PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL. CONTROL EN LAS FRONTERAS, ASILO E INMIGRACIÓN
STJUE (Sala Primera) de 4 de octubre de 2024. Asunto C 387/24. Descargar

El 2 de mayo de 2024 “C”, nacional de un tercer país, fue objeto de una medida de internamiento ya que el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad de los Países Bajos consideró, en primer lugar, que C podía estar comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Dublín III; en segundo lugar, que presentaba un riesgo de fuga; y, en tercer lugar, que el Reino de España era el Estado miembro responsable del examen de su solicitud de protección internacional, solicitándose a las autoridades españolas que se hicieran cargo de C. Tales autoridades denegaron la solicitud el 14 de mayo de 2024.

El 17 de mayo de 2024 el Secretario de Estado adoptó una decisión de retorno contra C, designando a Marruecos como país de destino. Al considerar que existía un riesgo de que el interesado pudiera fugarse antes de su expulsión, dicha autoridad impuso a continuación una segunda medida de internamiento, revocando la primera.
El interesado interpuso dos recursos, contra la primera y la segunda medidas de internamiento, ante el Tribunal de Primera Instancia de La Haya. C sostiene, ante dicho órgano jurisdiccional, que la primera medida de internamiento devino ilegal el 14 de mayo de 2024, fecha a partir de la cual, habida cuenta de la negativa del Reino de España a hacerse cargo de él, esa medida ya no podía justificarse por el traslado del interesado a dicho Estado miembro. A partir de esa fecha, el Secretario de Estado dispone de un plazo de 48 horas para imponer el mantenimiento de la detención del interesado sobre la base de un fundamento distinto del que justificó la primera medida de internamiento, plazo que no se respetó, por lo que en su opinión, C no podía ser mantenido en régimen de internamiento y habría debido ser puesto en libertad antes de que se adoptara la segunda medida de internamiento.
Ante la cuestión prejudicial planteada por el citado tribunal, el Tribunal de Justicia declara que la normativa europea aplicable no se opone a una normativa nacional que no establece la obligación de que la autoridad judicial competente ordene la puesta en libertad de un nacional de un tercer país que se encuentra internado en virtud de una medida adoptada sobre la base de la Directiva 2008/115, debido a que esa persona, cuyo internamiento había sido ordenado en un primer momento en virtud de una medida adoptada sobre la base del Reglamento Dublín III, no había sido liberada inmediatamente después de la constatación de que esta última medida había devenido ilegal.