Ortega escribe con sutil acierto en 1925 que democracia y liberalismo responden a interrogantes distintos. La democracia responde a esta pregunta: ¿quién debe ejercer el poder público? El ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. El liberalismo, en cambio, responde a otra pregunta: ejerza quienquiera el poder público, ¿cuáles deben ser los límites de éste? El poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del Estado”. El liberalismo es, pues, “la tendencia a limitar la intervención del poder público”, luego “se puede ser muy liberal y nada demócrata o, viceversa, muy demócrata y nada liberal”¹.
Ortega subraya así, hacia la mitad larga del reinado de Alfonso XIII y recién estrenada la dictadura de Primo de Rivera, la oportunidad de discernir acerca de los fines de la democracia y el liberalismo para lograr su posterior coincidencia: si la democracia contesta a la pregunta sobre el sujeto del poder público, el liberalismo lo hace sobre las limitaciones de dicho poder, que nunca podrá ser total(itario) debido a los derechos innatos de toda persona frente al Estado y sus actividades.
El sistema electoral… ¿dónde se inserta? ¿En la democracia? ¿En el liberalismo? Precisamente en el “lugar” donde se encuentran (o deberían encontrarse) ambos porque tal sistema regula el procedimiento mediante el cual los sujetos del poder político (todos) deciden quién ha de ostentar dicho poder y en el caso de sentir amenazada por el mismo su vida, su libertad o su propiedad (derechos innatos y previos) o su propia existencia como sociedad (colectividad de ciudadanos), modificarlo con acuerdo, cambiarlo con orden y sustituirlo en paz.
Este objetivo tan claro y ampliamente compartido resulta sin embargo problemático en su aplicación concreta: lograr que el poder (cratos) resida efectivamente en el pueblo (demos) presenta más complicaciones que conseguir limitarlo; frenar el poder2 es cuestión de fuerza y contrafuerza (división de poderes en la tradición europea, check and balance en la estadounidense) pero arbitrar el mecanismo justo para que sea el conjunto de ciudadanos quien decida -y lo haga pacíficamente- es tarea sinuosa. ¿Dónde radica esta suprema dificultad? En la imposibilidad (física) de la celebración de una asamblea donde todos los ciudadanos decidan. Por tanto, hay que elegir. Y surgen entonces candidatos elegibles y votantes electores, en fin, los comicios y la representación política, que es necesario celebrar e imprescindible organizar y regular, constituyendo este “artefacto de decisión”, la ley electoral, la columna vertebral de cualquier sistema político representativo (democrático). Es aquélla el alma de éste y no al revés, de forma que de ella deriva la representación ciudadana en los distintos niveles institucionales (cámaras) y la configuración de los partidos.
El sistema electoral español fue diseñado como real decreto/ley por Oscar Alzaga en marzo de 1977 para conducir al poder a la UCD en las elecciones del 15 de junio, siendo traspuesto en la Constitución de 1978 (arts. 68 y 69), desarrollado por la LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y modificada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero) y por las leyes electorales autonómicas (dieciséis y la catalana, que replica la general española)³ para las elecciones regionales en cada Comunidad. Desde entonces (1977) hasta la eclosión de Podemos y Ciudadanos (2015) -previa irrupción de UPyD en 2011 con cinco diputados en el Congreso- la ley electoral consagraba el bipartidismo, la hegemonía de dos partidos, UCD o PP (AP y sus coaliciones) y PSOE. En este sentido, el bipartidismo ha continuado en todas las Comunidades excepto en Cataluña, donde el 21 de diciembre de 2017 obtuvo por primera vez la victoria un partido nuevo y de vocación nacional (española): Ciudadanos.

Desde 1977 hasta 2011 el voto a los dos primeros partidos ha obtenido un porcentaje absolutamente mayoritario, oscilando entre un mínimo del 63,9% en 1977 fruto de la suma de UCD y PSOE con 283 diputados y un máximo del 84,8% resultado de la suma de PP y PSOE con 323 diputados. Este resultado se basa en el hecho de que la circunscripción electoral es la provincia (fijadas por Javier de Burgos en 1833) y cada provincia ofrece al menos dos escaños en el Congreso (excepto Ceuta y Melilla con uno), siendo además un electorado fiel y poco fragmentado que ha confiado con regularidad en los principales partidos nacionales o autonómicos. Con todo se ha ido construyendo en España un sistema de partidos “atrápalo todo” (catch all party), maquinarias electorales centralizadas, homogéneas en el discurso, clientelistas, carentes de modelos de sociedad y desideologizadas, cuya única meta es el poder. Efectivamente, aquello que pretenden los partidos es transformar los votos en poder; y el partido más hábil y eficaz en este campo es el PP.

Aunque el bipartidismo continúe vigente (excepto en Cataluña) casi desaparece tras las elecciones generales de 2015 y 2016. En las primeras, PP y PSOE sumaron solo el 51,1% de los votos y un total de 213 diputados. La negativa de Pedro Sánchez ("No es no") a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy obligó a repetirlas al año siguiente, sin que nada cambiara en exceso: el voto a ambos partidos se quedó en el 56,1% y 222 diputados. La causa de esta situación es doble: 1º) la fragmentación del electorado consecuencia del empobrecimiento y depauperación de las clases medias, porque el sistema electoral sigue siendo el mismo; y 2º) la variación en la autoubicación ideológica de la sociedad y estratégica de los partidos, es decir, el eje derecha vs. izquierda ha dejado paso al de gobernantes vs. gobernados.
Y cada partido juega su papel en el nuevo escenario: el PP explota su imagen de gobierno frente al PSOE que significa crisis, a Ciudadanos inexperiencia e incertidumbre y a Podemos revolución y caos; el PSOE, tras su intento de establecerse, para vencer a Podemos, como la voz de los gobernados frente a quienes gobiernan (el PP) vuelve a querer ser la Izquierda en el eje derecha-izquierda (para desmarcarse de Podemos y presentarse nítido frente a PP). Podemos pretende erigirse a la vez en el partido de los gobernados/sometidos por la “casta” (todos los demás partidos) y en la izquierda social de la calle frente a las políticas de recortes y austeridad de la derecha (todos los demás partidos). Ciudadanos, por último, se posiciona con la sociedad (gobernados, junto a Podemos) frente al poder (gobernantes, PP y PSOE) pero también desea ser percibido (en el eje derecha e izquierda) como el extremocentro. Con independencia de derecha e izquierda o gobernantes y gobernados todos los partidos, especialmente Podemos y Ciudadanos, proponen la reforma del sistema electoral.
El sistema electoral español es teóricamente proporcional -el número de elegidos se calcula mediante la ley D’Hondt- pero al aplicarse sobre una circunscripción provincial; y esto genera efectos adversos: beneficia a las grandes mayorías, castiga a los partidos pequeños de ámbito nacional, como IU y UPyD, premia a los nacionalistas y a los partidos de ámbito más local. Por ejemplo, como el sistema electoral establece que cada provincia tenga un mínimo de dos diputados -Ceuta y Melilla solo uno- y que después se vayan sumando escaños proporcionalmente a su población hasta completar los 350 escaños del Congreso, un voto en Soria o en Teruel pesa mucho más que el sufragio de un madrileño porque para obtener escaño por Soria apenas hacen falta apenas 20.000 votos mientras que para lograrlo por Madrid hay que reunir casi 100.000. El sistema, por tanto, potencia a los partidos con mayores apoyos en zonas poco pobladas (rurales) y perjudica a los que basan su implantación en los grandes núcleos urbanos, como Ciudadanos o Podemos. Los partidos minoritarios solo tienen posibilidades de salir elegidos en las circunscripciones más grandes, a excepción de los partidos nacionalistas o de ámbito local, que concentran todo su voto en territorios muy delimitados. Además, para la asignación de escaños solo entran en el reparto las candidaturas que hayan conseguido al menos el 3% de los votos válidos.
¿Qué proponen los diferentes partidos para mejorar el nivel de representatividad del sistema electoral? ¿Cuáles son las medidas que propugnan cada uno?
El PSOE aboga por el voto electrónico, la desaparición del voto rogado para residentes fuera de España, la inscripción de oficio en el censo electoral en las elecciones municipales a la ciudadanía de origen extranjero, la presentación de listas desbloqueadas, la celebración de debates electorales tutelados por una Comisión Independiente de Organización y rebajar el derecho de sufragio a los mayores de 16 años, lo que aumentaría considerablemente la participación y el voto joven.⁴
El PP, por su parte, ante la ruptura del bipartidismo, amenaza de su efectividad electoral, presentó en el Congreso el 22 de julio de 2015 su reforma, basada en que gobierne la lista más votada en los Ayuntamientos y elecciones a dos vueltas cuando la lista más votada no llegue al 35% de los sufragios, es decir, pretende implantar un sistema mayoritario, al menos en los comicios locales⁵.
Ciudadanos apuesta por establecer la limitación de mandatos del Presidente del Gobierno a dos legislatura, implantar un sistema de reparto más proporcional, aumentando el número de diputados hasta 400 (de ellos, 350 serían elegidos en lista provincial con voto preferente según el método D’Hondt y los 50 restantes serían escogidos en lista nacional cerrada y bloqueada sobre la agrupación de restos -votos no traducidos en escaño- de cada partido en las distintas provincias, contabilizando los votos en blanco como los de cualquier otro partido y dejando vacíos los escaños que correspondan en el reparto serían dejados vacíos), abrir las listas electorales a través del “voto preferente” mediante el cual el elector puede mostrar preferencia (o rechazo) por determinados candidatos integrantes de la lista, al margen de la posición que tengan en la papeleta (como ocurre en el Senado) y establecer canales de interlocución directa entre parlamentarios y votantes, reforzando el control sobre la actividad política y la participación en la toma de decisiones⁶.
Izquierda Unida defiende la reducción del mínimo de escaños por provincia de dos a uno, lo que liberaría 50 escaños para distribuirlos en función de los restos y sustituir la regla D’Hondt, “por su propensión a beneficiar a los partidos grandes y, al mismo tiempo, perjudicar a los pequeños” por el sistema Hare, método también proporcional pero corregido matemáticamente⁷. Podemos, por último, añade el establecimiento “de la circunscripción autonómica como única base territorial para la asignación de diputados, distribuyéndose los diputados entre las distintas comunidades autónomas de acuerdo con el peso demográfico de cada una de ellas”⁸.
El mínimo común denominador es la modificación de la formula D'Hondt por parte de Podemos y Ciudadanos porque no requiere de una reforma constitucional y, por tanto, podría aprobarse sin el apoyo del PP. Podemos ha propuesto cambiar al método Sainte-Laguë, proporcional casi puro, que reflejaría mejor el principio de igualdad de "una persona, un voto". De hecho, el gran beneficiado sería Ciudadanos: Rivera hoy tendría 44 diputados en el Congreso en lugar de 32. Podemos y sus confluencias hubieran logrado 77 en vez de 71 y PP y PSOE habrían bajado de 137 escaños a 132 y de 85 a 84, respectivamente. Populares y socialistas (el bipartidismo) son contrarios a la proposición de Podemos y Ciudadanos porque, afirman, eliminaría representación a la España interior -que les vota menos a los morados y a los naranjas- y favorecería a los independentistas. Es cierto que para ajustar la proporcionalidad lo conveniente sería sustituir la circunscripción provincial por otra autonómica o por circunscripción única como en las elecciones europeas. Ese cambio precisaría, no obstante, de una reforma de la Constitución y actualmente no es viable. Sin embargo, hay otras modificaciones posibles sin una reforma constitucional y que solo necesitarían renovar la LOREG. En este sentido informaba el Consejo de Estado de 24 de febrero de 2009 por encargo del Gobierno del Presidente Rodríguez-Zapatero⁹.

Palabras clave: Sistema electoral, Democracia, Liberalismo.
Keywords: Electoral system, Democracy, Liberalism.

¹ José Ortega y Gasset, El Espectador, Tomo II.
² Ya se halle en manos de uno -monarquía o tiranía, si es despótica-, de varios -aristocracia si es de los mejores y oligarquía si depende de las riquezas- o de todos -democracia o en su degeneración demagogia-.
³ Cataluña carece de ley electoral propia. Sus elecciones autonómicas se regulan por la Disposición Transitoria 2a de su Estatuto (Ley Orgánica 6/2006) que remite a la Disposición Transitoria 4a del anterior Estatuto de autonomía (Ley Orgánica 4/1979) y éste a su vez remite a "las normas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales", es decir, a la LOREG en lo que se dispone para las Cortes Generales. Establece una única cámara (Parlament) de 135 diputados y cuatro circunscripciones (las provincias).
⁴ Programa electoral de 2015, p.42, www.psoe.es/media-content/2015/11/PSOE_Programa_Electoral_2015.pdf
⁵ www.elmundo.es/espana/2015/07/22/55af84d722601dce438b4585.html
⁶https://www.ciudadanos-cs.org/nuestras-ideas
⁷http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/reforma.electoral.iu_.pdf
⁸ Programa electoral de 2015 “Igualdad política: reforma del sistema electoral”, punto 228.
⁹ www.consejo-estado.es/pdf/REGIMEN-ELECTORAL.pdf