RODRIGO TENA ARREGUI
Notario de Madrid

En el último número de la revista Registradores, el registrador de la propiedad Francisco Javier Gómez Jené propone en el inciso final de su interesantísimo artículo ("Mejoras del sistema o blindajes corporativos") una estrategia de debate entre notarios y registradores que sin asomo alguno de sarcasmo cabría calificar de verdaderamente revolucionaria: el debate abierto. Dice allí literalmente: La verdad, prefiero el debate abierto, que se abran todas las opciones iniciando un proceso que lleve a la "refundación" del sistema de seguridad jurídica extrajudicial en España, a la alternativa de ver cómo se van minando posiciones, se van generando situaciones de hecho que conducen a una muerte lenta -o no tan lenta- del sistema.
Cualquier persona en su sano juicio -siempre, eso sí, que anteponga el interés general de la sociedad a los intereses corporativos de los funcionarios implicados- tiene que estar necesariamente de acuerdo. Pero el problema es que la actitud tradicional del cuerpo de registradores -la oficial, evidentemente- siempre ha sido otra: la de que aquí no había nada general que debatir (al margen de cuestiones puntualísimas) y que la pretensión de hacerlo por parte del Notariado no era más que una demostración de su intrínseca debilidad; es decir, de la comprensible preocupación por su futuro en una sociedad muy distinta de la que había alumbrado su coyuntural predominio.

"Hay que reflexionar sobre el hecho incuestionable de que los defectos de las instituciones, como ocurre también con los de las personas, suelen ser el necesario reverso de sus virtudes"

La postura oficial del Colegio de Registradores ha sido esa -siempre la misma- antes del Decano-Presidente Fernando Méndez (al negarse el Colegio de forma tajante a involucrarse en el proceso de reforma legal abierto con ocasión de la integración de los corredores de comercio en el Notariado) como durante su mandato (de manera tan evidente que huelga cualquier comentario). En realidad, también es la del propio articulista, como el amable título escogido delata bien a las claras.
En un ambiente como este cualquier iniciativa de reforma parcial se interpreta como un acto de minado de posiciones enemigas mediante el uso intensivo de zapadores. Verdaderamente, zapadores los ha habido siempre. Desde la época de Cabello de los Cobos hasta la actualidad, su sacrificada, ingrata, oscura, pero no por eso menos importante labor, ha consistido en una fiera guerra de guerrillas en el incruento campo de papel del Boletín Oficial del Estado, por una Disposición Adicional, una Transitoria, varios articulitos en una Ley de Condiciones Generales, de Enjuiciamiento, de Acompañamiento, o mejor aún en los correspondientes reglamentos. El desgaste, hartazgo, enajenación de terceros y daño auto infligido que algo como esto provoca no necesita mucha explicación, pero este es el escenario al que llevamos abocados desde hace años. Es más, a la vista de las calificaciones e informes elaborados últimamente por el registrador Sr. Rodríguez Cepeda (véanse las resoluciones de 30 y 31 de mayo de 2006), actual Decano-Presidente del Colegio, de donde se infiere su valoración de la doctrina de la Dirección General sobre la necesaria notificación al notario y sobre el carácter vinculante de las resoluciones, no cabe presumir que algo vaya a cambiar.
Pero si lo que se pretende ahora es variar esa estrategia por otra diferente que de lugar, como afirma el articulista, a una discusión abierta -en la sede de la representación popular- de todo aquello que rodea y define nuestras profesiones, entonces hay que prepararse psicológicamente para asumir con honestidad cualquier crítica sin por ello considerarla un insulto personal, encubrimiento de interese espurios (en forma de cualquier tipo de recompensa) o una estrategia de blindaje corporativo. Hay que reflexionar sobre el hecho incuestionable de que los defectos de las instituciones, como ocurre también con los de las personas, suelen ser el necesario reverso de sus virtudes. Los registradores son muy celosos de su monopolio territorial, que consideran el garante de la imparcialidad, Gran Virtud del sistema. Que el monopolio coadyuva a la imparcialidad es incuestionable, pero deben comprender que también está en el origen de disfunciones tan graves como la ingeniería arancelaria, el retraso injustificado, la calificación rigorista (tendente a limitar a cero el propio riesgo de responsabilidad) o caprichosa, la falta de fundamentación de los defectos alegados, de notificación en forma, la desobediencia a los criterios marcados por la Dirección General, etc. El usuario evita protestar porque suele estar abocado de forma necesaria a encontrase de nuevo con el mismo registrador, quizá para pedirle un favor (el despacho rápido de un documento) y sabe (o mejor teme) lo que un recurso o queja le puede deparar en el futuro. El monopolio atribuye poder y para comprender que del poder nace el abuso no necesitamos a Lord Acton, basta con haber vivido un poco.

"Que el monopolio territorial coadyuva a la imparcialidad es incuestionable, pero también está en él el origen de disfunciones tan graves como la ingeniería arancelaria, el retraso injustificado, la calificación rigorista, etc"

Pensar que estos defectos se combaten aplicando el régimen disciplinario es una ingenuidad de tal calibre que da rubor hasta desmontarla. La mayoría no trascienden fuera de su limitado ámbito, pero incluso los que lo hacen hasta encontrar su reflejo en el BOE (y eso sí que es trascender) no acarrean al infractor mas que genéricas admoniciones del Centro Directivo, que para los afectados suelen ser más timbre de gloria que de oprobio. La experiencia de los últimos años demuestra que esas desviaciones sólo podrán combatirse con nuevas reformas legislativas, y es indudable que es preferible para todos que sean resultado de un debate abierto donde se traigan a colación de forma honesta las virtudes-defectos del sistema (también, lógicamente, las de los notarios) y puedan discutirse con luz y taquígrafos.
En un debate abierto hay que ser cuidadoso con los argumentos contradictorios. No parece lógico afirmar que lo que pretende el Notariado con su afán de reformas es volver a la situación existente en los años 50, convirtiendo al Registro en la rebotica de la notaría, puesto que (entonces) no era un registrador sino el oficial sustituto el que estaba al pie del cañón, para luego afirmar que eso sería el fin del sistema español de seguridad jurídica preventiva.  No parece que el sistema de seguridad jurídica preventiva desde los años 50 hasta la Asamblea de Barcelona de 1988 -en la que los registradores decidieron dar un fuerte impulso a la calificación registral, tras la desaparición de la firma de asientos por el sustituto nada menos que en 1977- fuese precisamente un desastre, ni que el caos generado por un registro-rebotica haya sido especialmente detectado por la sociedad española, ni de entonces ni de ahora. Pero, en cualquier caso, nadie aspira a un registro sin registrador, ni mucho menos. Lo que se aspira es simplemente a depurar el funcionamiento del sistema de manera que se eliminen sus imperfecciones y desviaciones, realizando un general esfuerzo de adaptación a una realidad social cada vez más exigente.

"Lo que se aspira es a depurar el funcionamiento del sistema de manera que se eliminen sus imperfecciones y desviaciones, realizando un general esfuerzo de adaptación a una realidad social cada vez más exigente"

La obsesión de que la imparcialidad solo se garantiza si se preservan las especialísimas condiciones en las que hoy vive el registro puede llegar a resultados chocantes, como el que resulta del editorial publicado por la misma revista dedicado a la jurisdicción voluntaria. Allí se advierte de la importancia de proteger la independencia calificadora del registrador incluso frente a sí mismo (sic), proponiendo que en los supuestos cuya tramitación previsiblemente se atribuirán a los registradores, el que tramite el expediente (el competente territorialmente) sea diferente del que inscriba (el designado por el cuadro de sustituciones) con el fin de no contaminar la independencia de este último. Hasta ese punto llega la obsesión por la doble calificación. Pero lo cierto es que aunque la conclusión sea objetivamente absurda, no deja de tener su lógica desde los presupuestos que han venido inspirando el funcionamiento del registro desde hace décadas.
Tiene razón Gómez Gené cuando propone jubilar a los zapadores -eso sí, con todos los honores- y afrontar de una vez por todas estos temas en un debate abierto a la sociedad. Mientras no se alcance una unidad de actuación en sintonía entre notarios y registradores, cualquier iniciativa de reforma presentada por uno de ellos, perfectamente legítima en cuanto apoyada en la consideración de lo que se está en condiciones de ofrecer a la sociedad a la que todos servimos, será observada por el otro con franca sospecha, cuando no directamente como una frontal agresión. La única vía de acceso a esa deseable sintonía es el debate abierto a la sociedad en el marco institucionalmente previsto. Lo que no se es si su Colegio estará ahora dispuesto a ello.