera eficaz si actuamos bajo el amparo de instituciones que sean eficientes, sin duda alguna, pero que también sean sentidas como garantes de la imprescindible solidaridad que hacen de una sociedad algo digno de ese nombre. Para ello no hay nada mejor que comprometerse de manera colectiva en su elaboración.