JOAQUÍN ESTEFANÍA
Economista y periodista. Fue director de EL PAÍS entre 1988 y 1993. Ahora dirige la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid/EL PAÍS

Mientras el sector empresarial español se recompone una y otra vez, y se moderniza al ritmo de las fusiones, adquisiciones y cambios de naturaleza, el sector público da síntomas de continuidad. Éste es un mestizaje positivo: dinamismo y continuismo, en las dosis adecuadas. Ahora se trata de analizar las principales líneas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2007, que se han elaborado en un determinado contexto político y económico, y que tienen una amplia dependencia: un amplio porcentaje del gasto público (gasto corriente como el sueldo de los funcionarios, inversiones plurianuales,...) está comprometido por el mero hecho de existir los agentes que los van a implantar. En otra ocasión habrá que detenerse en el sector empresarial.
El entorno en el que se elaboran y se aplican los PGE determina la economía política de los mismos. En los de 2007 han pesado tres circunstancias por encima de las demás. La primera, que se aplicarán durante el próximo ejercicio, mientras se celebran unas elecciones municipales y autonómicas (mes de mayo) que preanuncian lo que sucederá un año después con las elecciones generales. Esta circunstancia cuenta mucho: analizar sólo bajo criterios técnicos el contenido de los PGE es un signo de ceguera que impide comprender sus contenidos y prioridades.

"Los Presupuestos se aplicarán el próximo ejercicio, mientras se celebran elecciones municipales y autonómicas. Esta circunstancia cuenta mucho. Analizar sólo bajo criterios técnicos el contenido de los PGE es un signo de ceguera que impide comprender sus contenidos y prioridades"

La segunda, que los PGE se han presentado y se comenzarán a discutir parlamentariamente unos días antes de las elecciones autonómicas catalanas, adelantadas por Pascual Maragall al 1 de noviembre, ante las dificultades del gobierno tripartito. Ello contará y mucho, toda vez que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no cuenta con la mayoría suficiente para aprobarlos por si sólo, y necesitará de alianzas de distintas naturaleza. Además, los PGE se embridan (este ejercicio y seis más) a un marco relacionado con el nuevo Estatut de Cataluña: la inversión del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras ha de equivaler a la participación catalana en el Producto Interior Bruto (PIB) español: el 18,8% del total.
El tercer condicionante es muy positivo: los PGE se van a ejecutar en un contexto de fuerte crecimiento económico (España se beneficia de un ciclo largo de bonanza de su economía, que comenzó en la mitad de la década de los años noventa) y creación de empleo. Además, y eso es lo novedoso, los países de nuestro alrededor europeo se desperezan por primera vez en muchos años y acompañarán a España en esa senda de crecimiento (y la estimularán).
Relacionados indirectamente con los PGE hay dos datos que corrigen otros tantos, que nos han acompañado desde la transición en las tres décadas más recientes. El inicial, de naturaleza positiva, fue subrayado por el vicepresidente económico de Gobierno, Pedro Solbes, precisamente en la presentación de los Presupuestos del año 2007: España se situará por primera vez en ese ejercicio  por encima de sus socios comunitarios en renta per cápita, desde que se integró en el proyecto europeo hace 20 años. El crecimiento de la economía española por encima de la media en los últimos años, más el efecto estadístico de la entrada de 10 nuevos países en la Unión Europea harán que la renta per cápita pase de ser el 98,5% de la media comunitaria a ser superior. Por primera vez nuestro país habrá alcanzado la convergencia real con su entorno amplio.
El segundo dato tiene el efecto contrario: la dependencia energética de España se dispara a un récord histórico del 85%. Nunca se había generado en el interior una parte tan pequeña de la energía que se consume. Recuérdese que desde la primera subida de los precios del petróleo en el año 1973, esa dependencia energética hizo que España sufriese una crisis diferencial más profunda, que volvió a manifestarse a final de la década de los setenta, cuando la guerra entre Irak e Irán provocó otra escalada del precio del crudo, El fuerte crecimiento de la dependencia exterior energética se refleja en un aumento de las importaciones del 7,7%, acompañado de un aumento del consumo y de una fuerte caída de la producción interna, especialmente significativa en lo que se refiere a la producción de energía nuclear y de carbón.
Al año en que el PIB español superará por primera vez el billón de euros le han correspondido unos PGE moderadamente procíclicos: si no hay desviaciones, el gasto público crecerá en 2007 el mismo porcentaje que la economía nominal, con un gasto social incrementándose un poco por encima; los ingresos impositivos sufren una merma por la incidencia de la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas y de sociedades, que se compensa por el aumento de la recaudación proveniente del crecimiento económico; y continúa proyectándose un desequilibrio macroeconómico en forma de superávit -el Estado ingresará más de lo que gasta-, bastante anormal en la historia de las finanzas públicas. Dos partidas que tienen que ver con el modelo de crecimiento (fuertemente sacrificadas durante las dos legislaturas anteriores) se incrementan con fuerza: el I+D+i, que crecerá más de un 30% excluyendo la investigación militar; y la educación, un 26% por encima. La Ayuda Oficial al Desarrollo, que forma parte de las señas de identidad del proyecto político de Rodríguez Zapatero, también aumenta un 30%, después de dos subidas sucesivas del 25% en 2005 y de un 32,2% en 2006. El presidente se ha involucrado en que en el plazo de dos legislaturas España alcance el 0,7% del PIB al que se comprometieron los países ricos en el seno de la Organización de Naciones Unidas y que corroboraron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (lograr que en el año 2015 la pobreza en el mundo se haya reducido a la mitad). Aparece un nuevo capítulo en los Presupuestos, con una dotación de 400 millones de euros, para poner en marcha el Sistema de Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que se incorpora a los PGE después de que en la década de los ochenta otros Gabinetes socialistas universalizasen las pensiones, la educación y la sanidad pública. Por último, la deuda pública se sitúa por debajo del 40% del PIB, el nivel más bajo en las últimas dos décadas.
La política macroeconómica fue sin duda el activo más importante de los ocho años de Gobierno del PP, pero tuvo sus primeras manifestaciones y los signos iniciales de recuperación de la coyuntura en el periodo final de la etapa González, con Solbes como ministro de Economía y Hacienda. En una de esas fintas que a veces reconoce la historia, ha sido el propio Solbes, esta vez como vicepresidente, quien ha recogido los frutos de aquella política económica. Que dure

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