ADMINISTRACIÓN DE BIENES AJENOS

La sucesión mortis causa tiene una incidencia directa en el funcionamiento de las sociedades de capital, que normalmente en el tiempo no va más allá de la consumación del ciclo sucesorio con la adquisición y, en su caso, reparto de las acciones/participaciones (1). Pero, en ocasiones, la sombra del causante se alarga un poco más, sobre todo cuando ha tenido a bien disponer en el testamento que los bienes y derechos integrantes de la herencia sean administrados por una determinada persona, incluso, después de haber llegado el heredero a la mayoría de edad. En ese caso la situación se complica, por no estar muy clara cuál deba ser la actitud de la sociedad ante el ejercicio de los derechos de socio, singularmente los de carácter político como los de asistencia/voto.

La cláusula testamentaria
Si empezamos por la cláusula del testamento, presenta una doble vertiente. Mientras el heredero sea menor de edad excluye de la administración de los bienes hereditarios a quien ostente la potestad parental -o tutela-, pero, a partir de la mayoría de edad, es el propio heredero quien soporta la limitación. En el primer escenario se cambia un administrador -necesario- por otro, se supone que más digno de confianza para el testador, pero en el segundo es el heredero -y dueño- quien se ve privado de una potestad gestora que, por derecho propio, habría de corresponderle, se supone, entonces, por ser él quien no resulta merecedor de la plena confianza del testador, por razón de su edad. No cabe cuestionar la validez y plena eficacia de la disposición testamentaria, desde el momento en que el heredero acepta la herencia, ni siquiera en atención a la legítima, ya que no se trata propiamente de un gravamen (2). Pero el testamento puede resultar poco expresivo sobre el alcance de esa encomienda, especialmente en lo que se refiere a la problemática singular que plantean las participaciones en una SRL, por la interposición de una persona jurídica donde el socio ostenta un variado conjunto de derechos y potestades, cuyo ejercicio realmente encarna y da contenido a la propiedad de aquellas. Si en el testamento solo se habla de administración de los bienes u otra expresión equivalente, los actos que se podrán llevar a cabo respecto de todos ellos son los de mera gestión conservativa del patrimonio hereditario. En ese sentido se debe extender al ejercicio de los derechos sociales, so pena de dejarla sin contenido en cuanto a una parte del patrimonio heredado, pero solo para esa gestión de alcance limitado. Ciertamente, por la interposición aludida de la persona jurídica societaria la situación puede complicarse cuando el acto excedido no se refiera al patrimonio del administrado, sino al de la propia sociedad, en forma de un acuerdo de junta general con incidencia decisiva en la posición del socio, incluso desencadenante de su desaparición cuando la sociedad se extingue, pues el administrador testamentario aparentemente solo vota (el ejemplo de la Res. de 14/12/2023). Será una situación que resolver en cada caso en función del acuerdo de que se trate.

“Si en el testamento solo se habla de administración de los bienes u otra expresión equivalente, los actos que se podrán llevar a cabo respecto de todos ellos son los de mera gestión conservativa del patrimonio hereditario”

En interés de quién se administra
Más problemático se presenta el elemento finalista, por si la gestión ha de ser exclusivamente en interés del administrado, o el testador puede incorporar la atención de otros intereses, normalmente como complementarios. De hecho, la administración testamentaria de las acciones/participaciones suele emplearse como una forma de asegurar la unidad de actuación en los casos de pluralidad de herederos (v. art. 118.5.II RRM y Res. de 14/04/2021) (3). En caso de heredero único no habría necesidad de mantener unidad alguna de actuación referida a otros herederos, pero el testador sí que pudo haberlo dispuesto para asegurar cierta unidad de criterio en relación entonces con los demás socios, especialmente si existían pactos o acuerdos entre los familiares sobre la gestión de la sociedad y cuya observancia, al menos por un tiempo, se quisiera asegurar, en tal caso más en interés del colectivo familiar, que del singular del heredero. En cambio, cuando nada se diga en el testamento el mero hecho de haber designado administrador testamentario a otro socio no permite deducir que el causante quisiera otorgarle autonomía alguna respecto del interés exclusivo del administrado, y solo sobre las participaciones en sociedades, así que su deber será gestionar -todo- el patrimonio heredado de la manera que mejor conviniera a su conservación y permanencia, evitando actuaciones extraordinarias y de riesgo, pero sin subordinación a un pretendido interés familiar común, cuando pudiera resultar poco compatible con el personal del socio. Cuestión distinta es que su interés, como el de cualquier socio, sí que esté subordinado al interés común a todos ellos, el cual se define en función del ánimo de lucro propio de toda sociedad (“maximización, de forma sostenida, del valor económico de la empresa”, según la STS de 07/04/2022 rec. 1726/2019), pero entendido como un objetivo preferentemente compartido, pues “el interés social no se identifica con el de los socios, pero se nutre del interés de estos últimos y por eso la jurisprudencia referencia el interés social al interés del conjunto de los socios” (STS de 21/12/2021 rec. 986/2019) (4).

“En relación con los derechos sociales, especialmente el de asistencia/voto a la junta general, por la naturaleza irrevocable del mandato conferido, sería improcedente tanto una hipotética asistencia personal del administrado, como el otorgamiento por su parte de un poder a favor de otra persona”

Sobre esta base, la cuestión decisiva es cómo configurar el régimen jurídico de esta administración -temporal- impuesta al administrado, y para ello hay que plantearse antes cuál sea su naturaleza jurídica. Su aproximación a la figura del albaceazgo o de la tutela/curatela representativa no se concilia demasiado bien con el hecho de involucrar a un mayor de edad, que ya se ha convertido en dueño por la aceptación y adjudicación de los bienes. Nada hay que ejecutar, pues la sucesión hereditaria ya ha quedado ultimada (SAP de Málaga [6] de 12/05/2003 rec. 701/2002). Por ello la asimilación más congruente es con la figura del mandato, aunque con la singularidad de que la representación no viene conferida propiamente por el testador -no es el mandante-, sino por el mismo heredero al aceptar la herencia en los términos que han sido dispuestos por aquel, haciéndolo, además, con carácter irrevocable, al tiempo que se excluye a sí mismo para realizar -o encomendar a otro- idéntica gestión y, consiguientemente, también para dar instrucciones vinculantes al mandatario, sin perjuicio, como es lógico, de que le pueda comunicar sus preferencias (5). Pero, según hemos visto, será una representación en interés exclusivo del mandante, no una procuratio in rem suam donde también resulta relevante el interés del mandatario (6). Por ello, en relación con los derechos sociales, especialmente el de asistencia/voto a la junta general, por la naturaleza irrevocable del mandato conferido, sería improcedente tanto una hipotética asistencia personal del administrado, como el otorgamiento por su parte de un poder a favor de otra persona. Si así lo hiciera incumpliría la condición que se le impuso para recibir la herencia, y que claramente le obligaba a respetar la representación que él mismo habría otorgado, por el mero hecho de haberla aceptado.
Obviamente, puede darse una situación de conflicto de intereses, también susceptible de dispensa directa por el testador, haciéndola suya el interesado cuando recibe la herencia (en el caso de la Res. de 26/09/2022 se salvaba expresamente el autocontrato por el testador), pero, en su ausencia, solo podría serlo por el mismo representado, quien recupera de este modo parte de la soberanía previamente usurpada. El riesgo de colusión ciertamente se podrá ver agravado por la misma composición subjetiva de la sociedad, cuando el administrador testamentario también sea socio, coincidencia que inevitablemente planteará situaciones delicadas cada vez que en junta general deba votar por sí mismo y, además, por su representado. Pero esa confusión no puede llevar a que cualquier actuación societaria quede bajo la sospecha del conflicto de intereses, pues entonces se le inhabilitaría sin más para ejercer el encargo recibido. Ninguna razón hay para desconfiar por principio de cualquier actuación de su representante, igual que en el régimen general las circunstancias del caso pueden descartar por sí mismas la colisión de intereses. Esto no excluye que realmente exceda sus facultades cuando se sirva de la representación conferida para votar en el sentido que más le convenga a él, no a su representado, pero habrá que prestar atención al efecto útil de esa apropiación y al perjuicio efectivo para este último, que bien pudiera ser ninguno, entiéndase, por razón de un voto a favor con sus participaciones, cuando el acuerdo también se hubiera podido adoptar sin requerir ese fraudulento apoyo adicional.

“La sociedad no vendría obligada a permitir la asistencia y voto en la junta general de quien no cumpla las condiciones subjetivas del artículo 183.1 LSC”

El papel de la sociedad
Pero todo cuanto llevamos visto se refiere a la relación entre el representado y su representante, todavía la sociedad no está involucrada. De hecho, si la sociedad no se involucra y logra mantenerse por completo al margen, la contienda solo sería entonces entre aquellos. Pero esta falta de implicación habría de suponer, lisa y llanamente, que la sociedad para nada tuviera en cuenta esa administración testamentaria, pues solo podría aceptar la legitimación del socio para el ejercicio de “sus” derechos. En acatamiento del mandato testamentario el socio/heredero vendría obligado a suministrar a su administrador los instrumentos de representación “societarios” que precise para cumplir su cometido, y ante una posible rebeldía habrá de reaccionar por la vía “civil” que considere oportuna, pero nunca cabría una reacción “societaria” por parte de una entidad que ha optado por quedarse fuera del conflicto. Simplemente, no lo consideraría un problema “suyo”. Por eso, la cuestión que ahora debemos plantearnos es hasta qué punto la sociedad realmente está obligada a reconocer esa administración testamentaria, vetando al heredero el ejercicio de sus derechos como socio. Es decir, si también tiene la opción de permanecer al margen, incluso la obligación de hacerlo. En ese sentido está claro que el heredero ostenta la condición de socio, el problema está en la legitimación para el ejercicio de aquellos derechos. De todos modos, como el administrador ha de actuar en interés de su administrado, y no para satisfacer un interés propio, ni siquiera parcialmente propio, quedamos fuera del debatido problema de la inescindibilidad del voto y de la condición de socio (Res. de 09/12/1997, STS de 23/10/2012 rec. 762/2009, STS 12/11/2014 rec. 664/2013). Ahora no hay cesión del derecho de voto, sino mera regulación de su ejercicio, por medio de una representación que resulta singular por su carácter irrevocable y excluyente. Desde el punto de vista de la sociedad, la duda es si viene obligada a reconocerla en todo caso, de modo que no pueda aceptar, ni una revocación voluntaria -expresa o tácita, artículo 185 LSC- por parte del mandante (distinto una remoción judicial), ni cualquier conato de ejercicio personal -o por otro representante- de esos derechos, aunque el administrador testamentario mantenga una actitud por completo pasiva, sin dejarse ver por la junta.
Para resolver estas cuestiones resulta decisiva la naturaleza representativa del encargo recibido, que nos aleja de aquellas normas societarias que regulan situaciones especiales como la copropiedad o los derechos reales sobre las participaciones sociales (arts. 126 y ss LSC). Las relativas a los derechos reales no interesan por su rígida separación entre relaciones internas y externas, donde las primeras se dejan, como regla, al título constitutivo del vínculo y, en su caso, a la legislación civil o la procesal, según proceda, mientras que las segundas corresponden a la legislación propia de la sociedad y, en aquello que tenga naturaleza dispositiva, a los estatutos, nunca al título constitutivo, que podrá atribuir determinados derechos sociales a una de las partes, pero nunca regular las condiciones de legitimación para su ejercicio en relación con la entidad (7). En el ámbito que ahora nos movemos no hay más legitimación que la derivada de la representación, no se necesita una legitimación estatutaria ad hoc. Pero tampoco sirven las normas propias de la copropiedad, pues aquí no opera una fórmula de unificación subjetiva que impone a los socios una carga en interés de la sociedad, “con la finalidad de evitar que los desacuerdos entre los miembros de la comunidad ordinaria afecten a la vida societaria” (Res. de 23/05/2022). Precisamente, al tener a la sociedad como beneficiaria única, también podría, entonces en su -hipotético- perjuicio, renunciar a la protección que el artículo 126 LSC dispensa, unas veces aceptando la actuación directa de los comuneros sin el representante, otras abriéndose a las posibles desavenencias entre aquellos, mediante la fragmentación del derecho social en cada caso implicado en función de sus cuotas individuales. Incluso, ni siquiera podrá rechazar el ejercicio de los derechos cuando todos los partícipes lo soliciten unánimemente (STS de 24/03/2023 rec. 2376/2019). Pero en nuestro caso no hay tal voluntariedad, pues la cuestión es si la sociedad viene obligada a convertirse en garante de lo dispuesto en el título constitutivo de una relación representativa ajena a ella, aunque le afecta, y entiendo que, con algunos matices, la respuesta ha de ser afirmativa.

“El singular régimen de representación está imbricado en el título de adquisición, título que la sociedad debe conocer y aceptar para que el heredero quede investido como socio”

El primer matiz viene por la propia naturaleza de una representación que, a ciertos efectos, se ha de entender como voluntaria. En particular, la sociedad no vendría obligada a permitir la asistencia y voto en la junta general de quien no cumpla las condiciones subjetivas del artículo 183.1 LSC, teniendo en cuenta que una administración testamentaria, aunque conste en documento público (basta con el testamento notarial y la aceptación de la herencia, aunque no se hiciera en escritura pública), no se extendería a todo el patrimonio del representado, caso de que tuviera más bienes, además de los heredados, aunque es un extremo que la sociedad difícilmente podrá controlar (8). Otro tanto con la necesidad de que el poder sea especial para cada junta (art. 183.2 LSC), pues no se exige al constar en documento público (el testamento).
El segundo matiz ya se refiere a la obligación de su reconocimiento como irrevocable y excluyente, circunstancia que entonces la aproximaría a la figura de la representación legal, como en el caso de un menor y, sobre todo, de un curador representativo, pues el supuesto de hecho de este segundo no es tan fácil de detectar como la edad de una persona (9). Con carácter general, aunque la revocabilidad frente a la sociedad sigue siendo la opinión más extendida, como una forma de evitar que la sociedad se vea envuelta en los conflictos entre socio y representante, no cabe desconocer que hay posturas más matizadas (da cuenta de ellas la Res. de 05/02/2020), y que ahora la representación no encubre una cesión del voto, sino una limitación asumida por el socio al aceptar la herencia. En ese sentido no es un pacto entre socios cuya posible oponibilidad frente a la sociedad dependiera de su carácter omnilateral, es decir, de haber sido suscrito por todos ellos, sin perjuicio de que una plena coincidencia subjetiva de todos los interesados, sin duda refuerza su eficacia frente a la sociedad. Por eso, en estos supuestos la sociedad no puede desconocer la representación y sus especiales circunstancias, siempre que le consten de manera fehaciente. En particular, no puede ignorar que es una condición impuesta al heredero por el mismo título de adquisición de sus participaciones, y la sociedad ha de tomar conocimiento de ese título, precisamente para reconocerlo como tal socio. No es una representación autónoma, sino integrada y formando parte de esa adquisición, que la configura y dota de eficacia. Aquí el conocimiento le obliga sin más, y por ello convendría que se dejara constancia de la situación en el libro registro de socios, igual que se hace con los gravámenes. Pensemos que, si el heredero hubiera sido menor de edad al tiempo del fallecimiento del testador, la sociedad no habría podido desconocer esta representación sustitutiva de la legal correspondiente al otro progenitor, situación que no habría tenido que cambiar por el hecho de llegar a la mayoría de edad. Pues ocurre lo mismo si solo se activó con esta última. Por tanto, ni podrá aceptar la sociedad el ejercicio de los derechos sociales por el administrado, ni la revocación por su sola iniciativa (10). Otra cosa es que la sociedad no se deba ver envuelta en posibles disputas entre representante/representado por un eventual conflicto de intereses o por la naturaleza extraordinaria del acuerdo de la junta por razón de su objeto (aunque referida a los representantes solidarios del socio, v. SAP de Las Islas Baleares [5] de 23/11/2023 rec. 224/2023). Aquí, salvo que la coincidencia de personas permita sostener que la sociedad -sus órganos- actúan con manifiesta mala fe (SAP de Barcelona [15] de 23/02/2011 rec. 300/2010), la sociedad habría de quedar al margen, dejando que actúe el administrador testamentario.

“Nada empece para que el heredero sujeto a una representación forzosa pueda poner en cuestión lo hecho en junta por el conjunto de los socios, incluido su representante”

Por tanto, enlazando con lo que dije supra, cabe concluir que la sociedad ha de involucrarse en este asunto, incluso, que tiene el deber de hacerlo, pues el singular régimen de representación está imbricado en el título de adquisición, título que la sociedad debe conocer y aceptar para que el heredero quede investido como socio, quien también debe asumir que su investidura viene con esa severa limitación. En el ámbito registral y judicial contamos incluso con dos casos relevantes que así lo atestiguan. En la Res. de 17/03/1986 se pretendió la inscripción en el RM de un acuerdo de cambio de administradores adoptado por los herederos en junta general universal. Vigente el asiento de presentación accede al RM la escritura de herencia junto con el testamento, del que resultaba una gravosa administración hasta que el menor de los hijos cumpliera 35 años. A la vista de esto el RM considera que el acuerdo de junta general se había tomado por quien carece del derecho de voto, criterio que confirma la resolución (11). Más relevante, y actual, es la SAP de Barcelona [15] de 17/11/2010 rec. 34/2010, que supuso, además, un cambio de criterio en la opinión sostenida hasta ese momento, en el mismo asunto, por la sección 15ª de la AP. Después de que la SAP de Barcelona [17] de 14/09/2009 rec. 832/2008 se hubiera pronunciado por la validez de la cláusula testamentaria que atribuía el voto a otra persona, aunque con alguna limitación (reparto obligatorio de dividendos), primero en el AAP de Barcelona [15] de 16/12/2009 rec. 290/2009 en el procedimiento de medidas cautelares y, posteriormente, en la SAP de Barcelona [15] de 12/07/2010 rec. 421/2009, la AP se pronuncia en contra de su oponibilidad frente a la sociedad. Sin embargo, en una nueva impugnación de un acuerdo de junta general sobre la base de que no se permitió a la viuda el voto respecto del 90 % de las participaciones sobre las que pesaba la administración testamentaria, la SAP de Barcelona [15] de 17/11/2010 rec. 34/2010 cambia de criterio y no pone en duda la oponibilidad a la sociedad de la limitación impuesta, también respecto de la irrevocabilidad de la representación.

El derecho de impugnación
Ahora bien, nada de esto empece para que el heredero sujeto a una representación forzosa pueda poner en cuestión lo hecho en junta por el conjunto de los socios, incluido su representante. El derecho de impugnación no es propiamente un derecho de socio, o mejor, no es un derecho exclusivo del socio, o solo de quien está legitimado para el ejercicio de los derechos sociales, como revela el artículo 206.1 LSC al reconocer legitimación al tercero que acredite “un interés legítimo”. Por eso nadie pone en duda que algunos sujetos, aunque no estén investidos para el empleo de los derechos políticos, sí que pueden impugnar los acuerdos de la junta general, pues tienen interés personal y directo en la buena marcha de la entidad, en su caso como socios, aunque estén privados de aquella legitimación (12). Ninguna necesidad hay de proteger en este caso a la sociedad frente al riesgo que supondría la dispersión en el ejercicio de los derechos sociales, cuando varios sujetos reivindiquen una legitimación exclusiva para su ejercicio, pero la sociedad solo pueda aceptar la actuación de uno de ellos. Ahora el derecho se tiene contra la sociedad y nada se opone a que impugne quien antes no ha podido votar, de forma que, al final, sean varios los legitimados para lanzar el reproche (13). En nuestro caso, el demandante impugnaría como socio, independientemente de que no pueda asistir/votar en la junta general, y lo hace por razón de lo que han votado los asistentes, lo que hace innecesaria y poco relevante la cuestión del carácter abusivo o desviado del acto de ejercicio del poder por su representante, que sí sería una cuestión afectante a su relación interna (SAP de Barcelona [15] de 23/02/2011 rec. 300/2010). Obviamente, este derecho lo tiene por sí mismo, sin estar sometido al control o la autorización previa del administrador testamentario, por mucho que ostente su representación ante la sociedad, pues ahora no tiene carácter excluyente, y por eso le está permitido mantener una posición propia y distinta a la de cualquier otro legitimado, aunque la legitimación derive de idénticas participaciones. Si el administrador considera que esta actuación del heredero interfiere y dificulta su gestión de la herencia, habrá de reaccionar en la vía civil como considere oportuno, y hasta podrá suponer un motivo de descargo en una eventual rendición de cuentas, pero ante la sociedad el socio está legitimado para impugnar por sí solo los acuerdos de la junta.

“Si el administrador considera que la actuación del heredero interfiere y dificulta su gestión de la herencia, habrá de reaccionar en la vía civil como considere oportuno, y hasta podrá suponer un motivo de descargo en una eventual rendición de cuentas, pero ante la sociedad el socio está legitimado para impugnar por sí solo los acuerdos de la junta”

En ese sentido, respecto del derecho de información, para la hipótesis de una eventual impugnación por esta causa, como ha destacado la reciente STS de 29/05/2024 rec. 1290/2020 la información omitida ha de superar un test de relevancia en el sentido de ser “esencial” para el ejercicio del voto. Por eso, si según esta STS solo es esencial la información que “habría que conocer para deliberar y votar los acuerdos afectados”, en nuestro caso quien tiene el derecho de asistencia/voto es el administrador hereditario, no el administrado, así que la información que este pueda considerar “racionalmente útil o relevante para la tutela de los derechos de socio”, nunca lo sería para su participación en la junta general, de modo que “la denegación de la información no justificaría la impugnación de los acuerdos afectados, pero sí el ejercicio de otras acciones (de condena al suministro de esa información)” (v. el procedimiento de los arts. 112 y ss. Ley de Jurisdicción Voluntaria y el AAP de Barcelona [15] de 30/11/2017 rec. 155/2017).

(1) Ahí tenemos el ejemplo del legado de acciones/participaciones específicas y determinadas, pues, aunque el legatario adquiera la propiedad desde la muerte del causante, para el ejercicio de los derechos sociales resta a la espera de la entrega del legado por los herederos, que puede retrasarse, generando serios problemas durante el intervalo; v. STS de 28/05/2020 rec. 51/2015 y las otras relacionadas con ella.
(2) SAP de Zaragoza [5] de 18/05/2016 rec. 171/2016; en el ámbito catalán art. 451-9.3 Código Civil de Cataluña, STSJ de Cataluña [civil/penal] de 15/12/2014 rec. 67/2014; de gran interés la reciente Res. de 04/06/2024 de la DGDEJiM.
(3) ROJO, “Transmisión mortis causa de acciones y participaciones sociales”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, 2013, p. 38; MARÍN, “La prohibición de disociar los derechos administrativos de la posición de socio”, en AAVV, Estudios sobre órganos de las sociedades de capital, I, Aranzadi, 2017, p. 634; SÁNCHEZ, “Cláusulas estatutarias sobre disgregación o escisión del derecho de voto”, en AAVV, Los acuerdos sociales, I, Tirant lo Blanch, 2023, p. 291, habla incluso de una “escisión testamentaria” de derechos, cuando el testador atribuya acciones/participaciones a los herederos y, a la vez, “atribuya por vía de legado temporalmente los derechos de voto a una persona de su confianza”.
(4) Los socios pueden tener su propia idea acerca del beneficio común, no circunscrita imperativamente al pago de dividendos según las reglas legales y estatutarias, ya que es posible un provecho de otro tipo (el disfrute estático de un patrimonio familiar; v. SAP de La Coruña [4] de 31/01/2022 rec. 438/2021), siempre que todos ellos estén de acuerdo en esa preferencia, aunque no la formalicen de manera expresa (SAP de Valencia [9] de 14/06/2022 rec. 1227/2021). Por eso, cuando la administración testamentaria se presente como una solución aislada del testador, no inserta en otra más global que implique al resto de los socios en forma de un protocolo familiar o de un pacto para-social, entonces con las debidas cláusulas de salvaguarda, el consenso informal sobre lo que venía siendo un fin común algo atípico, salta por los aires con la muerte del socio/causante, pues su heredero no queda subrogado en las prácticas meramente consentidas, sin que la administración testamentaria se convierta entonces en un mecanismo indirecto para conseguir una ultra-actividad que no ha sido debidamente garantizada (sobre la pretendida sucesión para el futuro en este tipo de acuerdos informales, v. SAP de Barcelona [15] de 21/12/2023 rec. 222/2023; también, SAP de Segovia [1] de 15/05/2009 rec. 159/2009; negando la equiparación entre pacto social y situación de mera tolerancia cuando cambia el contexto familiar, aunque no lo hagan las personas, v. SAP de Barcelona [15] de 04/02/2021 rec. 1932/2020).
(5) ÁLVAREZ, “Normas del donante o testador sobre administración y disposición de bienes transmitidos”, EL NOTARIO DEL SIGLO XXI, nº 14, 2007, p. 200.
(6) Sobre esta base se podrán resolver cuestiones como la posibilidad de remover al mandatario cuando su actuación haya sido contraria al interés de su principal o cómo y cuándo le sería exigible una rendición de cuentas (STS de 16/04/1998 rec. 397/1994; también, SAP de Barcelona [1] de 29/04/2015 rec. 602/2013, aunque invocando normas generales como el principio de equidad o la exigencia de la buena fe y la prohibición del abuso del derecho).
(7) Por eso ahora de poco nos sirve la STS de 20/05/2015 rec. 1686/2013, pues, aunque el problema se planteaba por el otorgamiento de un poder a favor del usufructuario, que el TS no reputa irrevocable frente a la sociedad, la cuestión de fondo era que los derechos políticos correspondían, según los estatutos, a los nudo propietarios, no al usufructuario.
(8) MARTÍN, “La incidencia de la Ley 8/2021 en el derecho mercantil y en la actuación del socio con discapacidad en la junta general”, en AAVV, Los acuerdos sociales, I, Tirant lo Blanch, 2023, p. 422, distingue entre el curador representativo, que no se vería afectado por esas limitaciones, y el apoderado con mandato preventivo, que sí ha de estarlo, pues, “de admitir lo contrario, cualquiera podría establecer medidas voluntarias y designar a un tercero para acudir a la junta, dejando sin efecto la normativa propia de sociedades”.
(9) De todos modos, por seguir con esta segunda comparación, si la sociedad tiene conocimiento de las medidas de apoyo, simplemente no puede ignorarlas. También si el curador no es representativo, en cuyo caso la sociedad no puede aceptar la actuación del socio discapacitado que asista a la junta por sí solo, sin el complemento dispuesto judicialmente; v. MARTÍN, cit., p. 423.
(10) En el mismo sentido, IRIBARREN “El marido desconfiado: asignación mortis causa del ejercicio del voto en la junta a persona distinta del socio en una sociedad limitada”, web almacén de derecho, 26/06/2015; de gran interés la Res. de 26/10/1989, pues, atendiendo a criterios como el de buena fe y la proscripción del abuso de derecho, consideró que debía prevalecer lo pactado en el título constitutivo de la prenda.
(11) Obsérvese que en este caso ni siquiera se reconoce a la mesa de la junta la posibilidad de decidir de otro modo, pues directamente se atribuye al RM su control, como una cuestión de legalidad. Queda para la anécdota el devenir posterior de los acontecimientos según se desvelan en la Res. 02/01/1992, pues el día después de cesar la administración testamentaria estos mismos hermanos celebraron una junta general universal mediante acta notarial, donde destituyen a los anteriores administradores. El problema es que dos días más tarde tuvo entrada en el RM otra escritura que formalizaba unos acuerdos de aumento y reducción del capital social, adoptados varios meses antes por los administradores claramente en su beneficio (se hacían con el control de la sociedad al renunciar, en nombre de sus representados, al derecho de suscripción preferente), y de los cuales resultaba que la junta celebrada por los hermanos no podía ser universal. La -entonces- DGRN quiso evitar la cuestión de fondo y por eso se sirvió de un pretexto para no aplicar el art. 111 RRM, eludiendo el delicado tema de la falta de autenticidad del nombramiento, aunque en realidad se trataba de cuáles podían ser los efectos internos de un aumento de capital no inscrito, pero decidido por los administradores hereditarios en una situación de manifiesto conflicto de interés y con un resultado descaradamente expropiatorio.
(12) El ejemplo más claro sería el del nudo propietario cuando la asistencia/voto corresponde al usufructuario -o al revés-, pero pueden citarse otros, como el del heredero fideicomisario, v. VELASCO, “La legitimación de terceros para la impugnación de acuerdos sociales en sociedades de capital”, en AAVV, Derecho de Sociedades, Concursal y de los Mercados Financieros, Sepin, 2022, p. 255.
(13) VELASCO, cit., p. 248, “aunque actualmente se configure la impugnación de acuerdos sociales como un derecho de socio … hay que tener en cuenta que cuando se impugnan acuerdos sociales no se está propiamente ejercitando un derecho de socio, sino otro de carácter público que es el derecho a la acción”.

Palabras clave: Testamento, Heredero, Administración, Junta general, Asistencia, Voto, Representante.
Keywords: Will, Heir, Administration, General Meeting, Attendance, Voting, Representative.