Esta revista ha mantenido ante el Proyecto de reforma del Reglamento Notarial  una posición  única, clara y constante: siempre ha defendido -y defiende- la necesidad de impulsar la reforma en todas aquellas materias  que tienen soporte legal, como son las derivadas del cuerpo único,  innovaciones tecnológicas de la ley 24,  régimen disciplinario, adaptación territorial de los Colegios a las Comunidades Autónomas y, en general, en  todas aquellas disciplinas a las que la ley correspondiente ya  ha marcado una orientación a la que ha de atenerse el nuevo texto reglamentario. Los trabajos, informes y debates dialécticos promovidos por EL NOTARIO DEL SIGLO XXI y el Órgano que la edita, tratando de mejorar técnicamente la reforma propuesta,  lo acreditan sobradamente.
No ocurre lo mismo con las reformas que carecen de soporte legal, como, por ejemplo, los preceptos que tratan de implantar en el Notariado una organización presidencialista, antitética con la de Colegios coordinados que resulta del Reglamento vigente.  La única  orientación legal aplicable,  que es la contenida en la Ley de Colegios Profesionales y en la Constitución Española -ambas reclamando mayor democracia no solo en la organización sino también en  el funcionamiento de los Colegios- queda demasiado lejos, pues a este mensaje de apertura democrática el Proyecto de Reglamento sometido a debate se llama a andana y responde manteniendo e incluso rebajando  los niveles  democráticos que  la autarquía entonces imperante toleró en la época más oscura de la posguerra, en 1944.
Con esta opinión coincidieron las asociaciones y agrupaciones notariales, porque todas ellas, todas, han entendido que la reforma del régimen orgánico del notariado debe ir precedida de un debate sereno y profundo dirigido al logro de un amplio consenso “entre todos los notarios”. Y todas ellas, todas menos tal vez una, son partidarias de incrementar sustancialmente el nivel democrático de la institución y de someter a un debate serio la pretendida  transformación del sistema actual de Colegios coordinados en un presidencialismo plenipotenciario.
Partes interesadas han tomado el rábano por las hojas y han convertido esta oposición parcial a la pretendida reforma organizativa en una oposición radical al Reglamento en su totalidad. Y llegando más allá en su enquistada      animadversión, han  proferido invectivas contra esta revista tachándola de   antisistema, en la vieja táctica de matar al mensajero.  

"Todas las asociaciones y agrupaciones notariales, todas, han entendido que la reforma del régimen orgánico del Notariado debe ir precedida de un debate sereno y profundo dirigido al logro de un amplio consenso entre todos los notarios"

Nadie que se haya despojado de alguna parte de sus prejuicios puede no haber advertido que EL NOTARIO DEL SIGLO XXI  está a favor del nuevo Reglamento en todas las partes que tienen cobertura legal. Buena prueba de ello  es que  -a pesar de no haberse facilitado esta opción desde algunas instancias- su editora ha sido la única entidad que,  tratando de iniciar lo que la doctrina denomina ilustrativa discusión crítica, ha suscitado la polémica doctrinal y ha provocado argumentaciones y trabajos con la sana intención de mejorar un texto imperfecto.
Desde que Sócrates la inventase, articulada siempre en forma de diálogo, la dialéctica ha prestado a la filosofía, a la ciencia y a la política occidentales inestimables servicios. Es más, a ella deben, seguramente, sus logros y su carácter. Por eso mismo no puede ser más oportuna la invocación al método dialéctico formulada en la entrevista publicada por esta Revista en su número precedente. Allí afirmaba literalmente: “El Notariado lleva mucho tiempo pidiendo una reforma del Reglamento Notarial. Realmente echo de menos la polémica doctrinal con ese alcance. Es decir, fundada en la dialéctica como método de argumentación. Si existe esa doctrina, no la he visto plasmada en trabajos de contenido científico.”
Los trabajos existen, pero como el diálogo no ha sido todo lo extenso y fluido que hubiera sido deseable, no han tenido oportunidad de ser conocidos. Desde hace años las revistas científicas de mayor circulación dentro del Notariado han venido publicando estudios y conferencias sobre muchas de las cuestiones de interés general que se abordan en el proyecto de reforma. Es más, durante la anterior Presidencia del Consejo se crearon en los distintos Colegios y en el Consejo comisiones de estudio integradas por cualificados compañeros que dedicaron muchas horas de su tiempo a elaborar propuestas muy sólidas desde el punto de vista científico.

"Nadie que se haya despojado de alguna parte de sus prejuicios puede no haber advertido que EL NOTARIO DEL SIGLO XXI está a favor del nuevo Reglamento en todas las partes que tienen cobertura legal"

Pero junto al contenido “científico” (o predominantemente científico, porque, como es sabido, en el mundo del Derecho ciencia y política van siempre de la mano) está el puramente “político”, como el que representa la organización interna del Notariado. Aquí también abundan las propuestas, que encontraron su correspondiente eco en congresos, jornadas y seminarios.
Sin duda hay que agradecer a este Gobierno la valentía, que no tuvieron los anteriores, de afrontar una reforma tan delicada para nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Esto basta por si sólo para demostrar su voluntad de anteponer el interés general a cualquier otra consideración, algo que, sin duda, ha caracterizado hasta ahora al actual equipo ministerial. Pero sería ingenuo pensar que unas cuantas personas, aun reconociendo su gran cualificación, pueden llevar a cabo una reforma de este calado sin escuchar ampliamente a los profesionales más interesados en que esa reforma sea un completo éxito, y lo cierto es que no se ha hecho, o al menos no con la amplitud que cabría esperar.
La víspera de las vacaciones de Semana Santa la Dirección remitió a los Colegios un proyecto de reforma de la práctica totalidad del Reglamento Notarial, concediendo un plazo de quince días para informar. A la solicitud de prórroga del plazo formulada por varios Colegios –entre ellos el de Madrid- ni siquiera se contestó (o más bien se contestó por silencio negativo). Es lógico que la Dirección General tenga siempre la última palabra en una materia como esta, pero lo deseable es que la normal decisión de autoridad venga siempre después del necesario diálogo, porque, además, la reforma organizativa el Notariado que se propone no tiene soporte o cobertura legal ni se ha contratado con las bases y, en boca de muchos, parece dictada en algunos de sus extremos para una coyuntura específica, lo que la priva de uno de los requisitos de la ley: la generalidad.
No ha sido al parecer bien recibida en algunos ámbitos la   discrepancia de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI en materia organizativa.  Lo sentimos. Un racionalista liberal, dice Popper, debe desprenderse de todos los  prejuicios  para quedar dispuesto a  aprender de otros,  dejando criticar de buen grado las ideas propias y concediendo  más valor a aprender que a llevar razón.