La amenaza no cumplida que entrañaba la Ley 18/2022
Han transcurrido un par de años desde que la disposición adicional octava de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, introdujera en nuestro ordenamiento la posibilidad que las sociedades civiles y determinados hechos relativos a las mismas se inscriban en el Registro Mercantil, y quizá lo mejor que pueda decirse es que algunos de los temores que despertaba esa reforma no se han materializado por ahora.

Recientemente, tuve la consulta en la notaría del siguiente caso: una sociedad de responsabilidad limitada tenía tres grupos de socios: un tercio de su capital pertenecía (en distintos porcentajes) a los herederos de uno de los socios primitivos, otro tercio a un socio fundador persona física y el tercio restante a una sociedad familiar. Se daba el caso de que esta última sociedad familiar tenía un objeto más amplio que el mero hecho de ejercer de “holding” de dichas participaciones en la primera sociedad.

No creo exagerar mucho si digo que el acta de Junta General -JG- constituye para el notario un documento especialmente antipático. No sólo distorsiona su agenda al ser citado para un día y una hora concreta sin que muchas veces el requirente haya tenido la amabilidad de coordinarse antes con él, también porque corre el riesgo de acabar arrastrado por el enfrentamiento entre los socios, con alta probabilidad de que alguno después le reproche no haber consignado fielmente sus manifestaciones, causándole con ello un pretendido perjuicio e indefensión (1).

En España se estima que hay unos treinta millones de mascotas, de hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, el 43% de los hogares españoles tiene algún animal de compañía. Es paradójico que el número de animales supere con creces al de niños y esta realidad es perfectamente observable por todos.

DERECHO FISCAL

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de mayo de 2024, relativa al asunto DISA (C-743/22), ha determinado que la normativa española que autorizaba a las Comunidades Autónomas a establecer tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos diferenciados para un mismo producto y un mismo uso en función del territorio en que se consuma el producto, contraviene la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos.